La propagación de redes criminales y su inserción en territorios de pueblos indígenas, a través de mecanismos violentos y de cooptación, ha permeado la dinámica social de estos pueblos, que de por sí ya arrastran una situación de despojo territorial y transgresión de derechos fundamentales por la relación de colonialismo por parte del Estado y la sociedad. La amenaza a la tenencia de sus territorios ancestrales se hace latente y la vulneración de derechos corre el riesgo de profundizarse.
Investigaciones académicas, coberturas periodísticas e informes oficiales han evidenciado la infiltración de actividades vinculadas al narcotráfico en el entramado social de determinadas comunidades indígenas del territorio paraguayo. La intensificación de dicho fenómeno durante el periodo de este informe responde a una convergencia de factores socioeconómicos, precedentes históricos y coyunturas políticas. El artículo explora las diversas aristas de tan intrincada problemática. Expone el desarrollo del narcotráfico en el país y sus consecuencias para los pueblos indígenas, analizando la coyuntura histórica, los procesos recientes, los territorios afectados, los mecanismos de inserción y cooptación, así como el impacto sobre sus derechos humanos esenciales.
Situación del derecho en 2024
Penetración del narcotráfico en comunidades indígenas en el Paraguay
La mera presencia de dinámicas ligadas al narcotráfico constituye una grave transgresión de los derechos humanos, en su sentido más amplio, de las poblaciones indígenas. La vida digna y la autodeterminación de estos pueblos se ven seriamente comprometidas ante grupos delictivos dispuestos a emplear la fuerza, la extorsión o el homicidio contra quienes se opongan a sus intereses espurios[1].
A lo largo del periodo de este informe se registraron múltiples incidentes que pusieron de manifiesto la infiltración del mundo narco en dichas comunidades. Entre los sucesos de mayor repercusión mediática destacan aquellos relacionados con el narcotraficante Santiago Acosta, alias «Macho», entre mayo y junio del 2024.
Fuentes periodísticas[2] y autoridades gubernamentales[3] denunciaron que en la zona de Corpus Christi, departamento de Canindeyú, las fuerzas del orden detuvieron a cuatro indígenas presuntamente vinculados al mencionado narcotraficante. Ante tal suceso, el comisario principal Rafael González declaró públicamente que «los indígenas son manipulados por Macho»[4].
El 22 de junio, la fiscal Inés Marcell Estigarribia Recalde encabezó operativos de allanamiento en la zona de Yby Pytã, también en Canindeyú, en búsqueda de «Macho». Durante estas intervenciones, se recibieron informes sobre miembros de comunidades indígenas aparentemente sometidos al dominio del buscado capo criminal[5].
Adicionalmente, circularon videos que mostraban al narcotraficante «Macho» distribuyendo víveres entre comunidades indígenas. Surgieron, asimismo, denuncias sobre la utilización de indígenas, incluyendo menores, como escudos humanos y vigías para las operaciones del narcotráfico en Canindeyú[6].
Los medios de comunicación han puesto su foco principalmente en la región de Canindeyú, debido a los sucesos relacionados con las operaciones enmarcadas en la búsqueda y en la posible captura de «Macho». Sin embargo, según informes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), la presencia de grupos vinculados al tráfico ilícito de drogas se extiende también a otras zonas aledañas como San Pedro, Concepción y Amambay, áreas consideradas como el epicentro de estas actividades ilícitas en el país[7].
El impacto de tal fenómeno afecta potencialmente a todos los habitantes de estas regiones, pero cobra especial relevancia en las comunidades indígenas. La población indígena en los cuatro departamentos recién citados asciende a 36.987 individuos (51% de varones y 49% de mujeres), lo que representa más de un cuarto del total (140.000). Es destacable que Canindeyú alberga la mayor concentración de comunidades autóctonas en la parte oriental del territorio paraguayo, con 16.294 miembros, con una condición de vida dentro de una preocupante vulnerabilidad, punto a desarrollar más adelante.[8]
Los hechos expuestos, junto con la posible afectación a un alto número de indígenas, revelan una coyuntura de extrema gravedad y complejidad. La infiltración de narcotraficantes en territorios ancestrales, el asistencialismo hacia estas comunidades y la instrumentalización de sus miembros como escudos humanos han dejado a la población indígena a merced de dinámicas criminales, exponiéndose a riesgos inminentes y transgrediendo flagrantemente sus derechos fundamentales.
Frente a tan sombrío escenario, la respuesta del Estado paraguayo se ha limitado a denunciar la situación, sin proponer soluciones concretas a corto y mediano plazo que garanticen la restitución de los derechos de estas poblaciones, liberándose del yugo y la influencia del narcotráfico[9]. Ejemplo de ello ha sido la reciente creación del Equipo Técnico de Asuntos Indígenas del Ministerio Público, conformado por varias Direcciones de la institución, que se limitó a señalar «la alarmante preocupación en crecimiento sobre la influencia del crimen organizado en las comunidades indígenas»[10].
En consecuencia, resulta imperativo abordar esta problemática en toda su complejidad, trazando, primeramente, un sucinto recorrido histórico sobre la evolución del narcotráfico en Paraguay.
Narcotráfico en el Paraguay: fenómeno que no deja de crecer
La comprensión del narcotráfico paraguayo contemporáneo demanda un breve análisis de su trayectoria histórica. Tal examen revela las transformaciones operativas de los traficantes, su propagación geográfica y social, y su infiltración en diversos estratos de la sociedad, en pleno 2024.
Contrariamente a la creencia popular, que ubica el origen del narcotráfico con Auguste Joseph Ricord en la década de 1960, sus raíces se remontan a los años 50 con el cultivo de marihuana. Las plantaciones de cannabis, inicialmente localizadas en Bahía y Recife, se desplazaron a Punta Porã, Brasil. La zona, antiguamente dominada por Mate Laranjeira, atravesaba una crisis económica que sumió a la población en la precariedad.[11] En Paraguay, su expansión se dio en tres etapas.
- 1940-1960. La convergencia de pobreza y abandono gubernamental generó un terreno fértil para el arraigo de operaciones ilícitas. Subsecuentemente, el negocio se trasladó a Pedro Juan Caballero, Paraguay, siguiendo la dinámica de «ciudad espejo-fronteriza». Este periodo inaugural se denomina «plantaciones incipientes»[12].
- 1950-1990. La segunda etapa coincidió con el régimen stronista. El panorama delictivo experimentó una metamorfosis radical: altos mandos militares, aprovechando su control estatal, fraguaron alianzas con criminales internacionales y caudillos fronterizos para traficar cocaína, heroína y marihuana a gran escala. El narcotráfico se entretejía en las estructuras del poder, corrompiendo el entramado estatal paraguayo.[13]
- 1990-2000. Tras el ocaso de la dictadura, los patrones zonales-fronterizos asumieron las riendas del negocio, marcando la tercera etapa en la última década de los años 90. La cocaína y la marihuana se consolidaron como principales sustancias ilícitas, fortaleciendo redes internacionales y expandiendo el negocio a escala global.
Estas tres fases ilustran la expansión progresiva del narcotráfico. De un inicio local, para los albores del siglo XXI ya existían rutas, territorios y poblaciones inmersas en su lógica. El Paraguay se transformó en un caldo de cultivo para operaciones ilícitas, conjugando complicidad estatal, presencia zonal e impunidad para operar con grupos sociales vulnerables.
2000-actualidad: las empresas transnacionales del crimen organizado
La fase actual del narcotráfico en Paraguay, iniciada a comienzos de este siglo, se distingue por el predominio de organizaciones delictivas transnacionales, destacándose el Primer Comando de la Capital (PCC). El crimen organizado ha adoptado un enfoque empresarial, optimizando ganancias y minimizando riesgos mediante una sofisticada profesionalización.
Un fenómeno destacable es la «cocainización» del país. El aumento del flujo de cocaína ha convertido a Paraguay en un nodo crucial en la ruta desde los países productores hacia los mercados de consumo en Brasil y Europa, intensificando los desafíos para las autoridades[14].
La modernización de las operaciones narcotraficantes se evidencia en el empleo de tecnología avanzada y en la creciente infiltración de estructuras gubernamentales, comprometiendo la gobernabilidad y el Estado de derecho[15].
En el ámbito económico, el narcotráfico ha provocado significativas distorsiones en las economías locales[16]. El lavado de activos permea diversos sectores, mientras el Estado se ve obligado a destinar crecientes recursos a seguridad y programas de prevención, desviando fondos de otras áreas cruciales para el desarrollo.
Particularmente vulnerable resulta la situación de las comunidades indígenas. Sus territorios, frecuentemente marginados y con escasa presencia estatal, se han tornado en objetivos predilectos para las organizaciones criminales, que explotan la carencia de oportunidades económicas y la débil institucionalidad. Así, la autoridad estatal se ve cuestionada en ciertas regiones, generando «zonas liberadas» con mínima o nula presencia gubernamental.
Socialmente, las consecuencias son profundas y multidimensionales. Se evidencia una descomposición del tejido social en las comunidades afectadas, con especial énfasis en las poblaciones indígenas[17]. El incremento del consumo interno de drogas genera nuevos retos de salud pública. Preocupa particularmente la normalización de la cultura narco en ciertas regiones, afectando principalmente a la juventud y perpetuando ciclos de violencia y criminalidad[18].
Los desafíos que plantea la actual fase del narcotráfico en Paraguay son sin precedentes. La complejidad y el alcance de las operaciones criminales, su infiltración en el aparato estatal y su impacto en grupos vulnerables demandan respuestas integrales y coordinadas. Resulta imperativo abordar los aspectos de seguridad y también las condiciones socioeconómicas que propician el arraigo del narcotráfico, con especial atención a las comunidades indígenas, particularmente susceptibles a la explotación por parte de organizaciones criminales.
Vulnerabilidad de las comunidades indígenas y su relación con el narcotráfico
La coyuntura de las comunidades indígenas en Paraguay, particularmente en su relación con el narcotráfico, resulta alarmante y evidencia una confluencia de vulnerabilidades históricas y amenazas emergentes.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) revela que en la región Occidental, abarcando Alto Paraguay, Boquerón y Presidente Hayes, los pueblos indígenas constituyen el 47% de la población total. En la región Oriental, los departamentos de Canindeyú, Amambay y Caaguazú aglutinan el 30,5% de la población indígena. La proporción de sexo se mantiene en 51% de hombres y 49% de mujeres. La composición de la población por grandes grupos de edad revela que, de cada 100 personas, 38 son menores de entre 0 a 14 años, 58 se hallan en edades potencialmente productivas (15-64 años) y 4 son adultos mayores, de 65 o más años de edad. La mayor parte reside en áreas rurales, tanto en la región Oriental como la Occidental: 88% vive en el área rural y solo el 12% en el área urbana.[19]
En el entorno rural, un preocupante 66,2% subsiste en condiciones de pobreza, subrayando la fragilidad económica y social que han atravesado. La múltiple vulnerabilidad, de hecho, siempre fue el adendum a alternos contextos de peligrosidad, que, en el caso indígena, solo por ejemplificar algunas de las vulnerabilidades, se podría observar en: a) promedio de años de educación en 4,6 años, b) 70,6% con portación de cédula de identidad y c) 25,3% con agua corriente.
Tal precariedad socioeconómica ha tornado a estas poblaciones en objetivos predilectos para las organizaciones narcotraficantes. La significativa presencia indígena en ciertas zonas, aunada a su marginación, ha propiciado el involucramiento forzado de muchos en los eslabones más riesgosos del entramado narcotraficante.
El vínculo entre comunidades indígenas y redes del narcotráfico se visibilizó notoriamente en 2018. Entidades como Tierraviva denunciaron homicidios de miembros paĩ tavyterã-kaiowa perpetrados por grupos narcotraficantes, marcando un hito en la percepción pública de dicha problemática[20]. Desde entonces, la situación ha experimentado una evolución inquietante, con un aumento en la explotación de territorios indígenas para actividades ilícitas.
Según recientes declaraciones de expertos en medios locales[21], los narcotraficantes han hallado múltiples beneficios al operar en tierras indígenas. Primordialmente, gozan de ventajas en negociación y costos. Mientras en comunidades campesinas deben pactar individualmente, en territorios indígenas suelen lograr acuerdos con un único líder para acceder a vastas extensiones. Tal dinámica no solo agiliza sus operaciones, sino que reduce sustancialmente sus gastos.
Las tarifas por el uso de tierras indígenas para fines ilícitos son escandalosamente bajas. El arrendamiento de una hectárea campesina para cultivos ilícitos puede alcanzar 5 millones de guaraníes, mientras que extensas áreas indígenas se ceden por entre 5 y 25 millones, o incluso a cambio de bienes como vehículos, por el uso de todo el terreno, sin límite de tiempo establecido[22]. Estas sumas, considerando el valor real del terreno y su impacto devastador en la comunidad, resultan irrisorias.
La ausencia estatal en numerosos territorios indígenas ha generado un vacío de poder aprovechado por grupos delictivos. En ciertas zonas, los narcotraficantes han usurpado roles tradicionalmente estatales, proporcionando servicios básicos o ejerciendo como figuras de autoridad, lo cual ha conducido a una peligrosa normalización de su presencia en algunas comunidades[23].
Las repercusiones de esta situación en las comunidades indígenas son multifacéticas y profundas. La presencia del narcotráfico incrementa notablemente los niveles de violencia. Se han documentado amenazas, desplazamientos forzados e incluso asesinatos vinculados a actividades ilícitas[24]. Tal violencia no se limita a los involucrados directos, también repercute en toda la comunidad, instaurando un clima de temor e inseguridad.
El impacto ambiental constituye otro aspecto alarmante. La utilización de tierras indígenas para cultivos ilícitos o rutas de tráfico frecuentemente conlleva deforestación y degradación de ecosistemas tradicionalmente preservados. Esto daña el medio ambiente y erosiona la base de recursos naturales vitales para la subsistencia de estas comunidades[25].
Desde una perspectiva de género, las mujeres indígenas enfrentan una triple vulnerabilidad ante el narcotráfico: por ser mujeres, indígenas y, a menudo, vivir en situación de pobreza. Esta realidad las expone a la violencia general asociada al narcotráfico y a formas específicas de violencia de género, por ejemplo, su utilización como «mulas»[26]. En 2024, en el centro penitenciario El Buen Pastor, casi el 60% de las aproximadamente 1.200 reclusas están relacionadas con el microtráfico, reflejando el reclutamiento de madres de bajos recursos por parte de las mafias narco[27].
La situación se agrava por la carencia de alternativas económicas viables. La pobreza persistente, el limitado acceso a educación y servicios de salud, y la escasa presencia de programas estatales de desarrollo crean condiciones propicias para que el narcotráfico se presente como una opción económica, pese a su ilegalidad y peligrosidad[28].
Conclusiones
La creciente influencia del narcotráfico en territorios indígenas paraguayos plantea una serie de escenarios alarmantes que demandan atención urgente.
La potencial consolidación de una narcoeconomía en estas comunidades representa una amenaza existencial. La normalización de actividades ilícitas podría erosionar irreversiblemente las estructuras sociales autóctonas, diluyendo tradiciones milenarias y valores culturales intrínsecos.
Paralelamente, la intensificación de conflictos armados emerge como un riesgo inminente. La pugna entre organizaciones criminales rivales y sus enfrentamientos con fuerzas del orden podrían convertir a los pueblos originarios en víctimas colaterales, provocando éxodos forzados y desgarrando el tejido comunitario.
La usurpación de tierras ancestrales por parte de grupos delictivos no solo implica una pérdida material, sino que también atenta contra la cosmovisión indígena, donde el territorio trasciende su valor económico, constituyendo un pilar fundamental de identidad y espiritualidad.
En el ámbito de la gobernanza, se vislumbra el surgimiento de «zonas grises», donde el vacío estatal podría ser ocupado por estructuras criminales. Estas organizaciones ilícitas, al asumir funciones cuasigubernamentales, socavarían los cimientos del Estado de derecho, instaurando un orden paralelo basado en la ilegalidad.
La infiltración del narcotráfico también amenaza con fragmentar internamente a las comunidades. La polarización entre beneficiarios y opositores de estas actividades ilícitas generaría fracturas sociales aparentemente irreconciliables.
Un peligro latente es la posible estigmatización generalizada de las poblaciones indígenas. Esta percepción distorsionada podría desencadenar respuestas estatales punitivas indiscriminadas, exacerbando la marginación histórica de estos grupos.
En la esfera económica, la dependencia de actividades ilícitas obstaculizará el desarrollo de alternativas sostenibles y legítimas, perpetuando un ciclo de precariedad y vulnerabilidad.
Si bien estos escenarios proyectan un futuro sombrío, no son ineludibles. La implementación de políticas integrales, culturalmente sensibles y coordinadas entre diversos actores, podría revertir estas tendencias adversas. La gravedad de la situación exige una respuesta inmediata, multidimensional y sostenida en el tiempo.
La encrucijada actual pone en riesgo el bienestar de las comunidades indígenas y a la vez desafía los principios fundamentales de justicia, equidad y preservación cultural que sustentan la sociedad paraguaya en su conjunto. Abordar esta problemática de manera efectiva requiere un compromiso colectivo que trascienda las divisiones sectoriales, reconociendo que la protección de los pueblos indígenas es esencial para la integridad y el progreso de la nación.
Recomendaciones
- Implementar, a través del Ministerio de Desarrollo Social, programas de desarrollo económico sostenible en comunidades indígenas que ofrezcan alternativas viables al narcotráfico, respetando y promoviendo las prácticas culturales tradicionales.
- Fortalecer, mediante una acción coordinada entre el Ministerio del Interior y el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), la presencia estatal en territorios indígenas, priorizando la provisión de servicios básicos como educación, salud y justicia.
- Desarrollar, por medio de una colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencias y el INDI, campañas de concientización sobre los peligros del narcotráfico, adaptadas culturalmente y en lenguas nativas de las comunidades indígenas.
- Crear, bajo la coordinación de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), un sistema de alerta temprana para detectar y responder rápidamente a la infiltración del narcotráfico en comunidades indígenas.
- Elaborar y ejecutar, al mando del Ministerio de la Mujer, en coordinación con el INDI, programas de protección específicos para mujeres y jóvenes indígenas vulnerables al reclutamiento por organizaciones criminales.
Carlos Aníbal Peris
Sociólogo e investigador categorizado del Sistema Nacional de Investigadores (SISNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Docente universitario. Punto Focal en Ciencias Sociales – Unesco, Paraguay. Actual presidente de la Sociedad Paraguaya de Sociología.
Contacto: carlosperisc@gmail.com
Roni Nicolás Paredes Ramos
Sociólogo. Presidente del Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios (CERI).
Contacto: roniparedes@gmail.com
Perla Godoy
Socióloga y abogada, candidata a Máster en Sociología y Ciencia Política, con experiencia en investigaciones financiadas por Prociencia – Conacyt, enfocadas en el desarrollo rural y el bienestar social. Es miembro activo de la Sociedad Paraguaya de Sociología.
Contacto: perlitagodoy88@gmail.com
Javier Allende
Sociólogo. Maestrando en Ciencias Sociales con mención en desarrollo social e investigación por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO – Paraguay). Enfoque investigativo en sociología urbana. Integrante de la Sociedad Paraguaya de Sociología. Profesional de Artes Escénicas. Promotor Cultural y miembro del Núcleo de Acción Cultural.
Contacto: yoryik@gmail.com
Belén Torres
Socióloga. Maestranda en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO – Paraguay). Miembro fundador de la Sociedad Paraguaya de Sociología. Socia investigadora del Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios (CERI).
Contacto: mabetole@gmail.com
[1] Carlos Almirón, «Droga entre indígenas», ABC Color, 24 de febrero de 2024, acceso el 20 de octubre de 2024, https://cutt.ly/4eDFMNpQ
[2] «Macho, un peligroso delincuente que lidera el Departamento de Canindeyú», Última Hora, 26 de junio de 2024, acceso el 18 de octubre de 2024, https://cutt.ly/ceDF1pcu
[3] Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), «Observatorio Paraguayo de Drogas».
[4] Carlos Aquino, «Brítez Cué: Caen cuatro líderes indígenas con lujosas camionetas vinculadas a Macho», Última Hora, 25 de mayo de 2024, acceso el 15 de octubre de 2024, https://cutt.ly/DeDF4ApL
[5] «Ataque a helicóptero: allanamiento e incautación de 238 kilos de marihuana», ABC Color, 22 de junio de 2024, acceso el 15 de octubre de 2024, https://cutt.ly/9eDF48F7
[6] «Video: Muestran supuestamente al narcotraficante “Macho” repartiendo víveres a comunidades indígenas», Popular, 24 de junio de 2024, acceso el 20 de octubre de 2024, https://cutt.ly/oeDF7sjH
[7] Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), «Observatorio Paraguayo de Drogas – Sección Estadísticas».
[8] «Población indígena en el Paraguay se encuentra en torno a los 140.000 habitantes», INE, 19 de abril de 2024, acceso el 17 de octubre de 2024, https://cutt.ly/QeDF8QTE
[9] «Indígenas sirven de campana para narcos en Canindeyú, afirma ministro de la SENAD», El Nacional, 28 de junio de 2024, acceso el 18 de octubre de 2024, https://cutt.ly/4eDF8Jf0
[10] «Fiscalía conforma equipo para atender asuntos indígenas», Última Hora, 31 de agosto de 2024, acceso el 16 de octubre de 2024, https://cutt.ly/IeDF86o8
[11] Ramón Fogel, Estado, mercado y sociedad (Asunción: Servilibro, 2023).
[12] Carlos Peris, «Los orígenes del narcotráfico en el Paraguay», Academia Paraguaya de la Historia.
[13] Carlos Peris, «Consolidación del narcotráfico en el Paraguay», Academia Paraguaya de la Historia.
[14] InSightCrime (2024), «Perfil criminal: Paraguay», https://cutt.ly/beFNNHgF
[15] Global Initiative Against Transnational Organized Crime, «Índex: Paraguay» (Nueva York: GIA-TOC, 2023).
[16] Ministerio Público, «Unidad Especializada en Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo».
[17] Gobierno del Paraguay, «Plan de Acción contra el Abuso de Drogas – SUMAR», https://cutt.ly/heDGl57i
[18] «Alto Paraguay: proliferación de venta y consumo de drogas en poblaciones indígenas», ABC Color, 10 de febrero de 2024, acceso el 18 de octubre de 2024, https://cutt.ly/ieDF7X2j
[19] Ibidem 8.
[20] Tierraviva, Violencia e impunidad hacia el Pueblo Paî Tavyterâ-Kaiowa. Aproximación a la situación de violaciones de derechos humanos en la frontera paraguayo-brasileña (Asunción: Tierraviva, 2014), https://cutt.ly/ceDGYepC
[21] «La historia criminal siempre tiene un trasfondo social», La Nación, 25 de agosto de 2024, acceso el 17 de octubre de 2024, https://cutt.ly/keDF5uYJ
[22] Carlos Peris y Marcelo Moriconi, «Interacciones narco-culturales en comunidades indígenas del Chaco Paraguayo», URVIO. Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, 2024, https://cutt.ly/KeDGxeeU
[23] «Comunidades indígenas y el narcotráfico: ausencia del Estado es la principal causa, asegura sociólogo», ABC Color, 26 de diciembre de 2024, acceso el 15 de octubre de 2024, https://cutt.ly/xeDF5XQw
[24] Luis Yáñez, «Diáspora indígena en Paraguay por el avance narco y la ausencia del Estado», El Ciudadano, 3 de septiembre de 2018, acceso el 17 de octubre de 2024, https://cutt.ly/oeDGcuPu
[25] Peris y Moriconi, «Interacciones narco-culturales…
[26] Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, «Informe de Monitoreo N.º 23/23», diciembre de 2023.
[27] «Epidemia de adicción y una cara oculta: mujeres de bajos ingresos para el microtráfico», Hoy, 15 de julio de 2024, acceso el 18 de octubre de 2024, https://cutt.ly/AeDF6lun
[28] «Pueblos Indígenas: “El aislamiento es una estrategia de preservación colectiva”», Naciones Unidas, 8 de agosto de 2024, acceso el 17 de octubre de 2024, https://cutt.ly/keDGzbhu
