Pronunciamientos institucionales divulgados por la Codehupy durante el periodo del informe.
Anexo 1
Atacar a las organizaciones de derechos humanos para justificar su inoperancia[1]
15 de enero del 2024
Desde la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) manifestamos nuestra preocupación con relación a las declaraciones del Ministro Ángel Barchini sobre las organizaciones de derechos humanos. El Ministro en sus dichos desacredita no solo el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, sino que desconoce los compromisos internacionales asumidos por el Estado Paraguayo en materia de derechos humanos.
Paraguay ha firmado la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Americana de Derechos Humanos, ha ratificado la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, solo por citar algunos de los instrumentos internacionales ratificados por nuestro país.
La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay es una organización sin fines de lucro con 25 años de trabajo en Paraguay, integrada por diversas organizaciones de Derechos Humanos, todas ellas legalmente constituidas en el país y con un amplio trabajo en sus ámbitos de intervención, tales como; participación ciudadana, fortalecimiento de la democracia, libertad de expresión, derechos de las comunidades campesinas e indígenas, derechos del colectivo TLGBIQ+, derechos de las personas que viven con VIH, derechos ambientales, entre otros.
La sociedad civil organizada cumple un rol fundamental en la construcción y fortalecimiento de las democracias en el mundo, en la promoción de políticas públicas y el monitoreo de la plena vigencia de los derechos humanos.
Querer justificar la histórica inoperancia del Estado para el manejo del sistema penitenciario, situación que viene siendo denunciada en los informes de la Codehupy desde 1996, con la supuesta injerencia de las organizaciones, solo demuestra el desconocimiento sobre el rol de las organizaciones y su importancia, la jerarquía constitucional y los compromisos internacionales asumidos en materia de derechos humanos.
Por otro lado, leyes o proyectos de leyes como los que hoy impulsa el gobierno, que buscan instalar un régimen de seguridad basado en el aislamiento continuo, violan los principios fundamentales de derechos humanos y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos – Reglas Mandela.
El Estado Paraguayo tiene la obligación de cumplir con los compromisos suscritos en materia de derechos humanos: proteger a la ciudadanía en general y en ese contexto, a las personas privadas de libertad, respetando y promoviendo el cumplimiento de sus derechos humanos.
Coordinación de turno: Centro de Documentación y Estudios (CDE), Decidamos y Fundación Vencer.
Secretario Ejecutivo: Dante Leguizamón.
Anexo 2
A 35 años de la caída de la Dictadura, más que nunca Democracia[2]
2 de febrero del 2024
Desde la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) en atención a los 35 años de la caída de la dictadura y 35 años de la instalación de la Democracia, ratificamos más que nunca la importancia de la misma para la construcción del verdadero Estado Social de Derecho que asegure los derechos humanos a todas las personas sin ningún tipo de discriminación.
Vemos con suma preocupación el crecimiento de modelos autoritarios en la región y en Paraguay, que no solo cierran los canales de diálogo y construcción participativa, sino que relativizan los derechos humanos, las políticas sociales y las políticas de memoria, potenciando inclusive los sistemas represivos y de criminalización de personas defensoras de derechos humanos.
El modelo que busca imponer el actual gobierno de llevar adelante políticas públicas, leyes y reformas estructurales sin diálogo y contrapesos, es exactamente el camino contrario al fortalecimiento de la democracia.
Estamos convencidos que el camino es más Democracia y el respeto irrestricto de los derechos humanos.
Si bien en estos 35 años se ha logrado avances significativos en el reconocimiento de los derechos humanos, de los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres y de los colectivos LGTBIQ+, el Estado Paraguayo tiene deudas importantes en materia de derechos humanos.
El histórico legado de la Dictadura de Alfredo Stroessner y el Partido Colorado sigue prácticamente intacto: tierras malhabidas no recuperadas, torturadores y asesinos impunes, grandes fortunas producto de enriquecimientos ilícitos, suma precariedad de los sistemas de salud y educación, y un régimen prebendarista y corrupto que pareciera más vigente que nunca.
La construcción de la Memoria es fundamental para que los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la Dictadura no queden impunes y no vuelvan a pasar.
La participación y el aporte de la sociedad civil en la construcción de políticas públicas, el control de las acciones del Estado y el fortalecimiento de las instituciones democráticas es fundamental para avanzar hacia el cumplimiento de los derechos humanos.
El Estado debe asegurar esta participación, el diálogo constructivo y el desarrollo de políticas públicas en este sentido.
Coordinación de turno: Decidamos, Fundación Vencer y Grupo Sunu.
Secretario Ejecutivo: Dante Leguizamón.
Anexo 3
El autoritarismo avanza decididamente para destruir la Democracia Paraguaya[3]
14 de febrero del 2024
Desde la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) manifestamos nuestra preocupación ante las acciones de un grupo de senadores que buscar destituir a la senadora Kattya González con argumentos falaces, y rechazamos el abuso de una eventual mayoría para obrar en función de sus intereses, pisoteando la voluntad expresada por el pueblo paraguayo en las urnas.
El intento de perdida de investidura es un claro atropello a la Democracia Paraguaya. Ésta y las demás acciones que venimos denunciando confirman con claridad el modelo autoritario que busca imponer el gobierno.
La imposición, el atropello, la violencia y el cierre de espacios de debate y participación de la sociedad civil es una constante que busca imponer el cartismo y es el camino univoco a la instalación de un régimen autoritario.
Se busca acallar las voces disidentes y los reclamos populares para avanzar en los proyectos de copamiento del poder. Hoy el ataque es hacia la senadora Kattya González, después serán otras senadoras, senadores, personas y organizaciones defensoras de la constitución nacional y las leyes conquistadas por el pueblo.
La voluntad popular y la participación de la sociedad en los asuntos del Estado no sólo deben ser respetadas sino promovidas y protegidas por el Estado Paraguayo.
Es nuestro deber estar atentos y activar todos los mecanismos legales y populares para detener el atropello a la voluntad del pueblo y la Constitución Nacional.
Coordinación de turno: Fundación Vencer, Grupo Sunu y Heñói.
Secretario Ejecutivo: Dante Leguizamón.
Anexo 4
Caso Eusebio Torres: El Tribunal de Sentencia condena a 30 años de prisión a ex-comisario[4]
20 de febrero del 2024
En la última sesión desarrollada por el Tribunal de Sentencia sobre el caso del ex-comisario Eusebio Torres acusado de hechos de tortura, vejámenes y tratos crueles e inhumanos a numerosas personas opositoras a la dictadura stronista, el colegiado emitió la condena de 30 años de prisión para el exrepresor.
El mismo siguió la audiencia de manera virtual, en que brindó su alegato final, así como los expresos denunciantes Carlos y Luis Casco.
Consideramos que esta sentencia, ajustada a derecho en todos sus términos y poniendo foco en la dignidad de la persona, constituye el castigo más importante dado por un órgano de justicia en los últimos 10 años. A la vez, en su parte resolutiva, el Tribunal deja claramente establecido que los delitos de lesa humanidad no prescriben, según la norma constitucional y los pactos internacionales suscritos por el Paraguay.
Este aspecto marca una notable diferencia con jueces y jurados que hasta hace pocos años concedían el sobreseimiento a ex-policías acusados de torturas y hechos graves.
Esta sentencia, que contó con el voto unánime de los tres jueces encargados, constituye para los miles de víctimas directas e indirectas de la dictadura una reparación largamente esperada. Así como para defensores de DD.HH y ciudadanía en general.
Saludamos este paso importante dado por los jueces Juan Ortiz, Rossana Sandoval y Manuel Aguirre, al igual que la Fiscala Sonia Sanguines y equipo por el sentido de justicia de esta demanda y la probidad con que actuaron a lo largo del presente proceso.
Instamos a seguir atentos y atentas al cumplimiento de esta sentencia y, sobre todo, al hecho de que la misma sea apelada por la defensa y pase a un juzgado de segunda instancia que puede suscribir esta resolución o modificarla sustancialmente.
¡Por la Verdad, la Justicia y la Memoria! ¡Dictadura Nunca Más!
Codehupy y la Mesa Memoria Histórica
Servicio de Paz y Justicia – CIPAE -SPP- FCPA -CUT-A – CODELUCHA – Museo de las Memorias
Anexo 5
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora[5]
7 de marzo del 2024
Desde la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) nos sumamos a la conmemoración de este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y aunamos nuestra lucha por la vigencia plena de los derechos humanos en general y los derechos de las mujeres en nuestro país. Los grandes avances que hemos tenido para lograr la igualdad plena de las mujeres, hoy están siendo cuestionados en el escenario político nacional, a partir de posiciones autoritarias, patriarcales y antidemocráticas de autoridades, congresistas, funcionarios y funcionarias de alto rango, que deberían estar cumpliendo los preceptos de igualdad y no discriminación e igualdad para mujeres y hombres, entre otras garantías constitucionales, y no tratando de generar retrocesos normativos para imponer misoginia, machismo y violencia de género prevaleciéndose de su poder coyuntural, principalmente en el Congreso Nacional.
Por eso, en este día de lucha, la Codehupy se une a las demandas de las mujeres del Paraguay para:
Repudiar la pérdida de investidura de la senadora Kattya González en un acto de atraco a las propias normativas internas del Congreso Nacional y violando una serie de derechos constitucionales, entre ellos el derecho al debido proceso, a los que todas las personas deben acceder. Además, la exclusión de la senadora de un espacio de poder como el Parlamento es una medida ejemplificadora para las demás mujeres que deseen competir en el ámbito de la política, y es una demostración de fuerza machista y patriarcal, donde uno de los mensajes es que las mujeres que posicionan sus ideas y las defienden, enfrentan a los hombres y no guardan la «compostura», protagonizan comportamientos que no serán tolerados, menos en un espacio tradicional del poder masculino, como es el Congreso Nacional.
Defender la vigencia plena de la Ley N.º 5777 De protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia que es una normativa que ordena al Estado desarrollar todas las políticas públicas que se requieran para combatir la violencia hacia las mujeres, atacar las diferentes caras de la violencia de género y contribuir a la disminución de la violencia doméstica, familiar y los feminicidios, cuyos números acrecientan día a día la orfandad de niños y niñas por el arrebato violento de la vida de sus madres; pues el feminicidio íntimo, el asesinato de mujeres en el marco de las relaciones de pareja, es el más frecuente en nuestro país.
Confrontar el poder ciudadano con las intenciones de derogación de esta ley por parte de congresistas que se ufanan de tener el poder para amenazar a las mujeres justo en un día de celebración, el día de la mujer paraguaya. La ley no necesita ser derogada, necesita que la justicia la cumpla cabalmente y la utilice para los fines que claramente se establecen en sus articulados.
Recordar al Ministerio de la Mujer y a las distintas instituciones del Estado que se ocupan de la planificación, diseño e implementación de las políticas públicas para combatir la violencia hacia las mujeres en su diversidad, que se precisa de una mayor voluntad política y presupuestos adecuados para la implementación de acciones efectivas para parar la violencia. El rendimiento de cuentas que presentaron el año pasado en el Congreso Nacional, a pedido de la sociedad civil y de la Codehupy, está hecho. Queda entonces verificar lo que han hecho durante el año.
Reclamar los bajos presupuestos que se asignan para las políticas públicas de protección a las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Entre los años 2017 y 2023 se verificó un descenso importantísimo en los presupuestos del Ministerio de la Mujer, y también ha sido recortado el presupuesto de la lucha contra la trata y la explotación infantil del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Otras instituciones públicas que deben intervenir en los procesos de prevención (Ministerio de Educación y Ciencias), asistencia y protección (Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Ministerio del Interior), y en la persecución penal (Ministerio Público), no solo han disminuido su presupuesto, sino que no cuentan con políticas específicas de abordaje a la violencia contra la mujer.
Por todos estos reclamos, desde la Codehupy reafirmamos el compromiso de continuar demandando al Estado y sus instituciones por más cumplimiento de derechos que ya han sido conquistados por las mujeres del Paraguay, y que no podrán ser arrebatados por objetivos oscurantistas que buscan el retroceso de derechos y el ejercicio de ciudadanía plena en el Paraguay.
Coordinación de turno: Grupo Sunu, Fundación Vencer y Heñói.
Secretario Ejecutivo: Dante Leguizamón.
Contacto: Myrian González; +595 981 406878
Anexo 6
Plataforma por el Derecho a la Salud en Paraguay[6] – Comunicado por el Día Mundial de la Salud
7 de abril del 2024
En el Día Mundial de la Salud, queremos recordar que seguimos ante un momento crítico en la historia, donde la defensa de la salud y el derecho a la vida exigen una acción enérgica por parte del Estado y una participación activa de la sociedad en su vigilancia.
Es hora de dejar de deambular por los pasillos de hospitales en busca de atención en salud y de dejar de empobrecernos para cuidar de nuestros seres queridos. Exigimos nuestro derecho como ciudadanía a un sistema de salud público, universal, gratuito, integral, intercultural, de calidad y con calidez. Un sistema que sea sostenido con recursos públicos basados en principios de justicia tributaria.
Desde la Plataforma por el Derecho a la Salud, volvemos a reiterar la necesidad de construir el sistema de salud que merecemos, y para ello, exigimos:
La creación de una mesa de participación social, promovida desde el Ministerio de Salud, que permita un diálogo abierto y transparente con la sociedad organizada para la construcción del Sistema Público Universal de Salud.
Defender la salud como un derecho humano, protegido y promovido para todas las personas sin distinción alguna.
Entender la salud como un proceso histórico que abarca el bienestar físico, mental y social, la calidad de vida y la dignidad humana, enfrentando los determinantes sociales de la salud.
Reconocer que el Estado está obligado a proteger la salud como un derecho de toda la población, sin sesgos ni discriminaciones.
Generar las condiciones para alcanzar la universalidad de la salud, garantizando el acceso y la cobertura total de servicios para todas las comunidades y personas.
Cumplir con el principio de gratuidad en todo el sistema público de salud, sin que los costos sean un determinante de exclusión.
Garantizar una inversión pública adecuada en el sistema sanitario, de al menos el 6% del Producto Interno Bruto, según las recomendaciones de la OPS/OMS.
Promover la justicia tributaria para financiar el sistema de salud y evitar su mercantilización, garantizando la equidad en el acceso.
Adecuar los servicios de salud para brindar respuestas integrales y centradas en las personas, con calidad y calidez.
Dignificar a los trabajadores de la salud, garantizando sus derechos laborales y su cuidado en situaciones de emergencia.
Fortalecer la Atención Primaria de la Salud como eje vertebrador del sistema, con un enfoque integral y multidisciplinario.
Reconocer y respetar las distintas etnias que conviven en nuestro país, promoviendo un enfoque intercultural de la salud en todas las acciones públicas.
Crear las condiciones para implementar un Sistema Único de Salud que garantice este derecho para todas las personas, sin discriminación.
No más exclusión, no más inequidad, la Salud para todos y todas es ahora.
¡La Salud es un Derecho!
La Plataforma por el Derecho a la Salud en Paraguay está conformada por Amnistía Internacional Paraguay, la Asociación de Tecnología, Educación, Desarrollo, Investigación, Comunicación (TEDIC), la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES), la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), Fundación Vencer, Heñói Centro de Estudios, Red de Ongs que trabajan en VIH/SIDA y otras organizaciones de derechos humanos.
Anexo 7
Mientras el Mundo entero pide alto al fuego y asistencia humanitaria, Paraguay vota en contra de la Paz[7]
8 de abril del 2024
La Coordinadora de Derecho Humanos del Paraguay (Codehupy) ve con suma preocupación la posición del Estado paraguayo ante el conflicto impulsado por Israel contra Hamas y el Estado Palestino y la escalada sin precedentes del mismo. Las acciones bélicas de Israel, que han impactado decididamente en la población civil, así como las acciones de Hamas son intolerables a la luz de los derechos humanos. Las cifras de personas muertas, la destrucción de ciudades, pueblos y la migración forzada han rebasado cualquier antecedente del conflicto, y son más que alarmantes.
El Estado Paraguayo, lejos de sumar su voz a la de la comunidad internacional que exige el cese inmediato del fuego, asistencia humanitaria y el fin de la ocupación de Israel a los territorios de Palestina, votó recientemente en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en contra de: 1. Garantizar la rendición de cuentas y la justicia en los territorios palestinos ocupados. 2. El derecho a la libre autodeterminación de los pueblos. 3. Parar la provisión de armas a Israel. 4. Señalar nuevas ocupaciones de Israel en otros territorios de Palestina.
Sin embargo, este comportamiento estatal no es nuevo, puesto que desde el comienzo de este conflicto, el Estado paraguayo se ha mantenido en contra de los pedidos de cese de fuego y ayuda humanitaria, insistiendo inclusive con el cambio de la sede de la embajada a la ciudad de Jerusalén, lo que podría ser considerado como una afrenta a todo el pueblo árabe de la zona.
La posición del Estado Paraguayo no representa el sentir de la población en general, y en particular de la sociedad civil organizada.
En este contexto, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) suma su voz de protesta ante las criminales acciones de todas las partes en conflicto y particularmente ante la criminal agresión del Estado de Israel hacia Palestina y exige al Estado Paraguayo y a la comunidad internacional:
1. El cese inmediato del fuego, que debe ser acatado por todos los sectores involucrados en el conflicto.
2. Asistencia humanitaria urgente a todos los sectores del conflicto para evitar la catástrofe humanitaria que está aconteciendo en estos momentos.
3. A la comunidad internacional que inste decididamente al Estado de Israel a poner fin a la ocupación de Gaza y Cisjordania que mantiene desde 1967.
Asimismo, conminamos al Estado Paraguayo a revisar su posición, atendiendo que la misma colisiona con los principios de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y dista mucho de los principios de paz y solidaridad que deben caracterizarnos como nación.
Coordinación de turno: Grupo Sunu, Iniciativa Amotocodie y Centro de Estudios Heñói.
Secretario Ejecutivo: Dante Leguizamón.
Anexo 8
Comunicado a la opinión pública en el Día del Indígena Americano[8]
19 de abril del 2024
En los últimos años, asistimos a casos de extrema violencia como el acontecido contra el pueblo Paĩ Tavyterã, quienes sufrieron invasiones a sus tierras y territorios sagrados y padecieron el asesinato sistemático de varios miembros de su comunidad y de su líder espiritual. De manera creciente, los diferentes pueblos indígenas en Paraguay se encuentran sufriendo desalojos y amedrentamiento por parte de grupos que, con la complicidad de fuerzas del Estado paraguayo, buscan despojarles de sus territorios.
Paralelamente a los desalojos violentos, los grupos de poder están implementando nuevos mecanismos para usurpar territorios indígenas, como proyectos de ley totalmente contrarios a la Constitución de la República del Paraguay y a los derechos de los pueblos indígenas, tales como el de ley de fideicomiso de tierras, presentado el pasado diciembre y que afecta a los ayoreos totobiegosode. Esta iniciativa viola convenios internacionales suscritos y ratificados por el país, constituyendo una afrenta a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Además, el gobierno en general y el INDI en particular, siguen ignorando las acuciantes demandas de la población indígena, asignando un presupuesto irrisorio para las políticas dirigidas al sector.
Las megaobras, en el marco del actual modelo agroexportador insustentable y de extracción de los bienes comunes de la naturaleza, tienen impactos devastadores en el desarrollo de las vidas de los pueblos indígenas. La invasión de las tierras ancestrales del pueblo Maká para la construcción del puente Héroes del Chaco y las consecuencias de la Ruta Bioceánica en la Región Occidental para los Ayoreos y otros pueblos indígenas chaqueños —trata de personas, pérdida de territorio, incremento del crimen organizado, deforestación, entre otros— ilustran cómo estas obras no solo ignoran los derechos indígenas, sino que los vulneran aún más como pueblos. También es preocupante el anuncio reciente de intenciones de habilitar carreteras, como la nueva carretera entre Bolivia y Paraguay, acordada sin consulta previa, que afectará territorio Guaraní en Bolivia y zonas de presencia de los últimos grupos Ayoreo en aislamiento voluntario del Gran Chaco Americano.
El racismo, las diferentes formas de violencia estructural contra pueblos indígenas, asesinatos de líderes, usurpación e invasiones de territorios, destrucción de ecosistemas, están sustentados en el modelo extractivista del agronegocio vigente, que ahora también se encuentra incursionando en la prospección minera y de hidrocarburos en territorios de alto valor ambiental. Es ese extractivismo el que impulsa la limpieza étnica para la explotación de los bienes comunes de la naturaleza en todo el territorio paraguayo hasta su agotamiento total.
A estas violaciones sumamos las discriminaciones salariales estructurales y las lesiones de derechos laborales sistemáticamente cometidas por el empresariado agroganadero contra trabajadores rurales indígenas y sus familias, reducidas al trabajo esclavo en las estancias, frente a la indolencia de los organismos estatales, que más bien se constituyen en gestores de intereses del sector privado.
De esta manera, el día del Indígena Americano pasa de ser un día de celebración a un día de la memoria y denuncia del genocidio y los crímenes de lesa humanidad implementados por el colonialismo y el extractivismo destructivo sobre el territorio que hoy es Paraguay.
Desde el Grupo de Trabajo Tierra, Territorio, Ambiente y Derechos Humanos, y todas las organizaciones que integran la Codehupy, exigimos al Gobierno Paraguayo, al Congreso y al Poder Judicial, a cumplir con sus obligaciones internacionales de respetar, proteger y garantizar los derechos de los pueblos indígenas, tal como se establece en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros instrumentos internacionales de derechos humanos. Además, se debe garantizar la participación de los mismos en la definición de las políticas y decisiones que les conciernen directamente, como lo vienen exigiendo insistentemente desde sus organizaciones.
Asimismo, hacemos un llamado a la comunidad internacional, a las organizaciones de derechos humanos y a la sociedad civil a unirse en solidaridad con los pueblos indígenas de Paraguay y a exigir el cese inmediato de todas las formas de violencia, discriminación y despojo de tierras que enfrentan.
¡Por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas!
Coordinación de turno: Heñói, Iniciativa Amotocodie y Seija.
Secretario Ejecutivo: Dante Leguizamón.
Anexo 9
Comunicado de las Organizaciones de la Sociedad Civil[9]
30 de mayo del 2024
Las OSFL reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia y legitimamos la cooperación para el desarrollo y la democracia en el país.
Ante expresiones señaladas por diferentes actores políticos que buscan instalar desconfianza y prejuicios hacia las Organizaciones Sin Fines de Lucro de Paraguay (OSFL – ONGs), las organizaciones cooperantes y las relaciones con entidades de diversos países, señalamos cuanto sigue:
Las OSFL que trabajamos en el marco de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas para el desarrollo democrático y, que, además, contamos con una conocida trayectoria en el país, estamos siendo atacadas por grupos políticos que intentan dañar la imagen de las organizaciones y socavar el trabajo esencial que realizamos en beneficio de la participación ciudadana.
Estos ataques se dan en línea con el proyecto de Ley «Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las OSFL» que se encuentra en estudio en el Congreso Nacional y que, para nuestro sector, apunta a debilitar e impedir el protagonismo de la ciudadanía para el funcionamiento de la democracia, como un rol fundamental de las OSFL.
Ante esta situación, reiteramos que nos encontramos ante un momento crítico para la seguridad jurídica de la democracia, ya que este proyecto de ley representa un grave riesgo para el desarrollo y el progreso de nuestro país y es fruto de un autoritarismo que amenaza el ejercicio activo de la ciudadanía y debilitar la sociedad. Las OSFL ya estamos regidas por diversas normativas de control, transparencia y gestión, por ello sostenemos que este proyecto de ley sólo tiene por objetivo, perseguir, amedrentar y asfixiar a la actoría ciudadana, con disposiciones vagas y ambiguas, requisitos onerosos, al igual que sanciones desproporcionadas que podrían atentar contra la libertad de asociación, apeligrar la democracia participativa y poner en riesgo la seguridad jurídica, tan fundamental para el Estado de derecho.
Nuestra fortaleza radica en el cumplimiento de las normativas, la transparencia y en el impacto positivo de los proyectos que llevamos adelante; legitimamos nuestra actividad a través de la cooperación entre diferentes actores sociales, organizaciones internacionales, gobiernos, sector privado y sociedad civil, para enfrentar los nuevos desafíos, construir alianzas estratégicas que potencien los recursos disponibles y multipliquen el impacto de nuestras acciones.
Además, reafirmamos nuestro firme compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas, la cooperación, la promoción y el fortalecimiento de las políticas públicas que favorezcan el desarrollo y el bienestar de nuestro país.
No podemos permitir que intereses políticos y autoritarios prevalezcan sobre el bien común. Como miembros de la sociedad, permanecemos firmes en defensa de la democracia, la transparencia y la justicia social. Es nuestro derecho y nuestro deber alzar la voz en contra de cualquier intento de debilitar y perjudicar nuestra labor, por lo cual hacemos un llamado a los representantes parlamentarios a circunscribir sus anteproyectos de ley en el marco de nuestra Constitución Nacional, y no salir de la normativa que establece ese contrato social que tenemos como sociedad, para la convivencia democrática y pluralista.
[1] Publicación en web: https://cutt.ly/deKVYRnk
[2] Publicación en web: https://cutt.ly/YeKVObqp
[3] Publicación en web: https://cutt.ly/OeKVP49G
[4] Publicación en web: https://cutt.ly/teKVAQOg
[5] Publicación en web: https://cutt.ly/QeKVSolD
[6] Publicación en web: https://cutt.ly/oeKVDu8d
[7] Publicación en web: https://cutt.ly/SeKVF9uZ
[8] Publicación en web: https://cutt.ly/IeKVHrlY
[9] Publicación en web: https://cutt.ly/zeKVJtuX
