Los intentos y esfuerzos por silenciar a las mujeres han estado presentes en todos los niveles durante el primer año de gobierno de Santiago Peña. No solo son precarios los avances reales en materia de derechos de las mujeres, sino también se percibe un estadio de legitimación de la censura a la organización cívica y al tratamiento de los temas referidos a la igualdad. El mensaje es claro: mantener calladas y debilitadas a las mujeres.
Como ya se había pronosticado el año anterior[1], la igualdad de género se encuentra bajo amenaza, realidad que se agudiza cada vez más. En este artículo se presenta un análisis sobre la institucionalidad de género en el Paraguay y el impacto de sus avances y retrocesos sobre el derecho a la igualdad y la no discriminación de las mujeres. También se analiza cómo la agenda antiderechos se inmiscuye no solo en las políticas de Estado a nivel nacional, sino en el posicionamiento del país ante la mirada internacional y, en contrapartida, cómo la articulación de diferentes organizaciones sin fines de lucro sigue liderando la defensa de los derechos de las mujeres.
Situación del derecho en 2024
Mujeres en el poder: una amenaza al statu quo
La baja representación política de las mujeres en espacios de toma de decisiones es una deuda histórica de la institucionalidad paraguaya, a pesar de que luego de las elecciones de abril del 2023 se pudieron observar pequeños avances en casi todos los cargos electivos. Si bien celebrables en materia de número, estos abrían no solamente el debate sobre la importancia de contar con mujeres formadas y sensibilizadas con respecto a la perspectiva de género, sino también críticas al ejercicio hegemónico del poder.
Desde sus bancas opositoras en el Congreso, fueron las mujeres quienes han cuestionado abiertamente al partido que ocupa el poder, la Asociación Nacional Republicana (ANR) o Partido Colorado, así como al presidente Santiago Peña y a sus propias colegas de ambas cámaras.
En este sentido, Kattya González, la cuarta senadora más votada, ha sido una de las voces más resonantes contra la corrupción. Fue protagonista al señalar los vínculos entre el poder y el crimen organizado, con un fuerte énfasis en las acusaciones de corrupción sobre el expresidente Horacio Cartes; y fue una de las principales exponentes del escándalo por nepotismo en el Congreso, más conocido como el «caso de los nepobabies», entre otras situaciones[2]. Sus confrontaciones la han convertido también en víctima recurrente de violencia política dentro del Congreso.
A principios de febrero de este año, el diputado independiente Eduardo Nakayama alertó sobre un posible plan para destituir a Kattya González de su banca de senadora, a través de un esquema pergeñado por el ala cartista del Congreso y sus aliados del Partido Liberal. La senadora Esperanza Martínez, a través de un video en redes sociales, señaló:
Estoy haciendo una denuncia a la ciudadanía sobre la campaña que se está gestando en la Cámara de Senadores. Aquí quieren sacar a las mujeres parlamentarias. Hay una campaña de violencia política, hay voceros, hay acusaciones falsas que se quieren instalar para desacreditar nuestro trabajo político y nuestra dignidad política[3].
Entre las acusaciones que comenzaron a dirigirse contra la senadora González se encontraban el tráfico de influencias y la falsificación de documentos, y también se puso en entredicho la validez de sus títulos de magíster y doctora.
El 13 de febrero, el sector cartista presentó oficialmente un libelo acusatorio por los supuestos hechos de uso indebido de influencias respecto a tres funcionarios de su Gabinete[4]. Casi de inmediato, el Senado convocó a sesión extraordinaria para tratar su expulsión.
Para concretar sus planes, los congresistas derogaron el reglamento interno para la pérdida de investidura aprobado el 20 de diciembre, donde se establecía que se requiere de una mayoría absoluta de dos tercios, lo que equivale a 30 votos. Así, con una mayoría simple, la destitución fue aprobada por 23 votos a favor, 7 abstenciones y 15 incomparecencias[5]. Este duro golpe a la institucionalidad y la democracia suscitó la alarma y las críticas a nivel nacional e internacional[6]. A través del Auto Interlocutorio N.º 259, dictado por el juez de Garantías Especiales Rodrigo Estigarribia, las denuncias contra la senadora fueron desestimadas en su totalidad[7] y el Ministerio Público ha determinado que su pérdida de investidura fue inconstitucional[8].
Kattya González presentó también una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, con el fin de recuperar su banca. Si bien la Corte dio trámite a esta solicitud, a la fecha del cierre de este informe, el expediente sigue sin resolverse debido a la falta de integración de la Sala Constitucional. El 1 de octubre, la exsenadora presentó un tercer urgimiento de análisis sobre su destitución.
La expulsión de Kattya González constituye no solo un empujón a las ya debilitadas bases de la democracia paraguaya, que sufre la falta de alternancia política y la hegemonía del poder en manos del partido de la última dictadura, sino que también puede verse como un amedrentamiento dirigido a las voces opositoras de las mujeres. Lejos de constituirse como un hecho aislado, la violencia política es, sin duda, uno de los principales obstáculos para que las mujeres puedan incursionar y mantenerse en política, y cuando esta violencia se tolera e institucionaliza, las consecuencias alcanzan y también aleccionan a todas. Cabe reflexionar sobre si la presencia de cada vez más mujeres con voces fuertes en los espacios de poder representa una amenaza para el mantenimiento del statu quo, las tradicionales formas de hacer política y las cofradías de poder masculinas características del sistema político paraguayo.
Las campañas sucias en medios de comunicación y redes sociales, la presentación de denuncias falsas, la ausencia de un debido proceso, la indiferencia hacia la voluntad popular y el retorcimiento de las leyes para ajustarlas a una conveniencia coyuntural son amenazas claras para la participación política de las mujeres y la construcción de una democracia participativa y plural.
Ausentes mecanismos de protección
Contra la violencia política
Código Electoral Paraguayo. Es la única reglamentación a nivel nacional que resguarda y promueve la participación política de las mujeres en espacios de poder. El Código Electoral Paraguayo determina una cuota mínima del 20 por ciento de mujeres en las listas. Sin embargo, esta medida ha demostrado ser insuficiente, pues las cuotas son interpretadas frecuentemente por los partidos como techos de participación, en lugar de pisos.
Listas desbloqueadas. Este sistema, implementado por primera vez en las Elecciones Municipales del 2021, fue un arma de doble filo: por un lado, permitía que las mujeres puedan posicionarse de manera más visible dentro de las listas, convocando sus propios votos; pero, por otro lado, se trata de un sistema que beneficia a quienes cuentan con más recursos económicos o se encuentran dentro de estructuras partidarias más fuertes.
Proyecto de ley «de paridad democrática». Esta ley hubiese sido una gran herramienta para comenzar a subsanar estas desigualdades, pues no solo proponía la fórmula del 50-50, sino que planteaba un trabajo de reeducación y transformación cultural. No obstante, luego de ser primero alterada por la Cámara Baja y luego vetada por el Poder Ejecutivo en el año 2018, no volvió a presentarse.
Proyecto de ley «para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres por razones de género». Presentado y rechazado en el 2021, en pleno contexto electoral, este proyecto de ley tampoco volvió a salir del cajón. Esta ley reglamentaría lo establecido en la Ley N.º 5777 «de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia», disponiendo medidas de prevención, de sanción a los perpetradores y de asistencia a las víctimas. Lo sucedido con la senadora Kattya González se inscribe en la comprensión de que la violencia política busca, como fin principal, obstaculizar y reducir la participación de las mujeres en espacios de poder.
Proyecto de ley «Que crea Juzgados y Tribunales Especializados en materia de violencia contra la mujer»[9]. Este proyecto de ley, presentado en junio de este año, busca brindar respuestas más rápidas y eficientes a las víctimas, fijando centros de atención en las cabeceras departamentales y ciudades con más casos registrados. La propuesta incluye la capacitación de funcionarias y funcionarios en derechos humanos para tratar específicamente estos casos, y cuenta con media sanción del Senado. Han surgido reflexiones al respecto de la pertinencia de esta medida, apuntando a que podría ser mejor fortalecer los mecanismos ya existentes dentro de la Ley N.º 5777 antes de crear nuevas estructuras judiciales, atendiendo a que el sistema judicial ya enfrenta desafíos estructurales y falta de recursos.
Herramientas de incidencia institucional que extendieron su alcance durante el 2024
Las Mesas de Prevención de la Violencia hacia la Mujer (PREVIM) tienen un rol esencial como instrumento de incidencia[10]. Este año, en particular, se han observado pequeños avances en su implementación por parte del Ministerio de la Mujer, como la conformación y reactivación de seis mesas en los departamentos de Guairá, Caaguazú, Concepción, Ñeembucú, San Pedro y Cordillera, las cuales se encuentran en proceso de fortalecimiento. Así también, se instalaron tres mesas distritales en Santa Rita, Hernandarias y Villa Hayes.
Esto podría indicar un mayor compromiso institucional por fortalecer dichos espacios. Este avance es importante, ya que las Mesas PREVIM activas no solo representan el cumplimiento de la Ley N.º 5777, sino que posibilitan el abordaje participativo de la violencia basada en género desde perspectivas locales.
VIII informe periódico de la CEDAW: incumplimiento crónico del Estado con la igualdad
En el 2024, el Estado paraguayo remitió su octavo informe periódico al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW)[11] casi tres años después del plazo (noviembre de 2021). Mientras que gran parte del informe se limitó a enunciar diferentes planes, proyectos y políticas implementados sin una exposición verificable de los avances (o no) que suponen estos instrumentos normativos ni mayores análisis en la configuración y el tratamiento de las diferentes problemáticas, ha sido omitido el abordaje directo de obstáculos claves para avanzar hacia la igualdad de género en el país.
Temas omitidos: Resolución «Riera» y 12 Ciencias
En el informe, Paraguay no incluyó respuesta sobre la no derogación de la Resolución N.º 29664 del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)[12], también conocida como Resolución «Riera». Si no se abordan las dinámicas patriarcales desde las bases con educación en clave de igualdad, difícilmente las normativas lograrán un impacto transformador. Dicha derogación ya había sido recomendada en la revisión del informe anterior de Paraguay, al igual que muchas otras acciones[13] que hasta la fecha siguen sin ser adoptadas. En este punto, cabe además resaltar que la CEDAW, en su carácter legalmente vinculante, insta a los Estados partes a buscar la igualdad de resultados o igualdad sustantiva y no solamente la formal o legislativa en su Recomendación General N.º 25[14], la cual postula que,
si bien es cierto que la promulgación de leyes y la elaboración e instrumentación de políticas públicas en favor de las mujeres es un gran avance, para alcanzar la igualdad sustantiva es necesario que las leyes y políticas garanticen que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres en las distintas esferas sociales y personales y exista un contexto propiciatorio para lograrlo en los hechos, es decir, implica la obligación del Estado para remover todos los obstáculos para que la igualdad se alcance en los hechos.[15]
En lugar de encarar de manera directa la recomendación de la CEDAW sobre la derogación de la mencionada resolución, el informe manifiesta que, en su carácter de órgano rector del sistema educativo nacional, dicho Ministerio construye sus planes y programas de manera participativa, y que los mismos son producto de procesos de análisis y valoración sobre bases constitucionales, de manera a legitimar indirectamente esa norma pendiente de derogación. De hecho, la adopción de la Resolución N.º 29664 en 2017 no solo careció de mecanismos de participación, sino que fue expresamente cuestionada y rechazada repetidas veces por organizaciones de la sociedad civil referentes del área[16], como ya se ha expuesto en la edición 2017 de este informe[17].
Este año, la misma práctica no participativa y también negacionista se reprodujo alrededor del material 12 Ciencias para la educación en la afectividad y la sexualidad en la escuela, elaborado y promovido por grupos conservadores para ser utilizado como base de la educación sexual enfocada en niñeces[18], una vez más sin ningún tipo de consulta comunitaria, por fuera de círculos enmarcados en la agenda antiderechos[19]. En julio, diversas organizaciones, como Familias por la Educación Integral en Paraguay (Fiepar)[20], Familias Diversas no Teístas (FDNT)[21] y la articulación Jaku’e[22], entre otras, solicitaron al MEC una jornada de socialización. Finalmente, el 12 de septiembre, el MEC habilitó un espacio de diálogo y revisión del material con 35 representantes de organizaciones de derechos humanos, derechos de las niñeces, salud, educación y de grupos organizados de familias, quienes manifestaron su rechazo y preocupación por la perpetuación de estereotipos de género y las significativas regresiones pedagógicas que significa el material[23]. Incluso, han producido un documento de análisis[24]. El MEC desestimó estos cuestionamientos, datos, estudios y los escasos diálogos multisectoriales en todas las instancias, estando hoy 12 Ciencias en proceso de implementación sin ningún tipo de modificación. No hay mención alguna de este material en el informe periódico a la CEDAW.
Informe sobre trabajo doméstico y de cuidados
En el párrafo 119, en relación con los derechos de las trabajadoras domésticas, aunque el informe periódico menciona la aprobación de la Ley N.º 6338/19 «Que modifica el artículo 10 de la Ley 5407/15»[25] —equiparando el salario doméstico al mínimo legal vigente para este sector—, en la realidad las garantías y los mecanismos interinstitucionales, para esta y otras aplicaciones legislativas referentes al trabajo doméstico, siguen siendo prácticamente nulos. Este año, sindicatos de trabajadoras domésticas[26] han mantenido reuniones con diferentes instituciones públicas, como el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)[27], el Instituto de Previsión Social (IPS)[28] y el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)[29], para posicionar tres problemáticas clave:
- Implementación de un sistema de prorrateo del IPS para la figura del pluriempleo establecida en el artículo 20 de la Ley N.º 5407/15[30].
- Modificación de la Ley N.º 6339[31] que regula la modalidad de trabajo a tiempo parcial, incluyendo a las trabajadoras domésticas, lo cual desestima la figura del pluriempleo.
- Ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.
Hasta la fecha, ninguno de los pedidos ha avanzado, por ende, tampoco la formalización del trabajo doméstico y el disfrute pleno de sus derechos por parte de las trabajadoras domésticas.
Como avance positivo, se podría citar la reactivación de la mesa tripartita de trabajo luego de 5 años inactiva y el proceso de socialización del documento borrador del primer Plan de Acción Política Nacional de Cuidados del Paraguay 2024-2030, donde se ha incluido la participación de los sindicatos de trabajadoras domésticas. De todas formas, queda pendiente observar si esa representación se traduce a acciones concretas en favor del trabajo doméstico.
Posición oficial frente al tema del aborto
A pesar de que el acceso al aborto seguro, legal y gratuito fue también recomendado por la CEDAW en base a las altas tasas de mortalidad materna y embarazo de niñas y adolescentes[32], el párrafo 141 del informe periódico se limita a exponer las normativas restrictivas y reafirmar su compromiso con «la vida desde la concepción». Además de que este posicionamiento carece de argumentos sostenibles y expone la legitimación institucional de los sesgos religiosos, pasa por alto las bases estadísticas, los argumentos sociales y de salud promovidas por la CEDAW a favor de la descriminalización y legalización del aborto.
Este 28 de septiembre[33], el movimiento nacional por el aborto legal, seguro y gratuito se autoconvocó frente al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social[34] para exigir el derecho a decidir y hacer lectura del manifiesto «Por nuestra vida, por nuestros cuerpos y por nuestros derechos»[35].
Fechas especiales, mínima acción
El informe indicó la adopción de fechas especiales como medidas para combatir los estereotipos de género y que la gran mayoría de los programas de servicios citados se encuentran localizados solamente en Central, con las localidades rurales olvidadas y las Direcciones y Secretarías de la Mujer del interior desamparadas.
Informe vs. realidad
El Estado paraguayo adolece de un constante incumplimiento de sus compromisos internacionales asumidos en materia de igualdad de género y derechos de mujeres y niñas. Esto se hace claramente evidente al contrastar lo presentado en el informe periódico y la realidad, en la que se configuran tanto la desigualdad formal como la sustancial y, por ende, la perpetuación de discriminaciones y desigualdades de género en todos los niveles.
Durante el 2024, la brecha de la desigualdad de género se siguió acentuando mediante la combinación y el mutuo fortalecimiento de una supuesta igualdad formal con normativas superficiales y(o) una nula igualdad sustancial, que prácticamente se imposibilita a causa de la legitimación social y política de la narrativa «antigénero»[36].
Mujeres dijeron «¡Presente!» ante la OEA
En el marco de la 54.a Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) realizada este año en Paraguay, organizaciones de mujeres de todos los sectores y puntos del país se han articulado para acuerpar diferentes actividades de incidencia bajo el lema «OEA Kuñanguéra Roma’ẽ Penderehe»[37]. Mediante esta articulación se lograron diferentes actividades de incidencia externas e institucionales, como una campaña de comunicación posicionando la importancia de la igualdad de género, una convocatoria frente al Ministerio de Relaciones Exteriores y la entrega de una carta al ministro Ramírez Lezcano solicitando la defensa de la igualdad de género el 19 de junio. También se propiciaron espacios de diálogo con autoridades de la CIDH interesadas en conocer las perspectivas de las mujeres y defensoras de derechos humanos por fuera del discurso oficial del Gobierno.
Especialmente, se han destacado las acciones que unieron diferentes luchas y perspectivas, como la marcha «Voces por la democracia», llevada a cabo el 26 de junio[38], donde se presentaron defensoras y defensores feministas, sindicales, antirracistas, periodistas, campesinas, indígenas, TLGBIQ+ y de derechos humanos en defensa de la igualdad de género, la democracia y la justicia. Esta marcha se llevó a cabo un día después en un encuentro histórico, donde 72 organizaciones de mujeres elaboraron de forma participativa un documento que —a diferencia del informe periódico a la CEDAW— refleja la situación de las mujeres en Paraguay[39], el cual fue entregado a la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA[40].
Juntas y organizadas, bajo amenaza
Hasta aquí, en el relato ha prevalecido un elemento clave: el rol de las organizaciones de la sociedad civil como herramienta contralora y de lucha para el acceso a derechos básicos. Ante la ausencia del Estado, las mujeres se tienen solo a sí mismas para enfrentar las injusticias cotidianas. Actualmente, aquella resistencia articulada también se encuentra amenazada.
A las escasas acciones afirmativas en relación con los derechos de las mujeres y la desidia expuesta por el Estado ante la comunidad internacional, el presidente Santiago Peña promulgó recientemente la ley «que establece el control, la transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro» (conocida también como «Ley anti-ONG» o «Ley Garrote»)[41], desoyendo las recomendaciones e inquietudes de la sociedad civil organizada que será afectada por su aplicación. Los principales cuestionamientos sobre esta ley se centran en su elaboración poco participativa y su falta de precisión en el proceso de aplicación, incluyendo las sanciones atribuibles a quienes la incumplen. Esto último, en especial, se presta a que pueda utilizarse de manera arbitraria y no para fines de garantizar la transparencia, sino para silenciar, amedrentar, perseguir y desprestigiar a las organizaciones de la sociedad civil. Además, la ley desconoce las obligaciones que las organizaciones de la sociedad civil ya cumplen en nombre de la transparencia, agregando trabas burocráticas innecesarias. Numerosas organizaciones ya han manifestado su rechazo y preocupación ante los alcances de esta ley, y se están planteando acciones de inconstitucionalidad de manera coordinada.
Casos ocurridos en 2024
Violencia política en la Junta Municipal de Encarnación
Durante este año, uno de los temas centrales y recurrentes dentro de la Junta Municipal de Encarnación ha sido el transporte público. Los tratamientos de este tema en este órgano legislativo han evidenciado hechos de violencia política hacia concejalas y activistas por el derecho al transporte público accesible y de calidad, representantes de la iniciativa ciudadana «Transporte Público es Prioridad»[42].
Puntualmente, el 19 de junio, durante el desarrollo de una sesión de la Junta referente a la reestructuración de los gastos corrientes, necesario para luego avanzar con el plan que incluía el transporte público, la Policía Nacional se presentó a pedido del entonces presidente de la Junta Municipal Nehemías Cuevas (ANR) y efectuó una desmedida represión violenta hacia las(os) manifestantes y las concejalas Gloria Arregui (PLRA), Zulma Memmel (Alianza) y Natalia Enciso (PLRA)[43]. Kuña Róga manifestó su repudio ante la represión y reafirmó su acompañamiento a las concejalas[44].
Seguidamente, el 26 de junio, el senador Basilio Núñez —uno de los impulsores de la campaña en contra de la Ley N.º 5777— se sumó a los ataques, particularmente a la concejala Gloria Arregui, publicando su número privado en la red social X, posteo compartido por Cuevas[45]. A raíz de esta publicación, la concejala Arregui recibió represalias y amenazas de muerte[46]. Si bien la situación fue abordada en la sesión ordinaria N.º 128[47] de la Junta Municipal, Nehemías Cuevas negó lo sucedido, mientras que sus compañeros de partido (a excepción del concejal Diego Aquino) se «solidarizaron» con él, desestimando la denuncia de la concejala Arregui.
Estas prácticas de violencia y encubrimiento entre aliados políticos han impactado también a las activistas mujeres que se encuentran liderando el grupo «Transporte Público es Prioridad», a las que en repetidas oportunidades el concejal Andrés Morel (ANR) se ha referido como «operadoras políticas» y «patoteras» por estar ejerciendo su derecho a la organización y la participación política, y por posicionarse en defensa de las concejalas mujeres y en contra de la línea del Partido Colorado. La sesión ordinaria N.º 129 de la Junta Municipal[48], de fecha 11 de septiembre, es una muestra de este tratamiento, en donde la activista Verónica Morales se presentó a denunciar irregularidades en la mesa de regulación del transporte público de la Asociación de Municipios del Área Metropolitana de Encarnación, sin poder acceder al uso de la palabra. A pesar de que la mayoría de las concejalas y concejales exigieron que se le otorgue la palabra a Morales, la presidencia de la Junta ignoró el pedido.
Estas acciones obstaculizan e impiden la participación plena de las mujeres en la vida política, configurándose como violencia política. Las mismas prácticas violentas y patriarcales del Congreso también permean en los gobiernos locales. Resulta entonces preocupante la censura a voces disidentes acentuadas por dinámicas de género, además del desistimiento de la participación cívica en procesos de alto interés comunitario.
Seguimiento de casos anteriores
Vivian Genes. La causa contra la estudiante Vivian Genes, iniciada en el 2021, tuvo una actualización importante en abril de 2024, tras la revisión del Tribunal de Apelaciones, otorgándole arresto domiciliario. Entonces, Genes se puso a disposición del Tribunal de Sentencia. La realización del juicio oral y público se encuentra pendiente y sin fecha hasta el momento[49]. Organizaciones civiles han acompañado a Vivian en su presentación en la Comisaría 12 de Trinidad en la fecha 30 de abril y manifestaron que este procesamiento es un intento de criminalizar la protesta social en Paraguay, especialmente cuando se trata de activistas mujeres, jóvenes y estudiantes[50]. Dentro del contexto actual de persecución a organizaciones de la sociedad civil, el tratamiento de este caso podría configurarse como antecedente importante para futuros casos similares.
Alexa Torres. Al haber agotado las instancias judiciales nacionales sin obtener justicia ni reparación, este año Alexa presentó su caso ante la CEDAW[51].
Conclusiones
El avance de las mujeres, como movimiento organizado y articulado, sus reclamos de mayor igualdad y su incursión en más espacios de poder, ha constituido una llamada de atención a las estructuras patriarcales del Estado. Pese a que los informes oficiales del Estado, como el VIII informe periódico a la CEDAW, aseguran que hay avances legislativos a destacar, se percibe un mayor impulso de medidas que, por acción u omisión, actúan en detrimento de los derechos conquistados y obstaculizan la conquista de nuevos derechos no solo de las mujeres, sino de otros grupos en situación de vulnerabilidad.
Previsiblemente, los derechos a la asociación, a la organización y a la participación en democracia también se encuentran en riesgo actualmente con la promulgación de la «Ley anti-ONG». Especialmente, las organizaciones feministas y de derechos humanos son las más cuestionadas por parte de sectores que se autoproclaman como defensores de la vida y la familia; sin embargo, son estos mismos sectores los que promueven iniciativas legislativas contrarias a la defensa de los derechos de mujeres, niñas, niños, adolescentes y diversidades.
Recomendaciones
El MEC debe:
- Considerar efectivamente las observaciones y críticas de organizaciones de la sociedad civil expertas en áreas de derechos humanos, igualdad, niñez, educación y salud en sus planes, proyectos y políticas.
El MTESS debe:
- Modificar la inclusión de las trabajadoras domésticas como sujetas de la Resolución N.º 6339.
- Implementar un sistema de prorrateo bajo la figura del pluriempleo en el trabajo doméstico en el IPS.
El Poder Legislativo debe:
- Ratificar el Convenio 190 de la OIT.
- Derogar la «Ley anti-ONG».
La Junta Municipal de Encarnación debe:
- Legitimar la participación ciudadana y promover una construcción participativa de las políticas sin sesgos misóginos ni político-partidarios.
La Corte Suprema de Justicia debe:
- Dar seguimiento a la acción de inconstitucionalidad presentada por la senadora Kattya González y disponer la restitución de su banca.
El Congreso debe:
- Realizar un nuevo estudio y presentación de los proyectos de ley «de paridad democrática» y «para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres por razones de género».
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Miyuki Shimanaka De Bavay
Abogada, diplomada en Políticas Públicas. Máster en Estudios de Género Aplicados. Consultora en Género y Derechos Humanos, desarrolladora de proyectos sociales, activista feminista y miembra de Kuña Róga.
Contacto: miyukish.71@gmail.com
Julieta Gamarra
Comunicadora social, feminista y activista por los derechos humanos. Consultora en comunicación. Presidenta de Kuña Róga.
Contacto: julieta.gamarra15@gmail.com
Marcia González
Licenciada en Psicología. Diplomada en Participación Política de las Mujeres. Redactora de proyectos sociales. Coordinadora de proyectos con enfoque de derechos, activista feminista y por los derechos humanos. Miembra de Kuña Róga.
Contacto: marcia.gonzalez901@gmail.com
[1] Miyuki Shimanaka De Bavay, Julieta Gamarra y Marcia González, «Militando desigualdad mediante políticas públicas insuficientes e injerencias antiderechos», en Derechos Humanos en Paraguay 2023 (Asunción: Codehupy, 2023).
[2] «“Nepobaby” es causal de pérdida de investidura, dice Kattya González», ABC Color, 5 de enero de 2024, acceso el 10 de septiembre de 2024, https://cutt.ly/0eH2Az3A
[3] «A través de este medio, alerto y denuncio…» [X], Esperanza Martínez [@esperanza_py], 9 de febrero de 2024, https://cutt.ly/MeJ6i69m
[4] Libelo Acusatorio —con el alcance de una «exposición de motivos»— y proyecto de resolución «Por la cual se resuelve la pérdida de investidura de la senadora de la Nación Kattya Mabel González Villanueva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 201, numeral 2 de la Constitución Nacional y, en consecuencia, se la remueva del cargo de senadora de la Nación por el periodo legislativo restante correspondiente al mandato 2023-2028».
[5] «Paraguay: la destitución irregular de la senadora Kattya González», CELAG, 20 de febrero de 2024, acceso el 6 de septiembre de 2024, https://cutt.ly/feH2PI3s
[6] Juliana Quintana, «Violencia política: Senadores cartistas destituyeron a Kattya González, una de las senadoras opositoras más votadas de Paraguay», Agencia Presentes, 15 de febrero de 2024, acceso el 6 de septiembre de 2024, https://cutt.ly/weH9iuih
[7] «Juez desestima denuncia contra exasesores de Kattya González», ABC Color, 12 de julio de 2024, acceso el 6 de septiembre de 2024, https://cutt.ly/6eH9iPJ4
[8] Acción de inconstitucionalidad promovida por Kattya Mabel González Villanueva c/ Resolución N.º 431 de la Honorable Cámara de Senadores «por la cual se resuelve la pérdida de investidura de la senadora Kattya Mabel González Villanueva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 201, numeral 2 de la Constitución Nacional, y en consecuencia se la remueve de su cargo de senadora de la Nación por el periodo constitucional respectivo». Amparo en fecha 14 de febrero de 2024. Expediente N.º 25 – Año 2024 – Presentado por la abogada de Kattya González.
[9] «Ficha Técnica del Expediente», SilPy – Sistema de Información Legislativa, acceso el 20 de octubre de 2024, https://cutt.ly/3eHxWt4U
[10] Tal como se ha venido reiterando en las ediciones pasadas de este informe.
[11] Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Doc. ONU CEDAW/C/PRY/8, 26 de julio de 2024), https://cutt.ly/UeH9obkc
[12] Resolución N.º 29664/17 del Ministerio de Educación y Ciencias, de 5 de octubre de 2017, por la cual se prohíbe la difusión y utilización de materiales impresos como digitales referentes a la teoría/ideología de género, en instituciones educativas dependientes del Ministerio de Educación y Ciencias, https://cutt.ly/oeH9oMIi. Cabe resaltar que «La ideología de género es un término que se utiliza de manera negativa y despectiva para cancelar o desestimar la diversidad sexual y de género a la que se han ido abriendo las sociedades, las culturas y las naciones. Al denominarla ideología se hace referencia al carácter dogmático que se presupone respecto a las ideas de igualdad, empoderamiento y respeto de la vivencia personal de la identidad y la sexualidad. Se rechazan los movimientos feministas y de la diversidad argumentando que van en contra de la naturaleza y de la familia y que operan poniendo en peligro el orden social establecido. La ideología de género no existe como categoría dentro de las ciencias sociales, es un constructo que busca denostar las reivindicaciones de los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual» (Instituto Nacional de las Mujeres, Glosario para la Igualdad, https://cutt.ly/geFOt2q2
[13] Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico del Paraguay, ONU CEDAW/C/PRY/CO/7, 22 de noviembre de 2017, https://cutt.ly/keH9sO9U
[14] Recomendaciones generales adoptadas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 30.º periodo de sesiones (2004). Recomendación General N.º 25.
[15] ONU Mujeres, La igualdad de género. ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, 4, https://cutt.ly/GeH9gRL2
[16] «Carta al Ministerio de Educación y Cultura», Centro de Documentación y Estudios, 4 de octubre de 2017, acceso el 25 de octubre de 2024, https://cutt.ly/FeH9hYJ0
[17] Elba Núñez, «Grave retroceso del principio de igualdad y no discriminación por motivos de género, conquistados por las mujeres en tres décadas de lucha en Paraguay», en Derechos Humanos en Paraguay 2017 (Asunción: Codehupy, 2017), 169-182, https://cutt.ly/aeH9jh6r
[18] «Educación Sexual: MEC dice ahora que plan “12 ciencias” no se implementa en ningún colegio», ABC Color, 27 de octubre de 2023, acceso el 24 de octubre de 2024, https://cutt.ly/VeH9jAB4
[19] «Educación sexual: rechazan falta de socialización de libros, pese a que ya anunciaron implementación», ABC Color, 22 de julio de 2024, acceso el 24 de octubre de 2024, https://cutt.ly/BeH9kzON
[20] «¡Atención! Presentamos una nota al MEC…» [Facebook], Feipar [@feiparpy], 23 de julio de 2024, https://cutt.ly/UeJpC13b
[21] «Nota presentada por Familias Diversas no Teístas (FDNT)…» [Facebook], Feipar [@feiparpy], 25 de julio de 2024, https://cutt.ly/aeJVkI44
[22] «Nota de @jakueis para el MEC,…» [Facebook], Feipar [@feiparpy], 29 de julio de 2024, https://cutt.ly/9eJVvxz0
[23] Walter Morínigo, miembro de la articulación Jaku’e por la EIS, comunicación a las autoras, 24 de octubre de 2024.
[24] Familias por la Educación Integral en Paraguay y Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (2024). Análisis de los libros «Educación de la Sexualidad y la Afectividad en la Escuela (ESAE)» dirigidos al primer, segundo y tercer grado de Educación Escolar Básica (EEB), https://cutt.ly/YeJVksWN
[25] Ley N.º 6338, del 15 de julio de 2019, https://cutt.ly/5eJVvoa0
[26] Sindicato de Trabajadoras Domésticas y Afines de Itapúa (SINTRADI), Sindicato de Trabajadoras del Servicio Doméstico del Paraguay (SINTRADESPY), Sindicato de Trabajadoras Domésticas del Paraguay-Legítimo (SINTRADOP-L) y Sindicato de Trabajadoras Domésticas Indígenas del Chaco (SINTRAINDI).
[27] «Se reactivó la Comisión Nacional Tripartita de Igualdad de Oportunidades», Ministerio de la Mujer, acceso el 23 de octubre de 2024, https://cutt.ly/ReH9l4lZ
[28] «Miércoles 2 de octubre en la ciudad de Asunción nos hemos reunido…» [Facebook], Sindicato de Trabajadoras Domésticas y Afines de Itapúa [@sintradi], 2 de octubre de 2024, https://cutt.ly/WeJ9THVU
[29] «Trabajadoras domésticas fueron recibidas en cancillería y en el Ministerio de la Mujer»,
Centro de Documentación y Estudios, 13 de mayo de 2024, acceso el 12 de noviembre de 2024, https://cutt.ly/keH9zE3v
[30] Ley N.º 5407 «Del trabajo doméstico», https://cutt.ly/XeJ9SYG3
[31] Ley N.º 6339, https://cutt.ly/6eJ9SCUz
[32] Doc. ONU CEDAW/C/PRY/CO/7, 22 de noviembre de 2017, https://cutt.ly/WeJ9Djh3
[33] Día de la Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro.
[34] «En el Día de Acción Global por un aborto legal y seguro…» [Facebook], Por la vida de las mujeres, hablemos de aborto [@c28.paraguay], 28 de septiembre, https://cutt.ly/2eJ9VHZv
[35] «Por nuestra vida, por nuestros derechos y por nuestros cuerpos», Informativo Mujer, 28 de septiembre de 2024, acceso el 12 de noviembre de 2024, https://cutt.ly/eeH4OwDM
[36] Doc. ONU CEDAW/C/PRY/CO/7, 22 de noviembre de 2017, párrafo número 8. Respecto a los grupos antigénero, en su revisión del VII informe la CEDAW manifestó: «El Comité está preocupado por los movimientos antigénero que tratan de excluir las referencias a las cuestiones de género del discurso político, educativo y social en el Estado parte».
[37] Traducción al español: OEA, las mujeres estamos observando.
[38] «Asamblea de la OEA en Paraguay entre movilizaciones feministas y lobby antiderechos», Agencia Presentes, 26 de junio de 2024, acceso el 12 de noviembre de 2024, https://cutt.ly/oeH3ORzr
[39] «Defendamos la igualdad de género y los derechos de las mujeres», Centro de Documentación y Estudios, acceso el 26 de octubre de 2024, https://cutt.ly/VeH3O9TA
[40] El artículo referente al derecho a la no discriminación por orientación sexual e identidad y expresión de género de este informe detalla la participación conservadora del Gobierno nacional en la Asamblea en sí.
[41] «Peña promulga ley garrote contra las ONG», Última Hora, 15 de noviembre de 2024, acceso el 18 de noviembre de 2024, https://cutt.ly/teKyB8nd. Ley N.º 7363, del 15 de noviembre de 2024, Gaceta Oficial, https://cutt.ly/heJDS7n2
[42] Perfil de Facebook de Asamblea Ciudadana: Transporte Público es Prioridad, https://cutt.ly/geJ9Bjf4
[43] «Encarnación: conflicto político desencadena episodios de tensión y violencia en la Junta Municipal», ABC Color, 21 de junio de 2024, acceso el 27 de octubre de 2024, https://cutt.ly/LeH3OtMe
[44] «Posicionamiento de la organización Kuña Róga…» [Instagram], Kuña Róga [@kunaroga], 21 de junio de 2024, https://cutt.ly/neH3IU3q
[45] Publicación de activista Verónica Morales. «El Presidente de la Junta Municipal de Encarnación reposteó…» [X], Asteria [@ignitiom], 26 de junio de 2024, https://cutt.ly/weH3U7WI
[46] «La concejal Gloria Arregui comentó que recibió amenazas de números desconocidos» [Facebook], Holding Paraná [@Parana89.7FM], 24 de junio de 2024, https://cutt.ly/8eH3UF4A
[47] Grabación de Sesión Ordinaria N.º 128 [Facebook], Junta Municipal de Encarnación [@juntaencar], 26 de junio de 2024, https://cutt.ly/weH3YJyg
[48] Grabación de Sesión Ordinaria N.º 139128 [Facebook], Junta Municipal de Encarnación [@juntaencar],11 de septiembre de 2024, https://cutt.ly/GeH3UiNo
[49] «Solicitud #67784. Situación actual sobre caso de Vivian Genes», Portal Unificado de Información Pública, acceso el 15 de octubre de 2024, https://cutt.ly/KeH3zDK5
[50] «Asunción – Vivian Genes se presentó a la Comisaría 12 de Trinidad…» [Instagram], CDE Comunica [@cdecomunica], 30 de abril de 2024, https://cutt.ly/meH4APXY
[51] El abordaje de este caso se encontrará indefectiblemente en el artículo referente a sistema internacional de protección de derechos humanos de este informe.
