Respuestas violentas a la orden del día en los conflictos por la tierra

El Estado no toma medidas frente a la actuación de las fuerzas militares e incluso de civiles armados en desalojos, ataques y amedrentamientos a poblaciones campesinas, indígenas y de barrios populares del país. Lejos de frenar las intervenciones irregulares, se las alienta dando un manto de impunidad. La problemática de la tierra no necesita respuestas violentas, necesita institucionalidad, diálogo y un Estado de derecho garante de la vida y la dignidad de las personas.

En el presente informe se detallan los desalojos forzosos ocurridos del 1 de octubre de 2023 a 30 de septiembre del 2024, tanto a poblaciones campesinas como indígenas, y que abarcan departamentos de Presidente Hayes, Caaguazú, Itapúa, Canindeyú y Alto Paraná. Los datos provienen del Observatorio de Tierra, Agronegocios y Derechos Humanos^[1] que registra casos relevados a partir de publicaciones de medios de comunicación masivos y alternativos. Se describe un panorama general de las situaciones de violencia contra las comunidades campesinas e indígenas afectadas por distintas formas de violencia, teniendo como principales los casos de desalojos forzosos. Se incluye también una breve mención y descripción de desalojos urbanos, que han tenido importante repercusión en la opinión pública, principalmente aquellos llevados adelante en el departamento de Alto Paraná, por la aparatosidad y la desproporcionalidad en el uso de la fuerza.

Situación del derecho en 2024

Los desalojos forzosos^[2] a campesinos e indígenas se alejan del espíritu de la Constitución de la República del Paraguay^[3], ya que violentan sistemáticamente a poblaciones rurales que intentan acceder a una parcela de tierra para poder asentarse, producir económica y culturalmente a fin de mejorar sus condiciones de vida, ante la ausencia de una política de reforma agraria en el país.

En el contexto actual, se suma la latente amenaza del avance del narcotráfico en las comunidades y los territorios indígenas^[4], exacerbando la vulnerabilidad de esta población, exponiéndola a mayor estigmatización y persecución estatal bajo la excusa de la lucha contra el delito insertado hasta la médula en el Paraguay.

Los casos de desalojos forzosos reflejan una falta de perspectiva de soluciones duraderas^[5]. La recomendación para el Estado es «abstenerse a realizar estos procedimientos y garantizar que se aplique la ley a sus agentes o a terceros que los realicen»^[6]. Al contrario, la respuesta es siempre violenta. La situación se agravó desde el 2021, con la promulgación de la Ley N.º 6830^[7], que elevó los años de pena por la «invasión de inmuebles» y eliminó la posibilidad de medidas alternativas a la prisión, contradiciendo principios consagrados en la Carta Magna y el propio Estatuto Agrario. A esto hay que agregar que, hasta la fecha, el Paraguay no dispone de mecanismos jurídicos de prevención de desalojos forzosos a comunidades campesinas.

Este escenario es propicio para que sumen y sigan los casos de desalojos forzosos a comunidades campesinas, indígenas y de zonas urbanas, con el agravante de que en este periodo se registró nuevamente la intervención de civiles armados —sin ningún control—, llegando al extremo de causar la muerte de personas en lucha por la tierra.

Casos ocurridos en 2024

Violencia y muerte en desalojos de comunidades campesinas

La represión sufrida por las comunidades campesinas se refiere a la acción violenta por parte de personas armadas, ya sean agentes estatales o privados, que tienen como principal característica no contar con orden de desalojo con la firma de una autoridad competente (ver registro en el cuadro 1).

En el periodo de este informe se han registrado dos situaciones de represión: una en el departamento de Presidente Hayes y otra en Caaguazú. En ambos casos, el procedimiento ha dejado personas heridas y en el caso de Presidente Hayes, incluso una persona asesinada.

Otro tipo de violencia se expresa en los desalojos propiamente dichos, en los que actúan fiscales y Policía Nacional, en ocasiones, acompañados de civiles armados. El desalojo realizado en el periodo ha ocurrido en el distrito de Edelira, departamento de Itapúa, afectando a un número aproximado de 240 personas.

Se ha registrado también un intento de desalojo, en fecha 24 de abril de 2024 en el departamento de Canindeyú, distrito de Yasy Cañy. Para presionar a las personas a que abandonen el lugar, se procedió al corte de energía eléctrica, como forma de precarizar aún más las condiciones de vida de la gente que se encuentra en el lugar.

Cuadro 1. Desalojos campesinos del 1 de octubre de 2023 al 30 de septiembre de 2024

Fuente: Elaboración propia, con datos del Observatorio de Tierra, Agronegocios y Derechos Humanos de BASE-IS.

De todos estos casos se destaca lo ocurrido en el departamento de Presidente Hayes, ya que tuvo un desenlace fatal. El 5 de octubre de 2023, tanto hombres como mujeres se encontraban al costado de la ruta PY 09 Dr. Carlos Antonio López en un conflicto de tierras en el que se reclamaba la existencia de excedentes fiscales que forman parte de la Finca 916. Personas sintierras, provenientes de diferentes distritos, habían iniciado la ocupación de tierras el 15 de septiembre de 2023, pero fueron desalojadas en dos ocasiones (21 de septiembre y 4 de octubre). En la segunda ocasión, después de abandonar el inmueble, acamparon al costado de la ruta y, en contrapartida, al inmueble ingresaron civiles armados para «custodiar» la propiedad. Al día siguiente se registró la actuación con disparos de armas de fuego por parte de los civiles armados contra las personas. Resultó víctima fatal Edgar Francisco Villalba Oliveira (45) y sufrieron heridas al menos tres personas.

El fiscal interviniente en el caso fue Irán Suárez, quien era el encargado de realizar una verificación de la situación dada en el inmueble. Sin embargo, se procedió a un desalojo y, al no tener orden, se tornó irregular la intervención. Además, con la anuencia del fiscal, se dio el ingreso de los civiles armados a la propiedad, los que posteriormente actuaron de forma violenta y asesinando a una de las personas que reclamaban acceso a las tierras mencionadas.

Pueblo ava guaraní, el más violentado

En lo que refiere a desalojos y atropellos llevados adelante contra comunidades indígenas, datos del Observatorio indican que el pueblo ava guaraní ha sido el más violentado durante el último año. Las situaciones registradas comprenden los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú, con al menos ocho situaciones de violencia, cinco de ellas desalojos, en los cuales al menos en dos hubo presencia de civiles armados que actuaron en coordinación con la Policía Nacional.

Como en años anteriores, los desalojos siguen dándose de forma violenta. Aunque las personas se retiren de manera pacífica y sin oponer resistencia, los agentes de seguridad (privados o públicos) terminan destruyendo o quemando las viviendas precarias.

Por otro lado, las comunidades indígenas siguen siendo blanco de ataques por parte de civiles armados, que actúan de forma violenta a fin de amedrentar y generar presión para que las poblaciones abandonen las tierras en las que se encuentran, y liberar el territorio para actividades vinculadas a la agroindustria.

Es de especial atención el caso registrado el 26 de junio de 2024 en el departamento de Canindeyú, en el que han intervenido agentes del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), que se había creado como Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en el año 2013 y que en abril de 2024 el presidente Santiago Peña dispuso su extensión al departamento de Canindeyú. Militares detuvieron a cinco indígenas y fueron acusados de ser cómplices del narcotraficante Santiago Acosta Riveros (alias «Macho») y que este los estaría usando de escudo para sus acciones criminales. Ante la acusación, Arnaldo López, uno de los líderes indígenas de la comunidad, respondió que ellos ni siquiera conocen a Acosta Riveros:

lo que hacen es decir que los indígenas ayudan a ese señor, pero no es así, ni le conocemos […] son mentirosos, muy mentirosos […] nosotros estamos en la lucha por la tierra, hasta ahora no está titulada, pero está en camino la documentación, dicen que los indígenas ayudan a este señor, no es así, tenemos nuestro trabajo dentro de la comunidad, tenemos proyectos internos, hacemos muchas cosas, con eso nos mantenemos y compramos el vehículo que tenemos, no es verdad que nos dio ese señor como dice ABC, aprovechan esto para debilitar la lucha por la tierra de Y’apo, distrito de Corpus Christi […]^[8]

En el cuadro 2 se presentan los casos de desalojos registrados en el periodo de este informe.

Cuadro 2. Desalojos indígenas (octubre de 2023 a octubre de 2024)

Fuente: Elaboración propia, con datos del Observatorio de Tierra, Agronegocios y Derechos Humanos de BASE-IS.

Violentos desalojos en zonas urbanas de Alto Paraná y Central

Desde octubre del 2023 hasta julio del 2024 se registraron cuatro casos de desalojos: dos en el departamento de Alto Paraná y dos en Central.

4 de octubre de 2023. Barrio Che la Reina, Ciudad del Este (Alto Paraná)^[9]. El asentamiento ubicado en la zona conocida como Finca 66 sufrió un violento desalojo a partir de un despliegue de agentes de diversas comisarías de la zona, personal del Grupo Especial de Operaciones (GEO), Agrupación Montada de la Policía Nacional, con el refuerzo de agentes procedentes de Asunción y del departamento de Caaguazú. Los ocupantes se atrincheraron y atacaron a los agentes policiales, para impedir por segunda vez el cumplimiento de una orden de desalojo de tres viviendas, emitida el 16 de marzo por el juez Mario Aguayo Rodríguez. El procedimiento derivó en la muerte de Olga Ayala Fernández (43) por complicaciones de su estado de salud.

15 de noviembre de 2023. Caacupemí, Areguá (Central). El violento desalojo fue ejecutado por la Policía Nacional, con la movilización de aproximadamente 200 efectivos para 60 familias. Según la cobertura realizada por un medio de comunicación de alto alcance^[10], los intervinientes no habían exhibido la orden de desalojo, y las familias afectadas indicaron que las casas fueron derribadas con tractores y que varias personas quedaron sin sus pertenencias.

2 de febrero de 2024. Compañía Naranjaisy, Villeta (Central)^[11]. 55 familias denunciaron que fueron desalojadas de manera violenta e ilegal, ya que en ningún momento se les presentó una orden de desalojo. Según las personas afectadas, un grupo de civiles —dirigidos por el presidente de una comisión vecinal, Ángel Díaz—, con el apoyo de efectivos policiales, llegaron hasta el lugar en horas de la noche para golpear, agredir y desalojar a las personas que vivían en el predio.

1 de julio de 2024. Barrio San Antonio, Ciudad del Este (Alto Paraná)^[12]. Un nuevo conflicto de propiedad respecto a la Finca 66 surgió cuando una empresa inmobiliaria reclamó como suyos los terrenos en los cuales viven 20 familias, asegurando que son predios municipales. Las personas se negaban a salir del lugar hasta que no se aclare el conflicto respecto a los títulos correspondientes, motivo por el cual se resistieron al desalojo, produciéndose graves incidentes con los aproximadamente 300 efectivos policiales que llegaron al lugar. Tras varias horas de incidentes y con varias personas heridas, el desalojo llegó a concretarse.

Conclusiones

La problemática de la tierra campesina ha sido respondida históricamente con políticas represivas. En los últimos cinco años, esta política se extendió también a comunidades indígenas y poblaciones urbanas en situación de pobreza. En el periodo informado, esta situación tuvo como consecuencia la muerte de dos personas, una de ellas por el actuar directo de civiles armados en un conflicto territorial.

Es un signo de alarma que con el correr de los años se sigan registrando situaciones de desalojo, donde hayan participado guardias privados o civiles armados actuando con violencia contra las comunidades. Lo grave es que las instituciones estatales no toman medidas para investigar y prevenir estos hechos irregulares.

Se observa una sistemática persecución a comunidades indígenas, siendo especialmente afectadas las del pueblo ava guaraní, al margen del derecho internacional indígena, como se reconoce en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, poniendo énfasis en el territorio y la tierra de los indígenas:

la urgente necesidad de respetar y promover los derechos intrínsecos de los pueblos indígenas, que derivan de sus estructuras políticas, económicas y sociales y de sus culturas, de sus tradiciones espirituales, de su historia y de su filosofía, especialmente los derechos a sus tierras, territorios y recursos^[13].

Las comunidades y los territorios indígenas sufren la amenaza del avance del narcotráfico generando aún más vulnerabilidad, ya que están expuestos a la violencia paraestatal, pero a la vez son víctimas de mayor estigmatización y persecución estatal bajo la excusa de luchar contra el narcotráfico. Es grave el avance de la militarización interna que se ha extendido al departamento de Canindeyú y en el cual ya se han registrado situaciones de actuación sobre comunidades indígenas.

Recomendaciones

• Investigar, desde el Ministerio Público, el caso del asesinato del campesino Francisco Villalba, que derive en el castigo al o los responsables.
• Invertir esfuerzos —desde el Departamento de Control y Fiscalización de Empresas de Seguridad de la Policía Nacional— para eliminar la participación de civiles armados en desalojos o intervenciones de estos sobre poblaciones campesinas e indígenas, incluyendo exhaustividad en el control de las empresas privadas que prestan servicio en los inmuebles rurales.
• Coordinar de manera interinstitucional —entre el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), Indert, Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior— acciones para dar salidas pacíficas a los problemas de tierras que afectan a comunidades indígenas, campesinas y urbanas, según sea el caso.
• Analizar la derogación de la Ley N.º 6830 del 2021 y promover espacios de participación de la sociedad civil en general y en particular de campesinos(as), sintechos e indígenas para diseñar políticas de democratización de la tierra en el país.

Abel Irala

Trabajador social, docente universitario, con especialización en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Investigador e integrante de Base Investigaciones Sociales (BASE-IS).

Contacto: airala@baseis.org.py

^[1] Consultar en el sitio de Base Investigaciones Sociales: https://www.baseis.org.py/

^[2] El término ‘desalojos forzosos’ «se define como el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos […]» (Observación general N.º 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).

^[3] En especial, los artículos 63, 64 y 114.

^[4] Esta problemática se encuentra abordada en el artículo sobre narcotráfico y derechos humanos de este informe.

^[5] Ver expresiones del representante de Naciones Unidas, Jan Jarab, la audiencia del 183.° periodo de sesiones, llevada a cabo el 17 de marzo de 2022, https://cutt.ly/HeGgYSKe

^[6] Observación general N.º 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, https://cutt.ly/KeGgK7Dr

^[7] Ley N.º 6830 «Que modifica el artículo 142 de la Ley 1160/1997 “Código Penal”, y su modificatoria, Ley 3440/2008», https://cutt.ly/1eGgKhhW

^[8] Versión traducida al castellano de las expresiones de Arnaldo López. «Líder indígena niega vinculación con narcos» [X], RTV [@rtvparaguay], 23 de junio de 2024, https://cutt.ly/qeGd14eP

^[9] «Tenso desalojo de tres familias en la Finca 66 de Ciudad del Este», ABC Color, 4 de octubre de 2023, acceso el 10 de octubre de 2024, https://cutt.ly/NeGSNFXN

^[10] «Desalojan a pobladores de un asentamiento en Areguá», ABC Color, 15 de noviembre de 2023, acceso el 10 de octubre de 2024, https://cutt.ly/WeGd0Dsv

^[11] Higinio Ramón Ruiz Díaz, «Denuncian desalojo irregular en un asentamiento en Villeta», ABC Color, 20 de febrero de 2024, acceso el 10 de octubre de 2024, https://cutt.ly/xeGS19Jn

^[12] «Policías se enfrentan con ocupantes en medio de un violento intento de desalojo en Ciudad del Este», Última Hora, 1 de julio de 2024, acceso el 10 de octubre de 2024, https://cutt.ly/AeGS0XxW

^[13] Naciones Unidas, Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, https://cutt.ly/ueGd75VL