La política agraria del Estado orientada a la titulación masiva de tierras, a la defensa de la propiedad privada, que excluye a las grandes mayorías, y la subordinación al modelo productivo agroexportador y extractivista evidencian la consolidación de una reforma agraria de mercado en el Paraguay. Distanciándose del Capítulo IX de la Carta Magna, excluye a campesinos e indígenas del acceso a los derechos.
En el artículo se analizan la situación de la reforma agraria y los derechos campesinos en el Paraguay entre el periodo de noviembre de 2023 y octubre de 2024. Se caracteriza la estructura agraria con la presentación de aspectos de la situación productiva y sociodemográfica de la población rural. La política agraria impulsada por el Estado unifica los intereses de los sectores de poder económico y político y mantiene la tendencia de los últimos años de fragmentar, dividir, criminalizar y reprimir a campesinos e indígenas. En cuanto a la política de acceso a la tierra, se evidencia que la llamada modernización y revolución en la titulación de tierras por parte del Estado no es más que la consolidación de la reforma agraria impulsada por y para el mercado, excluyendo del acceso a los derechos económicos, sociales y culturales a campesinos e indígenas.
Situación del derecho en 2024
Persistente patrón primario exportador
La economía paraguaya se caracteriza por los bajos niveles de diversificación productiva que mantiene desde hace décadas. No obstante, esto no significa que no se hayan registrado cambios en el patrón de reproducción resultantes de los límites del modelo de acumulación de capital que persiste en Paraguay y de sus derivaciones sobre el conjunto de la cadena de valor del agronegocio.
Basado en la producción de materias primas agrarias, como la soja y la carne bovina, el agronegocio en Paraguay ha empezado a experimentar un estancamiento relativo pronunciado, complejizado con los eventos climáticos adversos cada vez más recurrentes. La degradación de los suelos en la región Oriental[1], resultado de prácticas agropecuarias extractivas, presiona sobre los costes de producción haciendo que cada vez sea más costoso producir una hectárea de soja[2]. En un escenario mundial en el que el costo de los insumos presenta una tendencia alcista, al igual que los costos en maquinarias y fletes, sumado a una cotización de la soja con tendencia a la baja, se aumenta la presión sobre un sector que enfrenta a la naturaleza como su límite más concreto[3].
En el gráfico 1 se puede observar que la ampliación de la frontera agraria es condición necesaria del modelo para garantizar la rentabilidad del rubro. Sin embargo, el principal problema al que se enfrenta es la imposibilidad de seguir ampliando la frontera agraria para el agronegocio, al menos utilizando los mismos mecanismos comunes: desalojos violentos y sumamente costosos tanto en términos económicos como políticos. De ahí que uno de los nuevos mecanismos de ampliación de la escala de acumulación sea el alquiler o arrendamiento de tierras de pequeños productores campesinos que, acorralados por la deuda y el deterioro de la calidad del suelo, no encuentran otras opciones para subsistir que no sea alquilar sus tierras y producir soja o maíz de forma anexa a las necesidades de los grandes terratenientes.
Gráfico 1. Evolución del sector sojero en el Paraguay (1996-2023)
Al respecto, el informe StoneX correspondiente al año 2024 es claro: no hay espacios para ampliar la frontera agrícola en la región Oriental del Paraguay. Sin embargo, ubican al Chaco paraguayo como superficie de potencial expansión para el agronegocio, lo que puede verificarse con la expansión de las actividades agropecuarias, especialmente de la ganadería y el desarrollo del sector silvopastoril sobre la ecorregión chaqueña.
El mercado mundial de las commodities agrarias se encuentra saturado por la producción de soja en los Estados Unidos y Brasil frente a una demanda china ralentizada, poniendo en riesgo el volumen de ganancias para el sector. La complejización que enfrenta el agronegocio en Paraguay, como espacio anexo al desarrollo y a las necesidades de acumulación de los capitales agrarios brasileros, ha hecho que estos capitales busquen nuevos espacios de acumulación que de ninguna manera implican la superación del patrón de reproducción basado en la extracción de materias primas.
En este contexto, el sector forestal, específicamente el silvopastoril, la ampliación de los monocultivos de eucaliptos con destino a la producción de papel y sus derivados para la exportación se presentan como una de las válvulas de oxígeno para un sector que atraviesa severos problemas de acumulación y valorización. El despliegue del sector forestal y las inversiones conexas a actividades basadas en la industria primaria se puede observar en la expansión relativa de los flujos de inversión extranjera hacia el sector primario-exportador, como puede apreciarse en el gráfico 2.
Gráfico 2. Saldos de inversión extranjera en el sector forestal-agroindustrial en millones de dólares (2000-2022)
Respecto al sector forestal, Dominica Zavala, directora de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), señalaba en una entrevista que se encuentran desarrollando un modelo de segundo piso, es decir, otorgar préstamos a bancos para financiar proyectos de «desarrollo forestal»[4]. Los proyectos del programa «Proforestal» involucran el acceso a créditos para la plantación de eucaliptos, cuyo ciclo culmina a los siete años, y es recién al término del ciclo que los sectores beneficiarios empezarían a amortizar la deuda.
«Proforestal» se lleva implementando al menos desde hace una década y cobró impulso con la llegada de Paracel. Este esquema de créditos para el monocultivo de eucaliptos en Paraguay funciona teniendo como principal financista al Banco Mundial que, a través de la AFD, dirige recursos económicos hacia el sector financiero local con foco en dos productos: proyectos forestales y créditos de carbono. Es decir, el Banco Mundial juega un papel central en la reprimarización de las economías dependientes y en el impulso de las falsas soluciones al cambio climático, agudizando el deterioro ambiental en nuestros territorios.
El desarrollo del negocio forestal impulsado con políticas públicas, como acceso privilegiado a créditos a través de la AFD —vale añadir, que se financia gracias al endeudamiento público mediante la colocación de bonos del Tesoro en el mercado financiero internacional— a bajas tasas de interés y plazos de gracia excepcionales, permiten constatar que el negocio forestal buscará ubicarse como el próximo sustituto de la soja. Las tendencias de precios bajos para la soja, combinados con los costos crecientes de la producción, impulsan a los capitales a emigrar hacia otros rubros primarios, reproduciendo el mismo patrón extractivista de acumulación, perpetuando los elevados costos socioambientales del modelo, como son la concentración de la tierra y del capital y la devastación ambiental.
Persistencia de la pobreza y de la inseguridad alimentaria en áreas rurales
El modelo primario exportador tiene como su principal correlato la concentración de los factores de producción, fundamentalmente de tierra y capital. Esta situación puede constatarse con los datos obtenidos en el último Censo Agropecuario Nacional 2022[5]. La persistente concentración de la tierra por parte del agronegocio resulta en la expulsión sistemática y sostenida de la población rural, campesina e indígena de sus territorios bajo diferentes modalidades, sean o no violentas. Esto agudiza la pobreza monetaria y multidimensional[6], la emigración y la inseguridad alimentaria moderada y grave en zonas rurales[7].
Política agraria
En el informe 2023 se había señalado que la política agraria impulsada por el Estado está orientada a favorecer al modelo del agronegocio en detrimento de la agricultura familiar campesina y que esa orientación, en la práctica, se expresa con claridad en la estructura agraria evidente en los resultados del Censo Agropecuario Nacional 2022, donde se mantiene la histórica concentración de tierras[8]. Así también, se observó el aumento de cultivos mecanizados, que ocupan el 95% de la superficie cultivada, ante la disminución de alimentos en fincas campesinas e indígenas, con solo el 5% de la superficie total. Se señalaron, además, la caída de la población rural, la pérdida de empleo rural y la contracción del trabajo asalariado en fincas campesinas[9].
Según el informe de gestión del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) del año 2023[10], desde el ente reconocieron que el sector agropecuario se caracteriza por marcados contrastes y heterogeneidad de modelos productivos, entre los que se destacan la agricultura comercial a gran escala y la agricultura familiar. Y, en teoría, declaran que es el estrato de pequeños y medianos productores el segmento atendido por el MAG con el objetivo de aportar al crecimiento económico inclusivo, la reducción de la pobreza y el desarrollo social, entre otros. Sin embargo, en realidad se observa un vaciamiento del Viceministerio de Agricultura Familiar Campesina (VAFC), entidad creada en 2019 para «la defensa, restauración y promoción de la agricultura familiar campesina», establecida por decreto en 2020 y operativa recién en 2021.
En el primer semestre del año 2024, el MAG estuvo más preocupado por la defensa del agronegocio y de la exportación de la carne paraguaya a los Estados Unidos de América que por elaborar una política que aborde las problemáticas de fondo de la agricultura familiar campesina e indígena. Desde el ente, llevaron a cabo el Sistema MAG y las jornadas «El gobierno en el campo», junto con el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), la Dirección de Semillas del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) y el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), con el fin de trabajar más de cerca con el sector campesino. Pero esta iniciativa se reduce a organizar pequeñas ferias agrícolas, a la entrega de herramientas y a pequeñas inversiones sin superar el asistencialismo[11]. Según el informe semestral del año 2024, desde el MAG realizaron servicios de asistencia técnica a 64 mil productores de la agricultura familiar y comunidades indígenas, de todos los departamentos del país. Apoyaron en insumos e inversión productiva a 1.524 productores y asistieron a 7 mil productores en gestión comercial para la gestión de mercadeo y comercialización; y se realizaron 2.189 ferias a nivel nacional[12].
En cuanto a los servicios de educación agraria del MAG, cabe destacar las desatinadas declaraciones homofóbicas y autoritarias del titular del ente, asegurando que no quiere a estudiantes con tendencia homosexual en las escuelas agrícolas y sugiriendo el retorno del servicio militar obligatorio como mecanismo para disciplinar a los hijos. Así también, el ministro fue cuestionado por mal desempeño administrando la cosa pública y tuvo un sospechoso y significativo crecimiento patrimonial en los últimos años[13]. A esto se agrega que el ministro nombró, a principios de junio de 2024, a familiares y allegados en importantes cargos de la entidad bajo su responsabilidad[14].
Reforma y modernidad excluyentes. Registro Unificado Nacional (RUN)
Como ha sido señalado en informes anteriores, desde el ascenso de Horacio Cartes (2013-2018) al poder, se observa una tendencia a la subordinación de la institucionalidad del Estado al proyecto de ajuste dictado por organismos internacionales y que, bajo el velo de reformas y modernización, producen y reproducen una estructura agraria históricamente excluyente y desigual. Como expresión de estos mecanismos, se tuvo la implementación del Sistema de Información de Recursos de la Tierra (SIRT), los intentos con el proyecto de ley «Que crea el Sistema Nacional Catastro Registral (Sinacare) y la Dirección Nacional de Catastro y Registros Públicos (Dinacare)»[15] y la aprobación de la «Ley de Criminalización» ante los casos de ocupaciones de tierra[16].
En el 2024, en un contexto de pérdida de legitimidad y de giro autoritario del gobierno de Santiago Peña, se dio media sanción a una reedición del proyecto de ley que crea el Registro Unificado Nacional (RUN), que había sido rechazado en 2021, donde se propone unificar la Dirección General de Registros Públicos; la Dirección General de Servicios Nacionales de Catastro, dependientes del Poder Ejecutivo; y el Departamento de Agrimensura y Geodesia, dependiente también del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. De esta manera, el RUN será administrado por el Poder Judicial, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, con competencia sobre bienes inmuebles y muebles registrables.[17]
En teoría, entre los principales objetivos del RUN se encuentran la simplificación de trámites, la identificación de inmuebles superpuestos, la reducción de plazos para transferencias, la introducción del registro electrónico, el respeto a la propiedad privada y seguridad jurídica para quienes adquieran bienes en Paraguay, el establecimiento de una cartografía única para el país y la reducción de costos para el Estado, lo que garantizaría un «sistema moderno, eficiente y seguro»[18]. Por el contrario, de hecho, significaría concentración de poder, mayor burocracia, precarización del trabajo y blanqueamiento de tierras malhabidas, como señalaron representantes de la oposición política, la asociación de escribanos, profesionales de geografía y organizaciones campesinas[19].
Tratamiento mediático de la reforma agraria desde el cartismo
Los principales medios hegemónicos de comunicación en Paraguay tienden a reducir el debate de la reforma agraria a una demanda sectorial del campesinado, sin contemplar que la desigualdad en el acceso a la tierra representa la principal problemática social y económica del país, siendo un tema transversal que hace a nuestra soberanía nacional.
Con una perspectiva centrada en los conflictos de ocupación y titulación de tierras, el análisis, por lo general, se limita a una cuestión de orden y seguridad donde, ante todo, se debe defender la propiedad privada de grupos económicos privilegiados. La preponderancia de este tipo de narrativas mediáticas ha naturalizado el recrudecimiento de la criminalización de la lucha por la tierra, la persecución y represión a organizaciones sociales y políticas.
A principios de este año, en el marco de la promoción de la creación del Registro Unificado Nacional, el cartismo comenzó a desplegar una operación mediática[20] a través de sus medios de comunicación, particularmente el Grupo Nación de Comunicaciones. Esta estrategia ha consistido en presentar la masiva titulación como la principal garantía para el desarrollo rural y la «pacificación» del conflicto por la tierra, posicionando este plan como el centro de la «reforma agraria» promovida por el gobierno de Santiago Peña.
El RUN se presenta de esta manera como el instrumento modernizador del Estado que permitiría solucionar la problemática de la tierra en Paraguay. Con este discurso mediático, el cartismo busca desviar la atención de los problemas reales de fondo: la concentración y la apropiación ilegal de tierras públicas, cuya responsabilidad política histórica recae en el Partido Colorado; al igual que la superposición de títulos de propiedad, producto de la corrupción en las instituciones públicas.
La estrategia discursiva de plantear la reforma agraria como un mero trámite burocrático no solo busca despojarla de su significación como reivindicación política integral y vaciarla de contenido crítico, sino también desconocer la lucha del campesinado organizado, por posicionarla en la agenda del debate público con un claro cuestionamiento hacia la estructura de la propiedad y el modelo de producción económico dominante.
Asimismo, refuerza la construcción de aquel marco mental moldeado finamente durante el estronismo y reproducido hasta nuestros días, principalmente a través del sistema clientelar, donde el «productor», el «patriota», el «verdadero campesino» es aquel que se subordina de forma obsecuente al control y responde a los intereses del poder.
Política de tierras
Como principal característica de la política del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), a un año de gobierno, persiste la falta de claridad en la elaboración y ejecución de una política pública orientada a la reforma agraria y al desarrollo rural, como están definidos en la Constitución Nacional y en el Estatuto Agrario.
Si bien desde el Poder Ejecutivo se habla de un «proceso de modernización de la gestión y de una revolución en la titulación de tierras»[21], esto se reduce a la entrega de títulos de propiedad de forma fragmentaria, asistencialismo y como válvula de escape a la situación agobiante que atraviesa la agricultura familiar campesina[22], sin un proyecto estratégico de fortalecimiento e inserción de la agricultura familiar campesina al desarrollo nacional.
Con la aplicación del método Barrido Predial Masivo (BPM), a cargo del Sistema de Información de Recursos de la Tierra (SIRT), dependiente del Indert, en un trabajo articulado con la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP) y el Servicio Nacional de Catastro (SNC), sumada a la reducción de tasa de interés en el financiamiento de lotes, entre agosto de 2023 y agosto de 2024, el Gobierno entregó un total de 6.502 títulos de propiedad[23]. Según consta en el informe de gestión del tercer trimestre de 2024, la administración del titular del Indert, Francisco Ruiz Díaz, bajo el mandato de Santiago Peña, pasará a la historia con el mayor nivel de titulación en 83 años de reforma agraria.
El aumento en la titulación de tierras se da paradójicamente a pesar de la reducción presupuestaria en el Indert. El desfinanciamiento de la entidad es una tendencia que se observa en los últimos cinco años, como puede verse en el gráfico 3. Entre el año 2023 y 2024 se observa una reducción de Gs. 118 mil millones a Gs. 106 mil millones, con una ejecución del 65% al mes de octubre de este año.
Gráfico 3. Presupuesto aprobado y ejecutado por el Indert (2019-2024), en millones de Gs.
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Anexo Estadístico del Informe Económico del Banco Central del Paraguay, 2024.
En cuanto al rubro destinado a la compra de tierras, la tendencia a la reducción del presupuesto se observa en los últimos cinco años (gráfico 4). Incluso entre 2023 y 2024 se redujo aún más el presupuesto: de Gs. 19 mil millones a Gs. 12 mil millones. La ejecución del monto presupuestado en 2024 alcanzó el 92%.
Gráfico 4. Presupuesto para tierra aprobado y ejecutado por el Indert (2019-2024), en millones de Gs.
La tendencia a la reducción presupuestaria también afecta a las actividades del Indert destinadas al relevamiento de colonias para su regularización. Hasta septiembre de 2024, fueron relevados datos de 27 colonias en los departamentos de San Pedro, Caaguazú, Paraguarí, Presidente Hayes y Central. En cuanto al rubro destinado a la asistencia a organizaciones campesinas de colonias y asentamientos, de los Gs. 7 mil millones presupuestados, hasta la fecha la ejecución ha sido de 0%.
Compra de tierras
Según consta en el informe del tercer trimestre del Indert sobre la adquisición de tierras, se realizaron pagos parciales que incluyen amortización y(o) cancelación de deudas. En el año 2024, de las 900 hectáreas que se puso como meta el ente, adquirió 869 hectáreas. En el periodo del informe no se registra habilitación de nuevas colonias[24].
Desalojos y criminalización de la lucha por la tierra
El año 2024 estuvo signado por la agudización de la vía autoritaria del Gobierno para enfrentar la realidad social y política. En el sector rural, la aprobación y aplicación de la «Ley de Criminalización» ha tenido un efecto negativo en las demandas campesinas e indígenas por el acceso a la tierra y al territorio. Así también, a la inconstitucional ley de creación de las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) en los inicios del gobierno del entonces presidente Horacio Cartes (2013-2018), en el gobierno cartista actual se amplía la militarización de la seguridad interna con el Decreto N.º 1767/24 «por el cual se dispone el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación en operaciones de defensa interna en los departamentos de Itapúa, Misiones y Ñeembucú»[25].
De la información proveída por la Policía Nacional[26], se reconstruyeron 44 casos de desalojos en lo que va del 2024.
Casos ocurridos en 2024
Reclamo por tierras de uso social ocupadas por Paracel[27]. En mayo, en el distrito de José Félix López (anteriormente Puentesiño), departamento de Concepción, se registró el intento de recuperación de tierras por parte de campesinos que reivindican más de 3.000 hectáreas pertenecientes al Indert ocupadas ilegalmente por la empresa transnacional Paracel con plantaciones de eucaliptos, según denunciaron. La respuesta del Estado fue el silencio cómplice del Indert sobre el origen de las tierras, la criminalización y la militarización del conflicto.
Desalojos forzosos[28]. En julio y en agosto se destacan dos casos.
- En julio se dio un fuerte dispositivo represivo para desalojar por segunda vez en menos de un año a 80 familias campesinas de una propiedad en Edelira, departamento de Itapúa. Las 1.200 hectáreas en conflicto son reclamadas por un extranjero de origen belga.
- El 7 de agosto, a dos días del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, fue desalojada de sus tierras ancestrales la comunidad indígena del pueblo ava guaraní, con asentamiento en un lugar denominado Ysyry Miri – Acaraymi, distrito de Hernandarias, departamento de Alto Paraná.[29]
Pueblos ayoreo y estancia Faro Moro[30]. El mes de julio, la Unión de Nativos Ayoreos del Paraguay (UNAP) y otras organizaciones denunciaron el potencial genocidio de parte de la empresa inglesa Faro Moro Limited, a raíz del desmonte y deforestación para actividades vinculadas al agronegocio en una estancia ubicada en Filadelfia, departamento de Boquerón. Esta situación pondría en riesgo la vida del pueblo indígena ayoreo en aislamiento voluntario. Frente a esto, la Asociación Rural del Paraguay (ARP) —junto a la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (APPEC), el Consorcio de Ganaderos para Experimentación Agropecuaria (CEA)—, se expresó en favor y en defensa de la empresa extranjera Faro Moro Limited, de la propiedad privada y del agronegocio, sugiriendo la inexistencia de ayoreos en aislamiento voluntario y acusando a las organizaciones indígenas de tener intereses ocultos[31].
Seguimiento de casos anteriores
Cristo Rey. En el mes de agosto, la comunidad indígena Cristo Rey denunció otro desalojo en la comunidad ubicada en el departamento de Canindeyú. Desde la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI) responsabilizaron a la Policía Nacional, a la Fiscalía y al Poder Ejecutivo por permitir el desalojo forzoso ilegal[32].
Hugua Po’i. Después de la victoria legal y meses de tregua en Hugua Po’i, en octubre de 2024 se encendieron las alarmas por la amenaza de desalojo en la comunidad de las familias mbya guaraní en el departamento de Caaguazú, a raíz del levantamiento de la medida cautelar que protegía su derecho al territorio[33].
Marina Kue. A 12 años de la masacre de Curuguaty, en junio de 2012, organizaciones parte de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) instaron al Estado a esclarecer los hechos y cumplir con la restitución completa de las tierras malhabidas de Marina Kue para las víctimas y sus familiares[34]. En octubre del presente año, el Indert oficializó la entrega del título de propiedad para los legítimos ocupantes de Marina Kue.
Conclusiones
La persistencia y reproducción del patrón extractivista de acumulación perpetúa los elevados costos socioambientales del agronegocio, como son la concentración de la tierra, del capital, la devastación ambiental y el despojo de tierras y territorios campesinos e indígenas, forzando la pobreza y la emigración rural.
Este patrón económico tiene su expresión en la orientación de la política del Estado y es un límite natural al acceso de campesinos e indígenas a los derechos económicos, sociales y culturales. La política agraria está presente para favorecer el modelo del agronegocio, pero ausente para abordar las problemáticas de fondo de la agricultura familiar campesina e indígena.
En cuanto a la política de tierra, se constata una orientación contraria a los preceptos constitucionales de la reforma agraria y se observa una orientación funcional al mercado. Esto es que, a un año de gobierno, persiste la falta de claridad en la elaboración y ejecución de una política pública orientada al fortalecimiento e inserción de la agricultura familiar campesina e indígena al desarrollo rural y nacional. Por el contrario, la política se limita a la entrega de títulos sin el acompañamiento técnico y productivo para el arraigo y desarrollo.
El discurso de reforma y modernización restringe el debate serio sobre los problemas estructurales que atraviesa la cuestión agraria en el país, y habilita la criminalización de los sectores que luchan por el acceso a sus derechos, reproduciendo la estructura agraria históricamente excluyente y desigual.
Recomendaciones
- Cumplir y hacer cumplir el mandato constitucional establecido en el Capítulo IX de la Constitución Nacional. En particular, lo establecido en los artículos 114, 115 y 116, incorporando efectivamente a la población campesina al desarrollo económico y social, en el marco de un modelo sustentable.
- Suspender la política de modernización excluyente.
- Promover la participación directa de las organizaciones campesinas en las decisiones y la gestión de las políticas agrarias.
- Suspender la política de desalojos forzosos en situaciones de conflictos por tierras y territorios.
- Visibilizar desde las instituciones del Estado los derechos campesinos e indígenas.
- Promover un debate nacional sobre la reforma agraria y la industria nacional sostenible, con participación de todos los sectores.
- Fortalecer a las instituciones encargadas de la política agraria a nivel nacional; en particular, reactivar y financiar el Viceministerio de Agricultura Familiar Campesina.
Omar T. Yampey
Sociólogo. Docente. Investigador del Centro de Estudios Heñói. Maestrando en Sociología y Ciencia Política, Universidad Nacional de Asunción (UNA). Diploma Superior en Protestas y Movimientos Sociales por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Miembro fundador de la Asociación Paraguaya de Sociología (APS). Miembro del Grupo de Trabajo «Movimientos socioterritoriales en perspectiva crítica y comparada» de CLACSO. Contacto: omaryampey@gmail.com
Alhelí González Cáceres
Economista. Máster en Ciencias Sociales, con mención en Desarrollo Social e Investigación, FLACSO – Paraguay. Candidata a Doctora en Economía por el Instituto de Industria, Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires, Argentina. Miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad de Economía Política del Paraguay. Cocoordinadora del GT de CLACSO Estudios Críticos del Desarrollo Rural y miembro de la Plataforma Iberoamericana de Prospectiva sobre Desarrollo Territorial y Agroalimentario, e integrante de la Asociación de Economistas de América Latina y el Caribe.
Contacto: caceresalheli06@gmail.com
Sandino Flecha
Formado en Ecología Humana, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Asunción. Se dedica a la fotografía, realización audiovisual y al periodismo. Actualmente es responsable del Área de Comunicación del Centro de Estudios Heñói.
Contacto: sandinoflecha@gmail.com
Elisa Marecos
Formada en Ciencias de la Comunicación, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Asunción. Trabajadora de narrativas visuales. Se dedica a la fotografía, al periodismo y la realización audiovisual. Actualmente es responsable del Área de Comunicación del Centro de Estudios Heñói.
Contacto: elisamarsal35@gmail.com
[1] Carlos Villalba Martínez, Agustín Merino García y Jorge Etchevers Barra, «Diagnóstico de la fertilidad química de los suelos (Rhodic Paleudult) en sistemas agrarios y forestales de la región Oriental del Paraguay», Investigación Agraria, Vol. 22, Núm. 2 (2020): Julio-Diciembre, 92-99, https://cutt.ly/heJVbrax
[2] «Reporte de producción agropecuaria – septiembre 2024», Confederación Intercooperativa Agropecuaria, 1 de octubre de 2024, acceso el 12 de noviembre de 2024, https://cutt.ly/jeJVnQRB
[3] «Trimestral de perspectivas», StoneX, 10 de octubre de 2024, acceso el 12 de noviembre de 2024, https://cutt.ly/3eJVWncq
[4] «Financiamiento para proyectos forestales en Paraguay», Economía a 1000, 30 de mayo de 2024, acceso el 12 de noviembre de 2024, https://cutt.ly/seJVYZsN
[5] Luis Rojas Villagra, «La expansión del Agronegocio eliminó alimentos, población y empleos rurales, confirma el Censo Agropecuario 2022», Heñói, acceso el 13 de noviembre de 2024, https://cutt.ly/weJVOwWy
[6] «Boletín Técnico Índice de Pobreza Multidimensional 2023», Instituto Nacional de Estadística, acceso el 13 de noviembre de 2024, https://cutt.ly/heJVPdOe
[7] Aplicación de la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES) en Paraguay, INE, acceso el 13 de noviembre de 2024, https://cutt.ly/8eJVAZJM
[8] Luis Rojas y Omar Yampey, «La vieja política agraria continúa. El 1,6% sigue estando mejor con el 77% de las tierras», en Derechos Humanos en Paraguay 2023 (Asunción: Codehupy, 2023), 283-302.
[9] Rojas y Yampey, «La vieja política agraria continúa…
[10] Ministerio de Agricultura y Ganadería, Balance Anual de Gestión Pública 2023.
[11] «Informe trimestral, Observatorio de Derechos Humanos y Ambientales, periodo marzo-mayo 2024», Heñói, acceso el 13 de noviembre de 2024, https://cutt.ly/WeJVJLUR
[12] Informe de Gestión Primer Semestre 2024, Ministerio de Agricultura y Ganadería.
[13] «Significativo aumento patrimonial del ministro de Agricultura y Ganadería», ABC Color, 25 de marzo de 2024, acceso el 13 de noviembre de 2024, https://cutt.ly/TeJVXPmz
[14] «Cercanas del ministro Giménez son otras que ya están mejor en el MAG», ABC Color, 9 de junio de 2024, acceso el 13 de noviembre de 2024, https://cutt.ly/aeJVBevX
[15] «Ficha Técnica del Expediente», SilPy – Sistema de Información Legislativa, acceso el 24 de noviembre de 2024, https://cutt.ly/GeK7QtIG
[16] «Senado aprueba Ley de Criminalización de la Lucha por la Tierra», BASE-IS, 24 de septiembre de 2021, acceso el 24 de noviembre de 2024, https://cutt.ly/KeK7nyI3
[17] «Ficha Técnica del Expediente», SilPy – Sistema de Información Legislativa, acceso el 13 de noviembre de 2024, https://cutt.ly/UeK7bjnE
[18] «Media sanción al proyecto de Ley que crea el Registro Unificado Nacional (RUN)», Honorable Cámara de Senadores, 29 de octubre de 2024, acceso el 13 de noviembre de 2024, https://cutt.ly/BeJVB7fp
[19] «Organizaciones protestan contra el proyecto de ley que crea el Registro Único Nacional», Última Hora, 29 de octubre de 2024, acceso el 13 de noviembre de 2024, https://cutt.ly/seJVMv1Q
[20] «Con la titulación de tierras viene la pacificación y luego el desarrollo, destacan desde el Indert», La Nación, 25 de octubre de 2024, acceso el 13 de noviembre de 2024, https://cutt.ly/5eJV0mkt. «Marina Cué: dejaron de ser ocupantes y hoy son colonos beneficiarios de la reforma agraria», La Nación, 16 de septiembre de 2024, acceso el 13 de noviembre de 2024, https://cutt.ly/EeJV2AFs. «Gobierno impulsa plan de titulación masiva de tierras, incluso en los confines del Chaco», La Nación, 9 de abril de 2024, acceso el 13 de noviembre de 2024, https://cutt.ly/ZeJV9ls1. «El RUN, esencial para desarrollo económico», La Nación, 31 de octubre de 2024, acceso el 13 de noviembre de 2024, https://cutt.ly/ieJV3gVs
[21] «Gobierno logra una revolución en titulación con 6.000 títulos entregados en 1 año de gestión», Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, 8 de noviembre de 2024, acceso el 13 de noviembre de 2024, https://cutt.ly/2eJBw9iN
[22] Ibidem 11.
[23] Indert, Rendición de cuentas al ciudadano 2024, https://cutt.ly/yeJByt2K
[24] Indert, Rendición de cuentas al ciudadano…
[25] Decreto N.º 1767, Ministerio de Defensa Nacional, https://cutt.ly/keJBp0uu
[26] En respuesta a una solicitud realizada el 24 de septiembre del 2024. «#Solicitud 86420. Casos de “invasión de inmueble”», Portal Unificado de Información Pública, acceso el 23 de noviembre de 2024, https://cutt.ly/6eLrcZBX
[27] «PARACEL: superposición de fincas y militarización del conflicto», Heñói, 27 de marzo de 2024, acceso el 13 de noviembre de 2024, https://cutt.ly/leJBzMZ4. En cuanto a este caso, también se puede consultar lo expuesto en el artículo sobre derecho a un ambiente sano de este informe.
[28] En el artículo sobre desalojos forzosos de este informe, puede verse más información y más casos de este tipo.
[29] «Doloroso desalojo de la comunidad indígena Avá Guaraní Paranaense», Amnistía Internacional Paraguay, 9 de agosto de 2024, acceso el 26 de noviembre de 2024, https://cutt.ly/4eLl5bq5
[30] Ver todos los antecedentes y la situación de este caso en el capítulo de sistemas de protección de derechos humanos de este informe, en el artículo sobre derechos de los pueblos en aislamiento voluntario.
[31] Comunicado ARP sobre la situación de la estancia Faro Moro, 23 de junio de 2024, https://cutt.ly/9eJBcCF3
[32] «La FAPI repudia violento desalojo a la comunidad Cristo Rey, del pueblo Ava Guaraní, de Canindeyú», Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas, https://cutt.ly/FeJBvU0D. Ver también los datos de familias afectadas en el artículo sobre desalojos forzosos de este informe.
[33] «Denunciamos el levantamiento de la medida cautelar que pone en riesgo a la comunidad indígena Hugua Po’i», 21 de octubre de 2024, Codehupy, https://cutt.ly/2eJBnpOQ
[34] «A 12 años de la masacre de Marina Cué, Codehupy exige restitución completa de las tierras a los campesinos», Última Hora, 15 de junio de 2024, acceso el 13 de noviembre de 2024, https://cutt.ly/ReJBn6ye
