Sectores de poder político, económico y fáctico han atacado el trabajo de la prensa como parte de un intento de acallar críticas y denuncias. Esta situación, sumada a fenómenos globales vinculados a las grandes transformaciones que se desarrollan en el ámbito de la comunicación e información, ha puesto en riesgo el derecho a la libertad de expresión e información de toda la sociedad. Así también, ha expuesto a las y los trabajadores de la prensa a situaciones de violencia, lo que representa un grave retroceso en materia de libertad de expresión.
Se presentan en este artículo las principales situaciones que han generado restricciones al ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información, partiendo del recuento de un panorama sombrío que muestra a un periodismo bajo ataque, en un ambiente hostil para quienes desarrollan su tarea periodística con una mirada crítica. Se mencionan los casos de agresiones, amenazas, práctica del «doxeo» y discursos estigmatizantes, judicialización y censura ocurridos en este periodo, así como una breve mención del seguimiento de casos anteriores que tuvieron movimiento en el 2024. Finalmente, se presentan las conclusiones y las recomendaciones para el Estado.
Situación del derecho en 2024
Periodismo bajo ataque en un sombrío panorama
Las grandes transformaciones surgidas en el ámbito de la comunicación e información han llevado a nuevos riesgos para el ejercicio de estos derechos, vinculados a fenómenos como las campañas de desinformación, muchas veces financiadas e impulsadas por grupos de poder político y económico; los discursos de odio; la concentración de medios en pocas manos; la precarización laboral y el deterioro de la calidad informativa son propios de este tiempo; sumándose a las antiguas amenazas, como la censura, la autocensura, la judicialización y la violencia contra periodistas.
En este marco, las violaciones al derecho a la libertad de expresión e información afectan transversalmente a toda la sociedad. Es por ello fundamental revisar permanentemente las situaciones que interfieren en el ejercicio efectivo de estos derechos, a fin de buscar respuestas y caminos que permitan consolidar estos derechos reconocidos como una base fundamental de la convivencia democrática.
En el Paraguay se ha vivido un año particularmente complejo en lo relacionado al derecho a la libertad de expresión; a partir de su amplia hegemonía en el ámbito político institucional, con mayoría en ambas Cámaras legislativas, incidencia en el Poder Judicial, control mayoritario de los gobiernos locales y regionales, la fuerza política gobernante ha optado por iniciar, a través de sus principales voceros, una confrontación permanente con otros actores de la vida pública que puedan ser un contrapeso a la concentración de poder. En este sentido, las organizaciones de la sociedad civil y los(as) periodistas y medios de prensa han sido blanco de los ataques de este sector, siendo presentados como uno de los principales adversarios del Gobierno.
La utilización de diferentes órganos de poder público, como el Parlamento y órganos de Justicia, para llevar adelante esta campaña ha sido una situación reiterada a lo largo del periodo observado en el presente informe. Los ataques verbales, las amenazas y otro tipo de retaliaciones han afectado reiteradamente a trabajadoras(es) de prensa, particularmente a quienes, en el ejercicio de sus funciones, han emitido opiniones críticas hacia el Movimiento Honor Colorado, o se han hecho eco de denuncias o reclamos ciudadanos que comprometen a autoridades, casos de los que se hablará más adelante. Resulta relevante mencionar el rol asumido por la Comisión conjunta de investigación de carácter transitorio para la investigación de hechos punibles de lavado de activos, contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos (CBI),cuyas actuaciones han estado marcadas por situaciones de violencia hacia periodistas que incluyen la divulgación de información privada de periodistas y la expulsión de comunicadores del recinto parlamentario, entre otros comportamientos alejados de los estándares deseables en materia de libertad de expresión.
Cabe mencionar que la retórica de confrontación impulsada desde el oficialismo en diferentes espacios representa una falta a la obligación del Estado en el ámbito de la prevención de la violencia contra periodistas. Según establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las autoridades deben:
Adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas y que no los exponga a un mayor riesgo, así como reconocer de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno. Las autoridades tienen la obligación de condenar enérgicamente las agresiones contra periodistas y alentar a las autoridades competentes a actuar con la debida diligencia y celeridad en el esclarecimiento de los hechos y en la sanción de los responsables[1].
Estos ataques han encontrado en las redes sociales un correlato de violencia digital y simbólica que permite inferir la existencia de una coordinación entre ciertos actores políticos y el uso masivo de trolls, perfiles falsos e influenciadores de redes sociales (influencers) encargados de esa tarea. La violencia en redes sociales busca generar autocensura y silenciamiento en las y los periodistas, afectando particularmente a las mujeres trabajadoras de prensa[2].
Vale mencionar que también han sido mujeres periodistas los blancos más frecuentes de los ataques por parte de actores del poder público. Curiosamente, la Ley N.º 5777/16 «de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia» ha sido utilizada discrecionalmente a lo largo del presente año como una forma de ejercer censura previa contra comunicadoras y periodistas críticos. Las medidas de censura dictadas por el Poder Judicial representan una contravención a la Constitución de la República del Paraguay y a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión.
En medio de este contexto de violencia ha continuado la precarización laboral, se ha consolidado el oligopolio mediático y persisten las restricciones a radios comunitarias y medios alternativos que podrían verse aún más asfixiados con la ley «que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro», conocida como «Ley anti-ONG» o «Ley Garrote». Estos hechos ponen en jaque el ejercicio de un periodismo de calidad que permita el fortalecimiento de la democracia y garantice el derecho ciudadano a acceder a información con pluralidad.
A pesar del sombrío panorama, son dignos de destacar algunos hechos que representan un avance en materia de derechos humanos. En ese sentido, se debe valorar positivamente: el impulso al proyecto de ley de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, mediante la realización de audiencias públicas llevadas adelante desde el Senado[3], así como la absolución de Angie Prieto[4].
Casos ocurridos en 2024
Agresiones
Fiona Aquino y Pablo Pérez. El 17 de enero, en el marco de la divulgación periodística de los casos conocidos como «nepobabies», que evidenciaban la contratación de parientes de autoridades políticas dentro del Parlamento Nacional, funcionarios parlamentarios intentaron con violencia impedir el trabajo de los trabajadores de prensa Fiona Aquino y Pablo Pérez[5].
Arnaldo Cabral y Miriam Soilán. Durante la cobertura de la convención colorada, celebrada el 9 de abril, fue agredido el periodista de Radio Ñanduti Arnaldo Cabral, tras la conclusión del evento. El funcionario, asistente de la senadora Norma Aquino, alias «Yamy Nal», le habría derramado agua al trabajador de prensa cuando este intentaba realizar su trabajo. Posteriormente se pudo identificar al agresor como José Chilavert Silvera, funcionario de la Cámara de Senadores. Además de Cabral, también fue agredida la periodista Miriam Soilán, por lo que ambos presentaron una denuncia formal ante la Cámara de Senadores, solicitando sanciones disciplinarias contra el funcionario. La Mesa Directiva del Senado resolvió el 11 de marzo de 2024 investigar los supuestos hechos de agresión perpetrados por el funcionario José Chilavert.[6]
Carlos Bottino. El periodista Carlos Bottino manifestó que sufrió agresiones por parte de simpatizantes del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, mientras le realizaba una entrevista. Bottino refirió que el intendente se mostró molesto por sus consultas y se volvió agresivo. En ese marco, los seguidores de Prieto redujeron y golpearon al periodista.
Rocío Pereira y Fiona Aquino. Molesto por las consultas, el diputado Yamil Esgaib agredió con violencia a las periodistas, quienes se encontraban preguntando al legislador respecto a la contratación de su hija en un cargo diplomático.[7]
Elvio Florentín y Carlos Sánchez. Ambos trabajadores de prensa fueron víctimas de agresiones por parte de personas que se encontraban resistiendo a un procedimiento policial de desalojo. Florentín fue golpeado y herido, mientras que Carlos Sánchez también fue golpeado y su celular le fue sustraído.
Amenazas
Pedro Ovelar. El representante legal de Horacio Cartes —expresidente de la República y actual presidente del Partido Colorado— señaló el 12 de marzo que medios y periodistas deberán rendir cuentas a la Justicia por haber publicado informaciones relacionadas a Cartes[8]. El fiscal general del Estado, mediante un comunicado, aclaró que no existiría ninguna citación a periodistas en el marco de dicha causa.[9]
Juan Alcaraz. El comunicador de Salto del Guairá fue víctima de amenaza contra su vida, mediante un mensaje de texto, en el que se referían a un ataque que había sufrido su vivienda anteriormente. El periodista se encontraba realizando publicaciones relacionadas a casos de supuesta corrupción por parte de autoridades municipales[10].
Elías Cabral. El periodista de la ciudad de Curuguaty fue víctima de una amenaza vía WhatsApp desde un número que se identificaba como parte del Primer Comando Capital (PCC). Cabral ya había recibido amenazas anteriormente y cuenta con algunas medidas de protección. Las amenazas se dieron al momento que el comunicador publicaba datos sobre sucesos policiales de la zona.
«Doxeo»[11] y discursos estigmatizantes
Mabel Rehnfeldt y Leonardo Gómez. En el marco del debate respecto a la «Ley Garrote», los comunicadores fueron víctimas de discursos estigmatizantes por parte de parlamentarios oficialistas con el claro fin de hostigarlos.[12]
Fiona Aquino. La periodista fue víctima de una campaña de ataques y difamaciones en redes sociales basada en cuestiones de género, afectando su intimidad y buscando atemorizarla para evitar que continúe realizando su labor de forma crítica hacia el Gobierno.[13]
CBI. Desde un primer momento, la Comisión conjunta de investigación de carácter transitorio para la investigación de hechos punibles de lavado de activos, contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos apuntó a cuestionar la actuación de los periodistas críticos del Gobierno. En ese marco, reveló información privada de comunicadores y comunicadoras que habían prestado servicios a organizaciones no gubernamentales. Existen serias sospechas de una filtración de información privada a influenciadores de redes sociales que responden al oficialismo por parte de la Comisión. Un caso emblemático fue el de la periodista Susana Oviedo, cuyos datos personales, de carácter privado, fueron publicados en redes.
Declaraciones de Santiago Peña. Durante los últimos meses previos al cierre de este informe, el presidente Santiago Peña ha realizado reiteradas declaraciones criticando a la prensa y a los periodistas, señalándolos como enemigos de la población, además de acusarlos de mentir, tergiversar y manipular. Peña también atacó de forma violenta a un periodista que había consultado sobre un probable conflicto de intereses en la compra de bonos por parte de IPS al Ueno Bank. En este episodio, el presidente apuntó al periodista como responsable de una campaña de manipulación.
Judicialización y censura
Caso Fredy Chamorro. El periodista desarrolla su función en el departamento de Itapúa, distrito de María Auxiliadora. Realizó cuestionamientos a la responsable del Hospital Distrital de Tomás Romero Pereira de dicha localidad, y fue querellado por los hechos punibles de difamación e injuria por parte de la directora de la institución, Dra. Claudia Vega. En febrero de 2024, dos juezas habían censurado por 60 días al comunicador por denunciar faltantes de insumos en el centro asistencial, en el marco de la Ley N.º 5777.
Caso Leticia Medina. La senadora Norma Aquino, más conocida como «Yamy Nal», denunció, en febrero de 2024, por violencia contra la mujer a la periodista de ABC Color, debido a que esta había realizado la publicación de un video satírico contra la legisladora.
Caso Aldo Zuccolillo ante la Corte IDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó en junio de 2024 un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por vulneración de derechos de libertad de expresión, principio de legalidad y garantías judiciales por parte del Estado paraguayo en perjuicio del fallecido director del diario ABC Color, Aldo Zuccolillo, por una sentencia de hace 26 años, y recomendó al Estado medidas de reparación[14].
Seguimiento de casos anteriores
Absolución de Angie Prieto. La absolución de culpa y reproche a la periodista Angie Prieto, en el marco del juicio por injuria que le fuera iniciado por el gerente del Grupo Albavisión[15], luego de que la periodista haya denunciado casos de acoso sexual en el SNT, representa un precedente positivo para la libertad de expresión[16].
Supervisión de cumplimiento en el caso Santiago Leguizamón[17]. En septiembre, la Corte IDH presentó su informe de supervisión[18], en el que se estableció que, si bien Paraguay ha cumplido con los resarcimientos económicos en la sentencia, aún quedan medidas pendientes de cumplimiento, como la adopción de una ley y un sistema de protección a periodistas en situación de riesgo. El Paraguay debe presentar un informe a la CIDH, a más tardar, en enero de 2025 sobre el cumplimiento íntegro de la sentencia.
Conclusiones
Los casos presentados muestran una persistencia de los patrones que afectan al derecho a la libertad de expresión y el ejercicio seguro y libre del periodismo en el Paraguay. Los discursos estigmatizantes y ataques por parte de los sectores de poder, particularmente de quienes ejercen funciones de gobierno, representan una amenaza latente para las y los periodistas y, por consiguiente, para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información.
Estos discursos, sumados a las situaciones de violencia a las que están expuestos los periodistas que denuncian casos de corrupción, narcotráfico, crimen organizado y otros hechos, representan una amenaza contra la seguridad y la vida de los periodistas, más aún cuando el país no cuenta con mecanismos adecuados para garantizar la integridad y la vida de las y los trabajadores de prensa.
Las trabajadoras de prensa continúan siendo particularmente hostigadas y atacadas en el ejercicio de su labor. Estos hechos cercenan la posibilidad de que las mismas puedan ejercer plenamente su derecho a expresarse en entornos seguros y libres de violencia. La censura previa, utilizando inadecuadamente la Ley N.º 5777, representa una amenaza para el ejercicio de la libertad de prensa.
La falta de pluralidad en los medios masivos de comunicación, el uso coordinado de redes sociales para instalar campañas de desinformación y ataques contra adversarios políticos, y el deterioro de las condiciones de trabajo de las y los periodistas repercuten en la calidad de la información que recibe la ciudadanía, deteriorando la calidad de la democracia.
Recomendaciones
- Cumplir con lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la obligación de los Estados de adoptar un discurso público que proteja y promueva la libertad de expresión.
- Estudiar y aprobar la ley de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
- Capacitar a magistrados, y a todos los funcionarios en general, respecto al necesario control de constitucionalidad y convencionalidad en lo relacionado al derecho a la libertad de expresión, particularmente en la aplicación de la Ley N.º 5777.
- Modificar la legislación relacionada a radios comunitarias, a fin de garantizar el acceso a frecuencia, alcance y recursos para las mismas.
- Garantizar los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras de prensa, mediante una política de inspección laboral permanente en medios de comunicación.
- Dar cumplimiento pleno a los puntos resolutivos de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Santiago Leguizamón.
Santiago Ortiz
Trabajador de prensa. Secretario General del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP).
Contacto: sortizpy@gmail.com
[1] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Violencia contra periodistas, https://cutt.ly/ueGEtUfw
[2] Para más información sobre este tema, ver el artículo de derechos digitales.
[3] «Ficha Técnica del Expediente», SilPy – Sistema de Información Legislativa, acceso el 20 de octubre de 2024, https://cutt.ly/WeGEuZni. Ver un estudio de este proyecto en Codehupy, Proyecto de ley de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos (Asunción: Codehupy, 2023), https://cutt.ly/zeHZkd73
[4] Ver el apartado de seguimiento de casos anteriores de este artículo.
[5] «El Sindicato de Periodistas del Paraguay repudia la actitud…» [X], SPP [@PeriodistasPy], 17 de enero de 2024, https://cutt.ly/FeGEu5ZQ
[6] «Arnaldo Cabral», Mesa para la Seguridad de Periodistas, 9 de marzo de 2024, acceso el 20 de octubre de 2024, https://cutt.ly/PeGEiusQ
[7] «El SPP manifiesta su enérgico repudio…» [X], SPP [@PeriodistasPy], 23 de abril de 2024, https://cutt.ly/ReGEikBf
[8] «Pedro Ovelar, representante legal…» [X], SPP [@PeriodistasPy], 12 de marzo de 2024, https://cutt.ly/yeGEimT6
[9] «Advertencia de abogado de Cartes» [X], SPP [@PeriodistasPy], 13 de marzo de 2024, https://cutt.ly/3eGEiKTm
[10] Carlos Aquino, «Amenazan de muerte a comunicador en Salto del Guairá», Última Hora, 10 de marzo de 2024, https://cutt.ly/ReHZsMQD
[11] Ver definición en https://cutt.ly/1eGEi9hJ
[12] «Durante la sesión de la Cámara de Senadores…» [X], SPP [@PeriodistasPy], 9 de julio de 2024, https://cutt.ly/geGEi62J
[13] «Desde el Sindicato de Periodistas del Paraguay expresamos…» [X], SPP [@PeriodistasPy], 16 de marzo de 2024, https://cutt.ly/reGEotLw
[14] Para más detalles, ver el artículo de sistemas internacionales de protección de derechos humanos de este mismo informe.
[15] Sobre el caso, ver Noelia Díaz Esquivel, Flavia Borja Cabral, Rubén Penayo y Santiago Ortiz, «Serias amenazas y grandes obstáculos en un contexto complejo y preocupante», en Derechos Humanos en Paraguay 2023 (Asunción: Codehupy, 2023).
[16] «Paraguay: absuelven a una periodista querellada por injurias tras defender a colegas», Federación Internacional de Periodistas, 10 de abril de 2024, acceso el 20 de octubre de 2024, https://cutt.ly/9eGEu2Wj
[17] Díaz Esquivel et al., «Serias amenazas…
[18] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 5 de septiembre de 2024 – Caso Leguizamón Zaván y otros vs. Paraguay. Supervisión de cumplimiento de sentencia, https://cutt.ly/8eHZsh3f
