Las políticas para el sector privado avanzan gracias a un Estado al servicio de sus intereses. Prueba de esto es la reglamentación de leyes promoviendo falsas soluciones, como los monocultivos, y habilitando licencias ambientales para actividades extractivistas. Mientras, brillan por su ausencia políticas que atiendan a la población en general y en especial a la de sectores vulnerables. El país se incendia —literal y figuradamente— en un sostenido camino trazado por un Estado ausente que asegure el derecho a un ambiente sano.
La destrucción de ecosistemas y la degradación de bienes fundamentales, como el agua dulce, el aire limpio y tierras fértiles, ponen en peligro la vida, la salud y los medios de subsistencia de miles de personas. Este informe aborda cómo la crisis ecológica, ambiental y climática se ha convertido en una emergencia de derechos humanos con consecuencias profundas para las comunidades indígenas, campesinas y urbanas del país, subrayando la necesidad de una acción decidida para proteger tanto a las personas como al medio ambiente.
Situación del derecho en 2024
Avances jurídicos, sin atención a la crisis ambiental
Las novedades normativas en este periodo han sido mínimas y las existentes reflejan un apoyo al sector económico dominante, que influye en la dirección de la legislación ambiental.
Proceso de reglamentación de la Ley N.º 7190[1] de Créditos de Carbono en Paraguay. La propuesta de ley presentada desde el sector privado defiende los intereses de empresarios latifundistas, ganaderos y sojeros. Como ya se mencionó en el informe anterior[2], existe desde la sociedad civil una preocupación de cómo se va a realizar esa regulación de los mercados de carbono. Recientemente, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) ha llevado a cabo talleres para construir la propuesta de reglamentación de esta ley. La escasa información disponible revela la participación de actores clave en la temática, como representantes de instituciones públicas, sector privado, academia, organismos no gubernamentales y gremios de la producción. Los encuentros están alineados a acciones del proyecto Paraguay + Verde, del Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés). Aparte de una nota sobre la actividad, no existe un documento disponible sobre los resultados de dichos talleres.
Emergencia ambiental, proyecto estancado. A raíz de la situación crítica de incendios forestales que se presentó en el país desde agosto de 2024, desde la Cámara de Senadores se presentó el 22 de agosto un proyecto de ley «Que Declara de Emergencia Ambiental a los Departamentos de Boquerón y Alto Paraguay, afectados por la Sequía y los Incendios Forestales»[3]. Sin embargo, el proyecto quedó estancado en el primer trámite constitucional, en manos de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública; Asuntos Departamentales, Municipales, Distritales y Regionales; y Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible.
Políticas públicas negacionistas
Durante el periodo de este informe, el Gobierno nacional mantuvo la ya conocida política negacionista del cambio climático y continúa sin aceptar las resoluciones de la ONU sobre casos relacionados con agrotóxicos en el país.
Durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 28), celebrada en Dubái en diciembre de 2023, el presidente Peña afirmaba que, en materia climática, «los países en vías de desarrollo no podemos postergar nuestro desarrollo por exigencias unilaterales que rayan la arbitrariedad»[4], haciendo referencia al requerimiento de la Unión Europea de que la soja que importa ese bloque económico debe provenir de territorios libres de deforestación. En concordancia con esta posición de defensa de prácticas productivas de agronegocios que causan graves impactos en los territorios, tanto la Unión de Gremios de la Producción (UGP) como la Asociación Rural del Paraguay (ARP) emitieron declaraciones respaldando la posición oficial nacional.
Meses después de estas temerarias opiniones, al iniciarse el gravísimo incendio del Monumento Nacional Chovoreca, diferentes instituciones públicas se vieron obligadas a asumir posiciones de responsabilidad ante la gravedad de la situación. El Instituto Forestal Nacional (Infona) pidió tolerancia cero ante los incendios provocados[5] y presentó denuncia penal ante las oficinas del Ministerio Público en Fuerte Olimpo contra quienes iniciaron los incendios. Al mismo tiempo, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible firmó un convenio con la Asociación Rural del Paraguay con el objetivo de «Implementar cooperación interinstitucional entre las partes para diseñar e implementar programas y proyectos de carácter económico, ambiental, social, y de cualquier otro tenor de interés común para ARP y MADES»[6]. Este convenio se destaca por la amplia difusión que recibiera y por lo contradictoria que resulta la colaboración estrecha del MADES con el gremio que ha negado públicamente responsabilidad en la deforestación, en la pérdida de biodiversidad y en los graves impactos que la ganadería a gran escala está causando en el Chaco paraguayo.
Nuevo documento sobre biodiversidad
En agosto, el MADES publicó el Primer Borrador Oficial de las Metas de Biodiversidad del Paraguay[7], hecho público pocas semanas antes del inicio de una nueva Conferencia de las partes del Convenio de Diversidad Biológica (COP 16 CBD)[8]. El documento recibió críticas de parte de organizaciones de la sociedad civil (OSC)[9], centradas en:
- La debilidad en las metas de reducción de especies invasoras (metas 7 y 10), algunas de las cuales están siendo promovidas fuertemente por el Gobierno nacional, como el eucalipto y la pongamia.
- La búsqueda de mitigación de los impactos de los agrotóxicos (metas 10 y 11) y la nula reacción oficial a las recomendaciones que realizó en 2023 el Relator Especial de sustancias tóxicas y derechos humanos Marcos Orellana.
- La estrategia de enfrentar el cambio climático con «soluciones basadas en la naturaleza» (metas 13 y 14). El documento crítico de las OSC afirma que muchas de las llamadas «soluciones basadas en la naturaleza» no son sino planes de negocio cuyo aporte para enfrentar el cambio climático es escaso. Nos referimos a los monocultivos forestales mal llamados «reforestación»; a la bioenergía que no es más que una forma de estimular producción vegetal a gran escala sin aportar al necesario cese de emisiones GEI, entre otras.
- La falacia de los aportes financieros «para enfrentar el cambio climático», dado que en el Paraguay los mecanismos financieros estimulados desde el Gobierno son los certificados de servicios ambientales y la venta de bonos de carbono, en ambos casos, propuestas de negocios bajo el nombre de «incentivos». Estos mecanismos de compensación no ponen freno a las actividades destructivas.
La crisis ecológica, ambiental y climática en Paraguay exige un enfoque integral que incluya tanto los derechos humanos como la justicia climática. Las políticas actuales en materia ambiental, de protección de biodiversidad, de manejo de incendios y control de la deforestación no responden a la magnitud del problema, y la falta de sanciones efectivas para quienes incumplen las leyes agrava la situación. Las comunidades indígenas y campesinas, que históricamente han estado en armonía con el medio ambiente, necesitan ser incluidas en la toma de decisiones sobre el manejo de sus territorios y de los bienes comunes de la naturaleza.
Avance de monocultivos forestales: caso Paracel
En el informe 2023 se había advertido que el presidente Santiago Peña declaraba su intención de favorecer la expansión de los negocios forestales en Paraguay hasta 1 millón de hectáreas. Tal como lo anunció, las plantaciones forestales crecen aceleradamente, y es el caso del avance de la construcción de la planta de Paracel.
Paracel es un controvertido proyecto de producción de pasta de celulosa para la elaboración de papel en el departamento de Concepción, presentado como promesa de desarrollo sostenible y mitigación al cambio climático por la supuesta captura de carbono, pero cuyo manejo en la gestión ambiental, sanitaria y legal es conflictivo. Es denunciado por sus víctimas, miembros de comunidades aledañas y organizaciones sociales, por deforestación, fumigación, desecamiento, mientras que los trabajadores vinculados a la planta denuncian violación a sus derechos laborales, despidos injustificados y maltratos en sus puestos de trabajo. Además, ocupan tierras del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), que tenían otros fines.
Denuncia de las familias. Las 180 mil hectáreas plantadas con eucaliptus, especie que consume más agua que cualquier otra especie forestal, motivaron la asamblea de familias campesinas realizada en agosto en Huguá Ñandú[10], en la que se denunció el impacto de las fumigaciones, el desecamiento de nacientes y humedales, además de otras alteraciones ecológicas que impactan en los cultivos campesinos.
Denuncias de trabajadores. El 14 de junio, alrededor de 150 trabajadores de una obra en construcción de la empresa Paracel presentaron síntomas de intoxicación tras la ingesta de alimentos en mal estado[11]. Los cuadros más graves fueron derivados a urgencias del Hospital Regional del Instituto de Previsión Social (IPS) de Concepción. Según el informe médico, en total fueron atendidas 45 personas, dos de ellas en estado de shock por los vómitos y diarrea persistentes. Lejos de ser un caso aislado, esta intoxicación masiva representa apenas una pequeña muestra de las irregularidades y precariedades en que se encuentran los trabajadores que prestan servicios de manera tercerizada para la multinacional. Algunos testimonios[12] así lo ratifican:
En su mayoría fideo o arroz con algunas pequeñas porciones de carne, a veces cocinan vorí vorí de pollo, pero con carne que expide un mal olor. Alimentos que huelen mal, en mal estado, nada de fruta. A veces traen, pero no nos dan. Reclamamos, pero nadie atiende nuestros reclamos.
[…] muchas veces no comíamos, lo tirábamos todo porque era incomible; la mayoría de las veces daban pollo, fideo y arroz, pero no siempre estaban en buenas condiciones, no era rico; muchas veces abrías el pollo y no estaba cocinado, sangraba.
Uso de tierras de uso social. La empresa además ocupa irregularmente con monocultivo de eucalipto unas 3.000 ha de tierras en el distrito de Sargento José Félix López (Puentesiño), que corresponderían a la Finca N.º 573 – Padrón N.º 714, propiedad del Indert, tierras destinadas para fines sociales del distrito.
Otorgamiento masivo de licencias ambientales: prospección de litio e hidrocarburos
Teniendo en cuenta la situación crítica de incendios en los últimos meses en el país y la región, en especial al norte del país, se presentan ciertos datos sobre licencias otorgadas en la zona.
- Licencias ambientales durante el periodo 2020-2024[13] solicitadas por el distrito de Bahía Negra. Del total de 396, 395 han obtenido la Declaración de Impacto Ambiental (con licencia otorgada), mientras que solo una ha recibido una resolución de rechazo. Este último corresponde a un proyecto para producción de carbón vegetal en una propiedad de 8.000 ha y fue rechazado porque la propiedad se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera del Chaco (región entre Paraguay, Argentina y Bolivia, de gran importancia ecológica y cultural) y con 4.729 ha dentro de los límites del Parque Nacional Médanos del Chaco.
- Licencias para proyectos de explotación agrícola, ganadera, forestal y granjera. Se destacan 296 proyectos de explotación agropecuaria, planes de uso de la tierra, producción de carbón, planes de reforestación, silos.
- Pedidos destinados a proyectos de extracción de combustibles fósiles y sus procesamientos. Fueron otorgadas 11 licencias para la prospección y exploración de hidrocarburos y prospección de minerales metálicos y no metálicos, donde los proponentes son unas pocas empresas: Zeus Ol S. A., empresa de explotación de hidrocarburos, con varias concesiones en el Bloque Cerro León de la zona del Chaco[14], en áreas de influencia que afectan la zona de la Reserva de la Biosfera, Parque Nacional Defensores del Chaco y Parque Nacional Médanos del Chaco. La empresa Valquiria Exploration Sociedad Anónima, empresa relacionada a la explotación de litio en el Chaco con solicitudes aprobadas para explorar un total de 399.330 hectáreas[15]. La empresa Minera Atenea S. A., que lleva a cabo actividades de prospección de minerales metálicos y no metálicos, con solicitudes en el norte del distrito y al sur de la zona de Médanos del Chaco, con 393.627 hectáreas para su prospección. Por último, Paraguay Lithium tiene cinco solicitudes, alcanzando una extensión discontinua de 398.724 ha[16].
- Proyecto de extracción de minerales sólidos, superficiales o de profundidad y sus procesamientos del año por la empresa Ocho A S. A. (8A). Esta empresa obtuvo la licencia para la prospección de minerales no metálicos en un área de 30.893 hectáreas, que lindan con el Parque Nacional Defensores del Chaco, su zona de amortiguamiento, y una Reserva Privada «Lote 1». En lugar de rechazar el proyecto debido a su proximidad a una de las áreas protegidas más importantes del Chaco y los peligros asociados a la prospección minera, como la destrucción de hábitats, la contaminación del agua y del aire, la erosión del suelo y la exposición a sustancias tóxicas y otras alteraciones al paisaje, se decidió aceptar parcialmente un «recurso de consideración» presentado por el proponente.
Liberación de nuevos OGM y de edición genómica: desregulación y atentado a la biodiversidad agroalimentaria
Como resultado de un fuerte debilitamiento de las regulaciones sobre bioseguridad, protección precautoria a los consumidores y la biodiversidad, a octubre de 2024, se suma un total de 61 eventos transgénicos liberados en el territorio paraguayo. Entre ellos se encuentran 25 eventos transgénicos de maíz, 10 de soja, 8 de algodón y 1 de trigo; además, se ha liberado un total de 16 organismos de edición genómica que constituyen una nueva amenaza a la biodiversidad agroalimentaria del territorio.
Estas tecnologías intervienen el genoma cambiando su función, a partir del corte de minúsculos segmentos de ADN, con el uso de una tecnología llamada CRISPR[17] y un sistema asociado denominado CAS (CRISPR Asociated Systems), que consiste en cortar lugares específicos del cromosoma[18]. En el caso de la agricultura, estas técnicas tienen el objetivo de «engañar a las leyes naturales de la herencia y forzar a que los genes introducidos en un organismo sean heredados a toda una población o incluso, si funciona, a toda una especie»[19]. Las principales corporaciones del agronegocio tienen patentes de estos organismos, lo cual implica una nueva etapa de privatización del genoma de seres vivos, tales como bacterias e insectos.
En este escenario, hoy se encuentran liberados en el país organismos de edición genómica de una levadura denominada Saccharomyces cerevisiae (15 cepas), más conocida como «levadura de la cerveza», una bacteria fundamental utilizada para la elaboración de vino, cerveza, pan, entre otros[20]. Resulta grave la liberación ambiental de estas cepas transgénicas, ya que no se puede asegurar el control sobre la transferencia de genes a otros microorganismos, lo cual podría afectar la biodiversidad y el equilibrio ecosistémico.
Se liberó también un organismo de edición genómica del insecto Spodoptera frugiperda[21], conocido como gusano cogollero. El evento transgénico tiene como característica la incorporación de un gen autolimitante que, una vez liberado al territorio, transmitirá a su descendencia, impidiendo que las crías hembras alcancen la madurez y se reproduzcan[22]. Esto podría provocar efectos inimaginables, en un contexto determinado por la sexta extinción masiva de especies[23]. Su desarrollo responde al fracaso de la primera generación de transgénicos, ya que a este gusano le atribuyen importantes pérdidas de maíz transgénico BT en Brasil y en otros territorios[24].
En el caso de las semillas, este proceso ha implicado un avance hacia la apropiación del genoma vegetal por parte de las corporaciones, la pérdida de variedades nativas y criollas de maíz, y el uso de mayor cantidad de agrotóxicos: la mayoría de ellas tiene como característica la tolerancia combinada hacia dos herbicidas altamente peligrosos, donde se destaca la mezcla entre el glifosato y el glufosinato de amonio, lo cual constituye un agravamiento de la amenaza para los territorios rodeados de monocultivos transgénicos.
La aprobación de estos organismos se ha dado en completo sigilo, lo cual implica un claro atropello a principios constitucionales y legales: transgrede derechos básicos de interés común y público, consagrados en la Constitución, tales como la salud o el ambiente saludable.
Llamado urgente a los derechos humanos frente a la crisis ecológica, ambiental y climática
En septiembre de este año se produjo un gran incendio en la región de Chovoreca, que se extendió rápidamente debido a la sequía y los vientos intensos. El fuego comenzó en la estancia Marangatu I y II, propiedad de Hugo Miguel Zelada Jara y Hugo Sebastián Jara Aranda, expandiéndose con gran rapidez[25].
El incendio afectó gravemente a la propiedad indígena garaigosode, que perdió 14.200 hectáreas de campos y bosques. El Monumento Natural Cerro Chovoreca, refugio de fauna y familias ayoreo en aislamiento, también se vio afectado, con 3.900 hectáreas quemadas[26].
Después de una tregua de cuatro días, nuevos focos de incendio aparecieron el 17 de septiembre, reavivados por el viento norte[27]. Finalmente, según datos actualizados por el Infona, al mes de septiembre de 2024, un total de 159.116 hectáreas han sido afectadas por los incendios forestales que se registran en la región del Chaco paraguayo. De este número, 149.124 hectáreas, es decir el 93,7%, corresponden a bosques nativos[28]. A nivel nacional, para el mismo periodo, se registró una superficie total estimada de afectación de 318.604 hectáreas[29].
Los incendios forestales y la deforestación descontrolada afectan gravemente el derecho de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas a sus tierras y territorios ancestrales, esenciales para su cultura, identidad y medios de vida. La destrucción de bosques y otros territorios no solo amenaza el equilibrio ecológico de Paraguay, sino que también socava las prácticas tradicionales que estas comunidades han desarrollado en armonía con la naturaleza durante milenios. En el caso del Chaco paraguayo, donde la devastación es especialmente grave, la pérdida de biodiversidad y de bienes comunes de la naturaleza compromete el futuro de estos pueblos y comunidades, generando un «ecocidio cultural», que amenaza con borrar costumbres y saberes ancestrales.
La expansión de los incendios y la deforestación afectan directamente el acceso al agua, especialmente en regiones vulnerables como el Chaco, donde el agua ya es un recurso escaso. La destrucción de los bosques, que actúan como reguladores hídricos, agrava las crisis de agua. Además, el uso excesivo de agua por parte de industrias extractivas y agropecuarias en la región contribuye a esta crisis, dejando a las comunidades locales en una situación de extrema vulnerabilidad y sin medios para acceder a agua potable en cantidad y calidad suficientes.
En este contexto general, hay una afectación específica de los derechos de las mujeres, tanto en comunidades campesinas como indígenas. La crisis climática obliga a redoblar esfuerzos para acarrear agua cada vez desde mayores distancias, ante la desaparición paulatina de riachos, ríos y otras fuentes que se secan, y que antes nutrían a sus comunidades. Frente a los desafíos de alimentar a sus familias, también se enfrentan a la pérdida de sus animales domésticos, de sus cultivos y huertas, la disminución de material orgánico tradicionalmente usado para sus artesanías y a la aparición de enfermedades; factores todos relacionados con esta falta de acceso al agua.
El humo de los incendios y los gases contaminantes emitidos afectan la calidad del aire, dañando directamente la salud de las personas[30], en especial en zonas densamente pobladas y en comunidades rurales.
Además, la destrucción de áreas agrícolas, producto del avance de la deforestación y los incendios, impacta directamente en la soberanía y seguridad alimentarias de las comunidades campesinas que dependen de la agricultura de subsistencia. La pérdida de suelos fértiles reduce la capacidad productiva y pone en riesgo el derecho a la alimentación de estas comunidades, limitando el acceso a alimentos seguros y suficientes, y generando una crisis alimentaria en las zonas afectadas.
Emisiones de CO₂ y su contribución a la crisis climática
Los incendios forestales en Paraguay —tanto en la región Occidental y, en los últimos meses en especial en el Chaco, como en la región Oriental— generan una liberación masiva de dióxido de carbono (CO₂) y otros gases de efecto invernadero, que suman significativamente al calentamiento global. La quema de extensas áreas de bosques y pastizales no solo destruye ecosistemas vitales, sino que también convierte a Paraguay en un contribuyente directo de la crisis climática, aumentando la concentración de gases que atrapan el calor en la atmósfera[31]. La pérdida de estos bienes comunes de la naturaleza impide que los bosques actúen como sumideros de carbono, es decir, como reguladores del clima, lo cual intensifica fenómenos extremos como sequías y olas de calor que ya afectan al país. Esta liberación de CO₂ y el deterioro de los ecosistemas representan una dinámica de retroalimentación que agrava la emergencia climática en la que se encuentran el país y el mundo.
Contaminación aurífera: desborde de piletas en Paso Yobái
En la explotación minera aurífera en Paso Yobái[32], localidad del departamento de Guairá, se registraron varios incidentes de desbordamiento de piletas de desechos, contaminando cauces hídricos y afectando la salud de la población de manera inmediata, con graves consecuencias a largo plazo.
Las plantas procesadoras de propiedad de las firmas mineras Gold Max y Che Uru S. A. serían las responsables de los desbordes de líquido contaminante hacia el cauce hídrico, lo que en varios incidentes ocasionó la muerte de grandes cantidades de peces y afectaciones de salud, como dolores de cabeza, náuseas y otros síntomas, a agricultores de la zona, teniendo que ser derivados a centros asistenciales de manera urgente.
Conclusiones
La emergencia ambiental en el Paraguay, marcada por incendios forestales cada vez más frecuentes y devastadores, está afectando no solo la biodiversidad del país, sino también los derechos fundamentales de sus habitantes. En la región Occidental, los incendios consumen amplias extensiones de bosques, poniendo en riesgo especies endémicas y destruyendo hábitats esenciales. Al mismo tiempo, en la región Oriental, los incendios afectan áreas densamente pobladas, incrementando la contaminación del aire y amenazando la salud de las comunidades locales.
Asimismo, en lo que respecta a una política clara de mitigación de los impactos de la minería, el Estado debería asegurar condiciones que eviten la pérdida crítica de la fauna ictícola, de los cauces hídricos y de la salud de las personas, disponiendo la reparación integral de los territorios y la responsabilidad penal de los autores.
Estos incidentes representan una pérdida ambiental y una crisis de derechos humanos, ya que impactan en el acceso al agua, la salud, la alimentación y los medios de vida de las comunidades indígenas, campesinas y urbanas.
La existencia de herramientas para evitar la destrucción ambiental es fundamental para la biodiversidad del Paraguay, así como para garantizar un futuro digno y seguro a todos sus habitantes. Este informe es un llamado a la acción para implementar políticas efectivas que detengan la destrucción de los territorios y garanticen justicia ambiental y social para el pueblo paraguayo.
Recomendaciones
- Declarar en estado de emergencia al Chaco paraguayo, atendiendo a las necesidades de protección de las comunidades campesinas e indígenas y, en especial, a su vulnerabilidad ante la falta de agua potable, las sequías, las quemas e inundaciones cíclicas, disponiendo de manera prioritaria los recursos necesarios para acudir en auxilio a las mismas inmediatamente.
- Poner fin a las prácticas de estos incendios, que no dan tiempo a la regeneración de la vida silvestre y vegetal, por medio de una moratoria que los prohíba por un lapso no menor a 3 años, esclareciendo los hechos y sancionando a sus responsables mediante la aplicación de las leyes ambientales vigentes.
- Respetar y garantizar la indemnidad de los territorios de los pueblos indígenas, ya sea en aislamiento voluntario o no.
- Suspender el otorgamiento de licencias ambientales que autorizan el desmonte de las tierras destinadas a los proyectos de explotación agropecuaria, industrial o forestal, también por un lapso no menor a 3 años.
- Implementar los acuerdos, compromisos y las recomendaciones internacionales, en especial, ratificar el Acuerdo de Escazú.
- Revisar y adecuar la legislación vigente, protegiendo con mayor amplitud reservas naturales, territorios del hábitat tradicional indígena y, en especial, sancionar una Ley de Deforestación Cero para la región Occidental del Paraguay.
Sara Montiel
Ingeniera Ambiental. Actualmente apoyando en el funcionamiento y fortalecimiento de la Red de Semillas Nativas y Criollas y al área de Investigación en temas de Cambio Climático del Centro de Estudios Heñói.
Contacto: sara.montiel12@gmail.com
Inés Franceschelli
Directora ejecutiva del Centro de Estudios Heñói, punto focal para Latinoamérica de Global Forest Coalition.
Contacto: ineselisafranceschelli@gmail.com
Natalia Paola Rodríguez Olmedo
Abogada. Integrante del Área de Casos, Litigios e Incidencias de Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco.
Contacto: nrodriguez@tierraviva.org.py
David Cardozo
Licenciado en Ciencias Ambientales. Miembro de la organización ambientalista Sobrevivencia, Amigos de la Tierra Paraguay. Gerente del Programa Biodiversidad.
Contacto: biodiversi@sobrevivencia.org.py.
Lis García
Investigadora de Base Investigaciones Sociales.
Contacto: lisggarciamar@gmail.com
[1] Promulgada el 12 de octubre de 2023. «Ficha Técnica del Expediente», SilPy – Sistema de Información Legislativa, acceso el 28 de octubre de 2024, https://cutt.ly/aeH0pIlf
[2] Guillermo Achucarro y Sara Montiel, «Negocio para unos pocos, falsas soluciones para muchos», en Derechos Humanos en Paraguay 2023 (Asunción: Codehupy, 2023), 214, https://cutt.ly/MeHVsuUU
[3] «Ficha Técnica del Expediente», SilPy – Sistema de Información Legislativa, acceso el 23 de noviembre de 2024, https://cutt.ly/heH0sYRU
[4] «Peña en COP28: “No podemos postergar nuestro desarrollo por exigencias unilaterales”», ABC Color, 1 de diciembre de 2023, acceso el 21 de noviembre de 2024, https://cutt.ly/EeKDaU3U
[5] «Tolerancia cero ante incendios provocados: Gobierno Nacional articula medidas de contingencia», Instituto Forestal Nacional, acceso el 28 de octubre de 2024, https://cutt.ly/eeHVdpOK
[6] «Convenio entre el Mades y la ARP: Cooperación interinstitucional para promover prácticas agrícolas sostenibles y la protección de los recursos naturales», Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2 de septiembre de 2024, acceso el 28 de octubre de 2024, https://cutt.ly/reHVhtyx
[7] «Presentamos el Primer Borrador Oficial de las Metas de Biodiversidad para Paraguay», Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, 13 de agosto de 2024, acceso el 23 de noviembre de 2024, https://cutt.ly/weHVjhWU
[8] La COP 16 de Biodiversidad se llevó a cabo entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre de 2024 en Cali, Colombia.
[9] «El Grupo de Trabajo de Tierra, Territorio, Ambiente y Derechos Humanos de la Codehupy expresa preocupación ante la participación de Paraguay en la COP16 de Biodiversidad», 11 de octubre de 2024, Codehupy, https://cutt.ly/neHVk2xD
[10] «PARACEL: Pobladores de Hugua Ñandú denuncian daños ambientales», Heñói, 1 de agosto de 2024, acceso el 28 de octubre de 2024, https://cutt.ly/oeHVzjK8
[11] «PARACEL: Precariedad laboral que intoxica», Heñói, 17 de junio de 2024, acceso el 28 de octubre de 2024, https://cutt.ly/9eHVzNDO
[12] Entrevistas realizadas por autoras de este informe. Se reserva el nombre de los denunciantes por seguridad.
[13] Información sistematizada y ajustada del Sistema de Información Ambiental (SIAM), del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, acceso en julio de 2024, https://cutt.ly/oeH0l9wA
[14] Perfil de Zeus Ol S. A. (Zeus Ol), BNamericas, https://cutt.ly/LeH0z9nu
[15] «Litio, territorios y derechos de los pueblos indígenas: ¿Qué pasa en Paraguay con el litio?», Iniciativa Amotocodie, 27 de junio de 2023, acceso el 28 de octubre de 2024, https://cutt.ly/leHVvqVZ
[16] Ibidem.
[17] En español significa: «Repeticiones palindrómicas cortas agrupadas e interespaciadas regularmente».
[18] Silvia Ribeiro, «Asalto corporativo a las semillas», en Patricia Lizarraga y Carlos Vicente (coords.), La revolución de una semilla (Buenos Aires: El Colectivo y Fundación Rosa Luxemburgo Cono Sur, 2021), https://cutt.ly/AeH0QiUO
[19] «Exterminadores en el campo. Impulsores genéticos: cómo favorecen la agricultura industrial y amenazan a la soberanía alimentaria», etc Group, 7 de enero de 2019, acceso el 28 de octubre de 2024, https://cutt.ly/1eH0RmbB
[20] Además, forma parte transitoria de las microbiotas digestiva y cutánea humanas. Caridad Suárez-Machín, Norge Garrido-Carralero, Carmen Guevara-Rodríguez, «Levadura Saccharomyces cerevisiae y la producción de alcohol. Revisión bibliográfica», ICIDCA. Sobre los Derivados de la Caña de Azúcar, vol. 50, núm. 1, enero-abril 2016, 20-28, https://cutt.ly/EeH0S0EB
[21] A partir de la promulgación de la Resolución N.º 92/24, a puertas cerradas, sin ninguna comunicación oficial, ni debate informado entre los sectores directamente afectados por sus posibles impactos.
[22] Ministerio de Agricultura y Ganadería, Información sobre OGM Spodoptera frugiperda, denominada OX5382G, https://cutt.ly/ueH0GVRG
[23] En el caso de la liberación de mosquitos transgénicos de la misma empresa en África y Brasil, se pudo observar un rotundo fracaso, tal como se documenta en «Genetically engineered mosquitoes out of control», GMWATCH, 11 de septiembre de 2019, acceso el 21 de noviembre de 2024, https://cutt.ly/jeH0KX5O y «Target Malaria’s Gene Drive Project Fails to Inform Local Communities of Risks: New Film», etc Group, 19 de diciembre de 2018, acceso el 21 de noviembre de 2024, https://cutt.ly/KeH0L5wu
[24] Esto se puede ver en el primer párrafo del dictamen a partir del cual se liberó este OGM en Paraguay, en la publicación del MAG (Ibidem 22).
[25] «Análisis de los incendios en Chovoreca, septiembre 2024», Iniciativa Amotocodie, 18 de septiembre de 2024, acceso el 28 de octubre de 2024, https://cutt.ly/zeH0MzzG
[26] Ibidem.
[27] Instituto Forestal Nacional, https://cutt.ly/neHVQwpf
[28] «Incendios forestales en el Chaco: Casi 160.000 hectáreas afectadas, 93% son bosques nativos», Agencia de Información Paraguaya, 12 de septiembre de 2024, acceso el 21 de noviembre de 2024, https://cutt.ly/QeHVQHSq
[29] «Últimos datos de afectación por incendios forestales en la zona de Chovoreca y a nivel país», Instituto Forestal Nacional, acceso el 21 de noviembre de 2024, https://cutt.ly/HeHVWR5j
[30] Según la plataforma de medición de calidad de aire IQAIR, se registraron valores de 179 de índice de calidad de aire (ICA), https://cutt.ly/GeH05VTb. La Dra. Laura Flores, especialista en salud ocupacional, mencionó en el momento de incendios masivos que «exponerse media hora a este aire es como fumar 400 cigarrillos», entrevistada por ABC Color, 9 de septiembre de 2024, https://cutt.ly/geHVYbx2
[31] Cabe destacar que las emisiones de GEI generadas por los incendios forestales en el país no se encuentran contabilizadas en los documentos oficiales de inventario de gases de efecto invernadero del MADES. Esta omisión podría afectar la precisión de los datos y la formulación de políticas adecuadas para enfrentar un evento que, desde 2018, se ha vuelto recurrente y cada vez más intenso. Maximiliano Manzoni, «Quién, cuándo y cómo empezó el incendio forestal que amenaza a Paraguay», Consenso, 11 de septiembre de 2024, acceso el 28 de octubre de 2024, https://cutt.ly/qeH2w16T
[32] «Denuncian otro desborde de una pileta con cianuro en Paso Yobái», Última Hora, 2 de febrero de 2024, acceso el 21 de noviembre de 2024, https://cutt.ly/UeHVR3mF
