La esfera pública ha cambiado con la consolidación del cartismo en el Paraguay, un régimen autoritario de nuevo cuño que amplía y profundiza la herencia stronista, legitima la cooptación del Estado por parte de la narcopolítica, redobla la connivencia gubernamental con el fundamentalismo religioso y restaura el economicismo como modelo de desarrollo. La resistencia, el pensamiento crítico y la movilización por parte de las organizaciones ciudadanas, intelectuales, comunicadores y artistas marcarán la dinámica en este tiempo sombrío.
El artículo presenta un análisis general del desempeño de la política cultural en Paraguay desde una perspectiva de Estado, agravado en el último periodo. Para el efecto, hace dos ejercicios. Por una parte, inserta el tema en la historia, tanto en el proceso que viene sucediendo en los últimos años como en el tiempo presente, caracterizado por la consolidación de un régimen autoritario inédito en la historia paraguaya, conocido como «cartismo»[1]. Por otra parte, se caracteriza la gobernanza cultural, imprescindible para comprender la situación de los derechos, buscando dilucidar cambios y continuidades, avances y retrocesos. Lo hace en diálogo con las recomendaciones y reflexiones de artículos de esta sección publicados en años anteriores[2]. Realiza una operación similar con tópicos centrales de la agenda política en materia de cultura, varios de ellos verdaderas deudas históricas.
Situación del derecho en 2024
Implicancias culturales del autoritarismo cartista
El cartismo marca el clima de época en Paraguay, ecualiza la sensibilidad dominante y traza las fronteras (materiales y simbólicas) de lo permitido y lo prohibido. Esta observación es necesaria porque la noción de derechos culturales es intrínsecamente contradictoria a cualquier tipo de autoritarismo.
Dos hechos sirven como ejemplo de evidencia del régimen autoritario: la propaganda de la ideología de género y la iniciativa legislativa de control a las organizaciones civiles, conocida como «Ley anti-ONG» o «Ley Garrote»[3].
Propaganda de la ideología de género
Es una estrategia intensificada en el gobierno nacional de Santiago Peña y en las decisiones del Congreso Nacional, donde el oficialismo tiene mayoría. La misma proscribió el concepto de «perspectiva de género»[4], una de las principales conquistas del siglo XX por parte del movimiento feminista, y reinstauró la censura y la autocensura.
La ideología de género se ha convertido en un recurso de gobernabilidad para el oficialismo, pues polariza a la población, neutraliza o cancela la acción potencialmente crítica u opositora y alinea fuerzas de actores muy variados, cosa que refuerza la legitimidad social del régimen.
Todo esto tiene implicancias culturales. Sin embargo, hay dos efectos específicos que deben ser subrayados. La propaganda de la ideología de género:
- Naturaliza la negación de los derechos, particularmente culturales, de las personas que asumen una identidad de género diferente a su cuerpo biológico y una orientación sexual diferente a la establecida por los mandatos de género (una forma específica de ser varón, una forma específica de ser mujer).
- Escamotea la sensibilidad hacia la diferencia, pues refuerza nociones fuertes del sentido común, como «normal» y «anormal», los «valores familiares», concebidos desde la religión; y la «tradición», comprendida desde el relato oficial sedimentado durante la dictadura stronista.
El proyecto de una sociedad democrática y pluralista va en contraposición de una política cultural que niegue diferencias, manipule el miedo y alimente la censura.
Es que, en términos estrictos, esta estrategia fundamentalista es una de las demarcaciones de la política cultural realmente existente en el Paraguay contemporáneo. Todo lo que puede hacerse no puede cruzar las fronteras simbólicas que ella impone.
«Ley anti-ONG» o «Ley Garrote»
Pese al cuestionamiento expandido a nivel nacional e internacional, la reciente promulgación de la Ley «Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro», conocida como «Ley anti-ONG» o «Ley Garrote», denota la orientación en materia de participación ciudadana.
Además de la finalidad manifiesta (control) y la finalidad no manifiesta (debilitar la participación crítica), esta decisión enturbia el clima político e instala una tensión contraproducente entre Estado y sociedad civil, cuando la estrategia debería ser a la inversa: cultivar un clima de cooperación y complementariedad, y promover un ecosistema de diálogo que favorezca la construcción de acuerdos y el reconocimiento democrático de disensos.
Los efectos de esta política de participación (en cuyo marco la ley de marras es solo un instrumento) alcanzarán a todas las organizaciones civiles, incluyendo aquellas que bregan por derechos culturales, que se caracterizan por su «debilidad organizativa» y «desarticulación», según las entrevistas realizadas para abordar el presente artículo[5].
Restauración del economicismo
El gobierno de Santiago Peña asume una orientación economicista del desarrollo, marco que, junto con el autoritarismo, delinea la visión, previsualiza el escenario y condiciona la ruta para la política cultural.
Una de las primeras medidas del presidente fue la creación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que subsumió a tres instituciones: el Ministerio de Hacienda, la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría Técnica de Planificación. Es decir, a partir de septiembre de 2023, el desarrollo de la sociedad es pensado y planificado desde el prisma económico-financiero. Si bien la mirada economicista ha sido dominante históricamente, ningún gobierno se atrevió a posicionar de tal forma a un paradigma que ha demostrado su insuficiencia para abordar el desarrollo.
La Comisión ODS Paraguay está sin funcionar desde la asunción de este gobierno, en parte, porque la Agenda 2030 es, según la propaganda oficial, un instrumento de la «agenda globalista» y, en parte, por el economicismo instaurado que considera secundarias otras dimensiones[6].
En consulta con personas que participan del Consejo Nacional de Cultura (Concultura) en representación de sectores variados, se pudo constatar que hay claridad sobre la necesidad de trabajar, desde la política pública, desde y para la lógica de mercado (la economía creativa, el emprendedurismo, etc.). Sin embargo, la misma no es la única. Existen otras lógicas no regidas por el intercambio mercantil que también deben ser promovidas, como las formas comunitarias, cuya heterogeneidad es proporcional a la diversidad sociocultural de la población del país. Bajo esta visión más amplia, que es una visión de desarrollo sostenible, el Estado debe promover las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos, lo que implica una actuación en varios campos y a través de múltiples estrategias, entre las que resultan imprescindibles, para el caso paraguayo, el impulso de incentivos y subsidios, la regulación de las acciones privadas y la compensación de asimetrías históricas, sean territoriales, sociales o étnicas.
Postergada gobernanza cultural
En el último año no ha habido ningún avance significativo con respecto al fortalecimiento de la gobernanza cultural desde una perspectiva de Estado. Desde este artículo, a partir del 2017, se viene advirtiendo sobre la necesidad imperiosa de promover la articulación entre las más de 20 instituciones del nivel central que tienen competencias en la materia, además de todas las gobernaciones y municipalidades.
No hay indicios de cambio a la tendencia de la fragmentación en el marco del nuevo gobierno. Todo lo contrario. La emergencia de la primera dama como figura con ascendencia sobre ministros y ministras, ejerciendo un rol articulador de varios proyectos culturales, comporta significados negativos. Devalúa la institucionalidad, en particular la cultura institucional, al ser una figura que carece de competencia para tal fin; y debilita a la Secretaría Nacional de Cultura, en cuanto órgano rector de la política cultural en el país, al igual que a otras instituciones y a los diferentes mecanismos de articulación existentes.
Se ha visto que, en materia cultural, el nuevo gobierno prioriza proyectos y eventos, desplazando cualquier debate público sobre políticas públicas y las formas de mejorar el desempeño de las instituciones del Estado en la promoción de los derechos culturales[7].
La actualización del Plan Nacional de Cultura fue anunciada como una de las acciones a comienzos del 2024. Sin embargo, en el tramo final del año, no existen novedades sobre el inicio de algún proceso. Aquí es importante tener en cuenta que el MEF ha informado la puesta en marcha de la formulación de un nuevo Plan Nacional de Desarrollo al 2050[8].
Los artículos de años anteriores han advertido —sin eco alguno— que el Plan Nacional de Cultura 2018-2023 en rigor no era tal, pues no actuaba como hoja de ruta para las múltiples instituciones involucradas con este campo.
La creación de un Ministerio de Cultura que subsume a diferentes instituciones hoy dispersas, propuesta que es citada desde hace varios años por parlamentarios y otros actores, es solo un camino de los tantos posibles. De lo que se trata es de pensar cómo superar la fragmentación institucional que rige a las instituciones del Estado. O, dicho de otra forma, cómo recuperar el mandato de la Ley N.º 3051 «Nacional de Cultura» de 2016, para transitar hacia el cumplimiento de los deberes del Estado en materia cultural.
En lo que hace a la gobernanza cultural, es importante profundizar sobre un tema que aún no goza de la atención debida: la producción estadística. El campo de la cultura es el más rezagado en materia de producción estadística, comparándolo con el económico, el demográfico, el social y el ambiental.
Esta situación es un indicador de la inmadurez institucional o de la incapacidad del Estado como garante de derechos culturales, y también un factor explicativo para comprender la inexistencia de descripciones situacionales sobre el ejercicio de derechos culturales, como los hay en educación y salud. Es también un factor para explicar la debilidad técnica de los múltiples planes, los cuales —por lo general— carecen de indicadores de desarrollo.
Desidia en la protección del patrimonio cultural
Sin desconocer acciones importantes, la orientación de la gestión sobre el patrimonio cultural no ha cambiado. Sigue la desidia. La Ley N.º 5621 «de Protección del Patrimonio Cultural», promulgada en el 2016, no ha sido aún totalmente reglamentada, mientras que su ejecución es parcial. El Consejo Nacional de Patrimonio Cultural no fue instituido, mientras que los instaurados consejos departamentales y municipales no reportan informes ni resultados.
La actual administración informó[9] que el desafío para el año 2024 es el fortalecimiento de la descentralización de la gestión cultural, y que para el cumplimiento se ejecutará un proyecto denominado «Fortalecimiento del Sistema Nacional del Patrimonio Cultural», el cual pretende instalar capacidades en las 263 municipalidades ubicadas en los 17 departamentos del país, además de Asunción, a través de talleres de capacitación con una guía instructiva y pedagógica que oriente la gestión cultural. En el año 2024, dicho proyecto abarcaría a 34 municipalidades.
Sin embargo, según la Rendición de Cuentas al Ciudadano (RCC)[10] del segundo trimestre de 2024, presentada por la SNC, la elaboración de la Guía Instructiva para el Fortalecimiento del Sistema Nacional del Patrimonio contaba con apenas un 10% de ejecución.
«Vivir del trabajo artístico: una deuda histórica»
En el país, las y los artistas no encuentran condiciones para vivir de su oficio, y quienes lo logran son excepciones. La política pública cultural —concebida como el entramado de políticas, planes y programas pertinentes— debe, en tal sentido, ofrecer, por una parte, información que logre caracterizar a la población artística del Paraguay y, por otra, respuestas estratégicas que reviertan las condiciones desfavorables y promuevan aquellas favorables para el despliegue de los trabajos artísticos. El primer cometido no sucede, mientras que el segundo no pasa la etapa de proyectos de corto alcance.
Una deuda histórica, que no puede ser omitida, es la seguridad social del artista. Si bien la Ley N.º 4199 «Que establece el seguro social para músicos, autores, compositores y cultores del arte en general sin relación de dependencia» fue promulgada en el año 2010, la misma no está siendo ejecutada por varios motivos, entre los cuales se destaca la descoordinación entre ministerios y las secretarías, y entre estos y el Instituto de Previsión Social (IPS).
Es usual «ver a artistas renombrados y no tan renombrados sufrir dificultades en la tercera edad»[11]. En ausencia del Estado social de derecho, el clientelismo se fortalece culturalmente. «Algunas personas logran alguna pensión graciable si tienen la suerte de tener algún amigo político»[12].
En este último año, no hubo avances sustantivos para operacionalizar la citada ley.
Insuficientes avances en la promoción de la diversidad cultural
Dos son los temas centrales en la agenda institucional, ambos marcados por el poco o nulo avance: derechos de afrodescendientes y derechos de pueblos indígenas. Nos detenemos en el primer tema en este artículo[13].
La «Ley Afrodescendiente»[14] fue promulgada en el año 2022, teniendo a la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) como órgano de aplicación. La misma establece básicamente sanciones para hechos de discriminación, encomienda al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) la inclusión de la historia de los afrodescendientes del Paraguay en el currículum educativo, encarga a la SNC la formulación de un Plan Nacional de Promoción, Fomento y Protección de los Derechos Humanos, y la instauración de un Registro Nacional de Personas Afrodescendientes. En el artículo del 2023 ya se había advertido sobre la dilatación de tales mandatos y la situación sigue igual en el 2024: no se registran progresos sustantivos en la ejecución o articulación de tales asuntos.
Sin embargo, la diversidad remite a una cuestión de fondo. La consideración de la cultura no solo como tema, sino como perspectiva. En cuanto tal, los diferentes asuntos públicos (empleo, salud, educación, tecnología, género, ambiente, etc.) comportan procesos y desafíos culturales: cultura emprendedora, cultura de la prevención, cultura de la planificación, cultura ciudadana, cultura de la igualdad, cultura digital, etcétera.[15]
La SNC parece haber abdicado de sus roles como ente rector, articulador y transversalizador, lo que le exigiría un trabajo más allá de las fronteras del arte y el patrimonio, para coadyuvar con el propósito de lograr la debida atención de la diferencia cultural por parte de las diferentes políticas públicas. Cumplir adecuadamente sus funciones le llevaría a trabajar más de cerca, por citar ejemplos, con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) en los asuntos ambientales; con la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis), en pos de los derechos culturales de las personas con discapacidad; o con el Ministerio de la Mujer (MinMujer), por la promoción de la igualdad de género[16].
Participación en la vida cultural como estrategia ante el autoritarismo
El movimiento Cultura Viva Comunitaria, en una fase emergente en Paraguay, recuerda una consigna básica de toda política cultural contemporánea basada en el enfoque de derechos: «no se trata de llevar cultura a las comunidades, al aula o a la gente, de lo que se trata es de generar las condiciones para que las personas y colectivos creen y produzcan cultura»[17]. Este enfoque, que incluye la difusión, supone la superación de barreras materiales e inmateriales para el acceso y la creación.
La negación persistente de los derechos culturales de las personas con discapacidad en el país es un caso representativo de la violación estructural de los derechos culturales que hace parte de la forma de vida en Paraguay. Si de acceso se trata, ni el servicio de transporte público ni las aceras son accesibles para personas con discapacidad[18], mientras que, salvo excepciones, los museos y otros espacios culturales no han eliminado las barreras que excluyen la participación por parte de personas que cuentan alguna condición de discapacidad. Esta situación no ha sido atendida en el periodo de este informe.
El Estado central, las gobernaciones y las municipalidades no actúan bajo objetivos compartidos ni retroalimentan una red de metas basadas en indicadores acordados como política país. Con este vacío, es imposible hacer una lectura territorial del entramado de las políticas públicas culturales. Si bien el fortalecimiento de la descentralización es parte del discurso de las diferentes instituciones, no existen avances concretos. Se carece de mapeos de oficinas municipales o departamentales de cultura (independientemente del rango y el nombre), y de información sobre si cuentan o no con planes y si los están ejecutando.
La participación en la vida cultural comprende también la participación en todo el ciclo de la política pública. Existen diferentes instancias formales de participación, como Concultura, el Consejo del Instituto Paraguayo del Audiovisual, la Comisión Nacional de Fortalecimiento, Promoción y Valoración de las Lenguas Indígenas en el Paraguay, por citar algunos ejemplos.
Las personas entrevistadas que son parte de Concultura han coincidido en expresar el gran interés por parte de las organizaciones en participar. Asimismo, manifestaron la necesidad de que las instituciones, en particular la SNC como órgano rector, «escuchen más» y favorezcan el encuentro y el diálogo entre los colectivos que bregan por los derechos culturales, promoviendo lazos de confianza y la cooperación, que deben estar acompañados por una gestión eficiente y eficaz. También coincidieron en que las organizaciones deben hacer mea culpa, pues arrastran tareas pendientes para lograr el fortalecimiento asociativo, la articulación entre actores del mismo sector y entre sectores diferentes, y la maduración para ir más allá de la catarsis o, dicho de otra forma, entrenar la visión estratégica.
Se observan expectativas favorables con respecto a la SNC, como órgano rector de la política cultural del país, lo cual es una oportunidad de cara a la buena gestión.
Conclusiones
Entre el autoritarismo y el economicismo, la política cultural en el Paraguay podrá moverse dentro de las fronteras de un cuadrilátero trazado por «Dios, Patria, familia y mercado».
El régimen cartista plantea una contradicción irresoluble que acompañará la gobernanza cultural en los próximos años. La noción de derechos culturales es la antítesis a cualquier régimen autoritario, así como al enfoque economicista. El mismo concepto de cultura comporta ir más allá del mercado, lo que no significa desconocerlo.
Está por verse cómo las instituciones aprovechan los huecos y qué margen de maniobra pueden desarrollar, bajo la consigna de que haya interés para lograr una gestión que marque huellas y atienda las causas estructurales de los problemas que se dicen querer resolver. Aquí reside el meollo de la cuestión: como en otros asuntos, los grandes desafíos culturales del Paraguay requieren visión estratégica, enfoque integral, reconocimiento de la diferencia, la superación de visiones biologicistas y tradicionales, la promoción de la participación, la articulación y una altísima gestión estratégica.
Un escenario probable es la consolidación de la tendencia a priorizar eventos, obras, proyectos concretos de corto alcance y el emprendedurismo, evitando todo asunto controversial para el régimen o asuntos cuyas causas sean estructurales.
La irrupción de la primera dama en la agenda de la política cultural es negativa. Es un hecho que mina la institucionalidad. Es una señal de que no existe visión de Estado en materia cultural.
La variable que puede incidir en el juego de poder es la participación de las organizaciones. De las batallas que estas libren se podrán aprovechar oportunidades en los intersticios del autoritarismo y pulsear con enfoques permitidos, simplistas o excluyentes.
Recomendaciones
- Eliminar la campaña gubernamental basada en la ideología de género.
- Incorporar la dimensión cultural al Plan Nacional de Desarrollo 2050 que el Ministerio de Economía y Finanzas informó que formulará.
- Interrumpir la injerencia de la primera dama en la agenda de la política cultural, en cuanto articuladora, función que les compete a las autoridades ministeriales.
- Derogar la Ley «Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro».
- Formular el Plan Nacional de Cultura para el periodo 2025-2030, encarando, al mismo tiempo, la revisión de la gobernanza cultural en el Paraguay, a fin de fortalecer la gestión pública basada en resultados para el desarrollo.
- Finalizar la reglamentación de la Ley «de Protección del Patrimonio Cultural» y poner en funcionamiento el Sistema Nacional del Patrimonio Cultural.
- Promover el diálogo y el encuentro con y entre organizaciones civiles provenientes de diferentes sectores, favoreciendo la construcción de lazos de confianza y la promoción de relaciones colaborativas, cautelando de forma permanente su autonomía.
- Acordar con el Instituto Nacional de Estadística (INE) la instauración del subsistema cultural en el marco del Sistema Estadístico Nacional (SISEN), con el correlato de una agenda colectiva que fortalezca a las instituciones en la producción de datos estadísticos, particularmente basada en registros administrativos.
- Resolver los obstáculos que impiden la implementación de la Ley N.º 4199 «Que establece el seguro social para músicos, autores, compositores y cultores del arte en general sin relación de dependencia».
- Restaurar la participación de representantes de pueblos indígenas en el Consejo Nacional de Cultura.
- Ejecutar la Ley N.º 6940, del 2022, «Que establece mecanismos y procedimientos para prevenir y sancionar actos de racismo y discriminación hacia las personas afrodescendientes».
Vladimir Velázquez Moreira
Formado en comunicación, antropología y gestión pública. Es investigador en temas urbanos, sociales y culturales. Es consultor de organismos internacionales y organizaciones civiles en temas de planificación, evaluación, derechos humanos y desarrollo, en particular en el seguimiento a los ODS.
Contacto: vladivelmo@gmail.com
[1] Este nuevo régimen autoritario es ambiguo. No está basado en el uso de la fuerza, como las dictaduras, sino en el dinero, pues compra voluntades de personas y grupos. Opera desde la estrategia del «policía bueno» (el presidente de la República) y el «policía malo» (parlamentarios oficialistas), dirigidos por el líder Horacio Cartes, actual presidente del Partido Colorado, y quien actúa desde las sombras. Cuenta con un despliegue comunicacional extraordinario que sostiene una campaña propagandística de rasgos fascistas, tanto en aspectos formales como sustantivos. Instaló y usa de forma muy efectiva dos nuevos «enemigos internos»: «la ideología de género» que, según la propaganda, busca cambiar de sexo a niños y niñas; y la agenda globalista, donde también se inserta el enemigo anterior, que es perpetrada por las ONG («los oenegeros»), la Unión Europea y otros gobiernos extranjeros.
[2] Codehupy, Derechos Humanos en Paraguay, ediciones del 2017 al 2023, artículos correspondientes a derechos culturales, https://cutt.ly/ueGiB0zB
[3] Promulgada como Ley N.º 7363 el 15 de noviembre de 2024, Gaceta Oficial, https://cutt.ly/heJDS7n2
[4] La perspectiva descubre las complejas operaciones por las cuales se construyen, cambian o mantienen los mandatos de género a lo largo del tiempo: «una forma específica de ser varón» y «una forma específica de ser mujer».
[5] Gloria Oviedo (consejera del sector Artes Escénicas – Danza del Concultura), David Portillo (consejero del sector Música del Concultura), Joe Giménez (consejera del sector Cultura Viva Comunitaria del Concultura), Araceli Medina (consejera del sector Afrodescendiente del Concultura) y Luis Campos (consejero del sector Artes Visuales del Concultura), entrevistados por el autor, octubre de 2024.
[6] Según declaraciones de directivos del Ministerio de Relaciones Exteriores, en conversación con el autor y revisión de la web de la Comisión ODS actualmente inactiva.
[7] Primer Informe Presidencial 2024, 233-235, https://informepresidencial.gov.py/
[8] «Solicitud #78714. (SNC) Artículo sobre cultura 2024», Portal Unificado de Información Pública, acceso el 20 de octubre de 2024, https://cutt.ly/ieGc3Qxg
[9] Ibidem.
[10] Matriz del informe trimestral de Rendición de Cuentas al Ciudadano, conforme al Decreto N.º 2991/19, https://cutt.ly/OeGPFRuq
[11] Luis Campos (consejero del sector Artes Visuales del Concultura), entrevistado por el autor en octubre de 2024.
[12] David Portillo (consejero del sector Música del Concultura), entrevistado por el autor en octubre de 2024.
[13] En este artículo, por razones de espacio, se prioriza la atención de los derechos de afrodescendientes, debido a que existen otros artículos que abordan los derechos de los pueblos indígenas. No obstante, es importante advertir que Concultura ha perdido la participación de representantes de pueblos indígenas. De cara a garantizar la pluralidad, la Secretaría Nacional de Cultura debe agotar los esfuerzos para restaurar esta representación en tan importante instancia de la gobernanza cultural.
[14] Ley N.º 6940, del 2022, «Que establece mecanismos y procedimientos para prevenir y sancionar actos de racismo y discriminación hacia las personas afrodescendientes», https://cutt.ly/YeGPNCtC
[15] Existen leyes, decretos o políticas que encomiendan estrategias para la promoción de cambios culturales en estos y otros asuntos. Un ejemplo es la Ley N.º 5669 «De fomento de la cultura emprendedora», del 2016, en cuyo artículo 11 expresa que el Ministerio de Industria y Comercio, a través del Viceministerio de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas deberá «[…] articular programas de fomento a la Cultura emprendedora con la Secretaría Nacional de Cultura (SNC)». La promoción de cambios culturales en una sociedad nacional requiere estrategias con perspectiva de Estado. Acciones o proyectos son necesarios, pero no suficientes.
[16] Este último ejemplo es clave para mostrar los constreñimientos del régimen autoritario. En rigor, en el país no se puede promover la igualdad de género, a lo sumo, la igualdad entre hombres y mujeres.
[17] Joe Giménez (directora de El Cántaro y consejera civil del sector Cultura Viva Comunitaria en el Concultura), entrevistada por el autor, 27 de octubre de 2024.
[18] Existen cinco tipos de discapacidad: física, auditiva, visual, psicosocial e intelectual. Aquí una digresión es obligada. La comunidad de personas sordas, que ha conquistado la Ley N.º 6530 «Que otorga reconocimiento especial de la lengua de señas paraguaya (LSPy)» del 2020, reivindica su reconocimiento como comunidad cultural.
