Élite política cooptada por el crimen organizado y la corrupción, Horacio Cartes moviendo los hilos en los tres poderes del Estado, la turbia gestión de Santiago Peña y la impunidad profundizan la regresión autoritaria del Paraguay. Mordaza y garrote para las libertades de expresión, de participación civil, de pensamiento, de opinión, asociación y reunión. Esa es la situación a la que habrá que hacer frente con estrategias de resistencia.
En el informe de coyuntura política del 2023, se señalaba con profunda preocupación el desequilibrio de poderes generado por el proceso de concentración del poder en el sistema político paraguayo tras la victoria, nuevamente, de la Asociación Nacional Republicana (ANR) en el Poder Ejecutivo nacional, el aumento en la representación de este partido en el Poder Legislativo y a nivel departamental y, por ende, la pérdida de escaños por parte de los partidos de oposición, principalmente, el PLRA y del Frente Guasu. El peligro de la fuerte concentración de poder en un solo partido se debe a que el mismo ha desarrollado prácticas políticas caracterizadas por el autoritarismo frente a las disidencias políticas, además de fuertes clientelismo y corrupción en el manejo de las instituciones estatales, aunados a una peligrosa proximidad con fuentes de financiamiento político provenientes del crimen organizado. Todo ello había configurado un escenario político por demás preocupante para los sectores no afines a la ANR no solo los partidos de oposición, sino también otros sectores, como aquellos ligados a la defensa de los derechos humanos, ya que referentes cartistas[1] han manifestado en reiteradas ocasiones adherirse a una ideología de derecha conservadora con una agenda de carácter fundamentalista.
En ese escenario preocupante para un país con una democracia sustantiva siempre utópica, pero con una democracia procedimental cada vez más deteriorada, se describen algunos de los principales eventos políticos del año 2024 que han generado una enorme preocupación por el debilitamiento de las instituciones democráticas en Paraguay para sectores académicos, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil.
Alimentación sí, pero con educación también
En un intento del gobierno de Santiago Peña por revertir su escasa legitimidad política ante la prominente figura del expresidente Horacio Cartes —y lo que representa políticamente en cuanto a vínculos con el crimen organizado y la corrupción— en su entorno inmediato, desde el Poder Ejecutivo se promovió el proyecto de ley «Hambre Cero»[2] que, más que una decisión política que busque erradicar las raíces del problema en un país productor de alimentos, esta iniciativa pretendía convertirse en una medida populista para legitimar su débil y opaca gestión de gobierno.
Ante esta propuesta legislativa, desde sectores opositores en el Congreso se planteó al sector cartista la provisión de las tres comidas escolares, no solo el almuerzo, y además blindar los fondos del «Arancel Cero», que es un derecho a la educación superior que han obtenido con anterioridad los movimientos estudiantiles en el país. Junto con la solicitud de sectores sociales ligados a la educación, las infancias y adolescencias, se sumaron el movimiento estudiantil universitario[3] y la comunidad docente y académica de universidades públicas a fin de exigir una alimentación digna para la población perteneciente a las escuelas públicas y subvencionadas, sin descuidar los fondos destinados a la educación pública gratuita y para el desarrollo de las ciencias y las tecnologías en el país.
«Ley Garrote», jugada del cartismo
Otra fuerte apuesta del cartismo en el año 2024 ha sido la de aprobar en ambas cámaras legislativas una iniciativa de ley «Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro», conocida coloquialmente como «Ley Garrote» o «Ley anti-ONG», cuyo objetivo es cercenar los derechos políticos a la libre expresión, organización y asociación de diversos sectores de la sociedad civil aglutinados en movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales[4]. Cabe puntualizar que dichas organizaciones sociales y no gubernamentales en un país con una bajísima carga impositiva —de hecho, una de las más exiguas en América Latina y el Caribe junto con Haití— han desarrollado históricamente el papel del Estado en cuanto a educación cívica, formación en derechos políticos, sociales, económicos y proyectos de desarrollo social y económico con los sectores más vulnerabilizados y(o) invisibilizados de la sociedad paraguaya. Estas mismas organizaciones, a lo largo de la democracia paraguaya, han realizado proyectos y actividades que promueven la participación ciudadana en el control de los poderes del Estado y de las instituciones públicas, y con ello han generado capacidades en la ciudadanía que les permiten en diferentes partes del país ejercer roles de auditoría y contraloría ciudadana ante los innumerables casos de corrupción, tráfico de influencias, nepotismo e infiltración del crimen organizado en la élite política paraguaya.
Con esta jugada política del cartismo de cercenar la libertad de expresión desde los sectores sociales y organizaciones no gubernamentales, y en un escenario político sin liderazgos fuertes de oposición o que, por lo menos, le generen un contrapeso fuerte a la línea política del expresidente Horacio Cartes, no quedan muchos espacios donde los sectores sociales y políticos de oposición a la Asociación Nacional Republicana puedan disentir, discutir y participar en materia de decisiones políticas.
En esta coyuntura, es de reconocerse que muchos liderazgos políticos y sociales han quedado disminuidos tras la apabullante victoria del cartismo en las elecciones de abril de 2023 y el posterior transfuguismo de cuatro de cinco senadores electos por el Partido Cruzada Nacional: tres de ellos fueron a las carpas del movimiento Honor Colorado y uno al Partido Yo Creo, liderado por el intendente de Ciudad del Este Miguel Prieto.
Otro acontecimiento no menor durante los días de votación de la aprobación o el rechazo de la polémica iniciativa legislativa, fue la infiltración de audios donde se intercambiaban opiniones entre senadores cartistas y en el que uno de ellos, Gustavo Leite, confiesa que el «objetivo [de la Ley] es desgastar a las organizaciones» y además amenazó con «ventilar lo que tenemos [de información]». Así como también la elaboración de materiales audiovisuales que fueron expuestos en la Cámara de Senadores, donde se filtraron reuniones de organizaciones no gubernamentales con el objetivo de desacreditarlas y aprobar con celeridad esta ley de control hacia este sector.
Precisamente, una de las preocupaciones más importantes de los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil es que la «Ley Garrote» remite a varios episodios históricos oscuros del gobierno autoritario de Alfredo Stroessner por su clara persecución a las y los defensores de derechos humanos y sectores disidentes en Paraguay a través del control de la participación civil, la libertad de pensamiento, de opinión y de asociación.[5]
Bienvenido nepotismo
Otro acontecimiento en el cual se han demostrado las prácticas autoritarias del Poder Legislativo en el periodo analizado ha sido el rechazo de la Cámara de Senadores de la iniciativa ciudadana denominada «Chau nepotismo»[6], que proponía «que toda persona, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, no pueda ejercer la función pública mientras su pariente ejerza la autoridad de la entidad pública en donde desee desempeñarse»[7]. Esta iniciativa surgió a raíz de varios casos de nepotismo que cobraron visibilidad desde enero de 2024, entre ellos, el de la hija del senador José Adorno, quien se presentó en redes sociales como «nepobaby» y luego trató de desmentir aduciendo «méritos» personales y educativos[8]. La propuesta presentada ante el Poder Legislativo para su aprobación fue el resultado de una campaña ciudadana que logró juntar más 60.000 firmas para redactar el proyecto de ley.
Cartelización de la élite política
Se ha profundizado la injerencia e infiltración del crimen organizado en la élite política paraguaya, principalmente, del Poder Ejecutivo y del Legislativo.
Un suceso ocurrido el 19 de agosto del 2024 es una muestra contundente del nivel de permeabilidad del crimen organizado en la élite política nacional.
Se trata de la reciente muerte de un diputado nacional de la ANR, Eulalio «Lalo» Gomes, del sector cartista, en un allanamiento llevado a cabo entre la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos y de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales de la Policía Nacional. El diputado por el departamento de Amambay[9] fue abatido en su casa en un procedimiento de allanamiento denominado «Pavo Real» que investigaba al legislador, junto a su hijo, por el delito de lavado de activos provenientes del tráfico internacional de drogas de la organización criminal liderada por Jarvis Chimenes Pavão[10], perteneciente al Primer Comando de la Capital y quien se encuentra preso desde 2009, primero en Paraguay y luego en Brasil.
Debido a la magnitud del hecho, las reacciones en la clase política fueron de diversa índole, ya que no es un tema menor que un diputado nacional haya sido abatido por la Policía Nacional, como lo señaló la legisladora Rocío Vallejo: «los grandes problemas de este país son: el narcotráfico, el crimen organizado [y su] infiltración en todos los estamentos y la protección de políticos y autoridades a todo este esquema de narcotráfico»[11]. En el sector cartista, la muerte del diputado Gomes dejó posturas divididas en Honor Colorado, ya que mientras un grupo exige el esclarecimiento del procedimiento al Ministerio del Interior y «que rueden cabezas» en la Policía Nacional, otro sector busca desmarcarse de la figura de Eulalio Gomes por lo que representa en cuanto a conexiones entre crimen organizado y política nacional[12].
Un guiño a la reelección
El presidente de la Cámara de Senadores y uno de los líderes más fuertes del cartismo, Basilio Núñez, ha hecho declaraciones en la prensa sobre la posibilidad de modificar la Constitución de la República del Paraguay para permitir la figura de la reelección presidencial[13], en un contexto donde la ANR domina ambas cámaras legislativas y con antecedentes de aprobación con mayoría propia por parte de los legisladores colorados de leyes polémicas en materia de derechos políticos y sociales, ya referidas en este mismo artículo con anterioridad.
Paraguay en retroceso: ¿qué hacer?
El caso paraguayo ha mostrado importantes señales de retroceso en materia de derechos políticos y civiles, poniendo en riesgo el régimen democrático[14]. Principalmente, en el último año se han visto afectadas seriamente las libertades de opinión, pensamiento, asociación y reunión con la persecución férrea de sectores cartistas de la prensa y del ámbito político hacia periodistas, activistas de derechos humanos y defensores y defensoras de las instituciones democráticas.
Para hacer frente al avance autoritario del gobierno de Santiago Peña, el destacado liderazgo de Horacio Cartes y su facción de Honor Colorado en los tres poderes del Estado, son necesarias estrategias de resistencia articuladas mediante la aglutinación de esfuerzos entre partidos de oposición, movimientos sociales, organizaciones sociales y defensoras y defensores de los derechos humanos. Las leyes populistas, como la de «Hambre Cero», o las de censura, como la «Ley Garrote», pretenden reforzar mecanismos de captura del Estado y persecución a sectores opositores de la sociedad civil y movimientos sociales por sectores del Partido Colorado que tienen intereses en mantener la opacidad y la impunidad ante delitos relacionados con la corrupción y el crimen organizado.
Si bien Paraguay tiene procesos políticos, sociales y económicos muy distintos a los de sus pares de la región, como El Salvador o Argentina, no deja de tener semejanzas importantes en lo que a indicadores de regresión autoritaria se refiere, tanto desde los derechos políticos y civiles medianamente alcanzados durante la transición y consolidación democrática (1993-2012) hasta los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales. Estos se han convertido en la última década en una quimera antes que una realidad para amplios sectores de la población paraguaya, que día a día se debate entre la incertidumbre económica, la corrupción política y el debilitamiento o desmantelamiento del Estado y la censura a su libertad de expresión.
Por esto, los movimientos sociales, los partidos de oposición y las organizaciones de la sociedad civil deben seguir manteniendo redes y alianzas con sus pares de la región y de otros continentes, pues el problema de la precarización democrática y la concentración del poder en una facción política, la persecución a lideresas y líderes defensores de derechos humanos y el cercenamiento de las libertades y los derechos alcanzados en las noveles democracias latinoamericanas son problemáticas que convocan a la movilización y lucha por los derechos humanos no solo a nivel local, sino también a nivel global.
Sarah Patricia Cerna Villagra
Doctora en Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México. Investigadora categorizada en el nivel 2 del SISNI, CONACYT. Profesora en FLACSO Paraguay. Presidenta de la Asociación de Ciencia Política del Paraguay (ACIPP) e integrante del Comité Latinoamericano de Ciencia Política (ALACIP).
Contacto: scernavillagra@gmail.com
[1] «Video: Lizarella y sus expresiones homofóbicas en reunión de senadores con el MEC», ABC Color, 3 de septiembre de 2024, acceso el 10 de octubre de 2024, https://cutt.ly/BeFOuzer. «Lizarella encabeza nueva ofensiva conservadora y ahora van por organizaciones de padres que incomodan», La Política Online, 8 de mayo de 2024, acceso el 10 de octubre 2024, https://cutt.ly/5eJpFtOO
[2] Ley que crea el Fondo Nacional de Alimentación Escolar para la Universalización Equitativa de la Alimentación Escolar (Hambre Cero en nuestras escuelas y sistema educativo).
[3] «Hambre Cero: miles de universitarios protestan hoy en rechazo de la ley con apoyo de otros sectores», ABC Color, 16 de abril de 2024, acceso el 13 de noviembre de 2024, https://cutt.ly/6eJpFSEp
[4] Para mayor información, ver: «Paraguay: Preocupaciones de Amnistía Internacional sobre el proyecto de ley “Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”», Amnistía Internacional, https://cutt.ly/eeJpGGqY
[5] La ley fue finalmente promulgada el 15 de noviembre de 2024. Ley N.º 7363, Gaceta Oficial, https://cutt.ly/heJDS7n2
[6] Tribunal Superior de Justicia Electoral, Comisión promotora del proyecto de ley de iniciativa popular «Chau nepotismo», Exposición de motivos del proyecto de ley «Que prohíbe y penaliza el nepotismo en la función pública», https://cutt.ly/ieJpG27D
[7] «Congreso sanciona ley antinepotismo con total rechazo a iniciativa popular», Última Hora, 17 de julio de 2024, acceso el 12 de noviembre de 2024, https://cutt.ly/OeJpHyJx
[8] «La hija de Adorno se presenta como “nepobaby” en Instagram y dice que no renuncia», La Política Online, 2 de enero de 2024, acceso el 12 de noviembre de 2024, https://cutt.ly/QeJpHWvb
[9] «Muere el diputado “Lalo” Gomes en tiroteo con la Policía», ABC Color, 19 de agosto de 2024, acceso el 12 de noviembre de 2024, https://cutt.ly/XeJpJmYX
[10] «Matan a Lalo Gomes en un allanamiento y el cartismo intenta desligarse de la red narco», La Política Online, 19 de agosto de 2024, acceso el 12 de noviembre de 2024, https://cutt.ly/8eJpJXSW
[11] «Muerte de Lalo Gomes: Policía y Fiscalía deben dar explicaciones, dice diputada», ABC TV, 19 de agosto de 2024, acceso el 12 de noviembre de 2024, https://cutt.ly/BeJvFkuP
[12] «La muerte de Lalo desordena al cartismo y ahora apuntan a Riera y Legal por el operativo», La Política Online, 19 de agosto de 2024, acceso el 12 de noviembre de 2024, https://cutt.ly/5eJpJ3Cy
[13] «El presidente del Congreso confirma interés en reformar la Constitución y limita respuestas», ABC Color, 26 de octubre de 2024, acceso el 12 de noviembre de 2024, https://cutt.ly/keJpKyOx
[14] En especial, tomando en cuenta índices internacionales como V-DEM y Freedom House (2023). En el de Freedom House, Paraguay tiene un puntaje de 63/100, donde 100 es totalmente libre y 0 es nada libre; con dicho puntaje, Paraguay es considerado «Parcialmente Libre». Para más información ver: https://cutt.ly/MeKDiaOv. Mientras que en el Índice de V-DEM, que aborda varios indicadores sobre libertades civiles y políticas, Paraguay alcanza un puntaje de 0.4/1, donde 1 es el máximo puntaje en cuanto a democracia liberal y 0 es el mínimo y es considerado un régimen autoritario. Para más información ver: https://cutt.ly/xeKDiQQt
