El derecho a la educación no encuentra lugar en una gestión oficial con planes e iniciativas contradictorias. La continuidad de las tensiones en torno a la implementación del programa 12 Ciencias para la educación de la sexualidad y la afectividad en la familia y la escuela emerge precisamente como un foco donde es posible verificar la porosidad institucional del Ministerio de Educación y Ciencias ante las presiones de grupos antiderechos. Esto arroja incertidumbres sobre la posibilidad de renovar un pacto educativo asentado en los derechos humanos.
En el artículo se aborda la situación del derecho a la educación en el 2024, mediante un recorrido inicial por una serie de planes, programas y acciones del Gobierno que permiten distinguir contradicciones y discontinuidades en el sistema educativo, que se caracterizan por un distanciamiento progresivo de los principios de derechos humanos en el campo de la educación pública. Igualmente, se discute la continuidad de tensiones en torno a la implementación del programa 12 Ciencias para la educación de la sexualidad y la afectividad en la familia y la escuela. Este hecho describe la dificultad del Ministerio de Educación y Ciencias para asumir su responsabilidad en garantizar una educación que reconozca la pertinencia del enfoque científico y que promueva la libertad de cátedra del docente. Asimismo, se menciona la Ley de «Hambre Cero», iniciativa que refuerza un modelo centralizado que perpetúa las desigualdades. En este contexto en el que prosigue su despliegue un proyecto político con rasgos autoritarios, y cuyo eje es el desmantelamiento de derechos humanos básicos, se plantean incertidumbres acerca de la disposición del Gobierno en promover la renovación del pacto educativo.
Situación del derecho en 2024
Política educativa sin planes a la vista
En la Ley N.º 5749, promulgada en el 2017, que establece la Carta Orgánica del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), se señala que el ente posee la responsabilidad de garantizar la educación como un bien público y derecho fundamental. Esto incluye formular, ejecutar y evaluar la política educativa nacional y desarrollar planes y programas conforme a esta política, garantizando su financiamiento y sostenibilidad[1].
Los principios y fines establecidos en la Constitución de la República del Paraguay (1992) y en la Ley General de Educación (1998) consideran a la educación como un derecho humano fundamental de todas las personas y entre sus objetivos se refieren el respeto y la promoción del pluralismo cultural, lingüístico y social. Se otorga, además, a la educación formal un papel fundamental en el desarrollo social y económico y se reconoce el rol del sistema educativo en la construcción de un Estado de derecho y de una sociedad democrática.
Estos principios se traducen posteriormente en planes nacionales, donde se establecen metas, indicadores y se priorizan ciertos objetivos. Si bien los principios pueden ser los mismos, los planes tienen plazos de ejecución y se van actualizando. Una vez que se cumple el periodo de vigencia, se espera que un nuevo plan pueda asumir este objetivo orientador de las políticas de acuerdo con el nuevo contexto social, económico y político del país. En ocasiones, los planes son reemplazados antes de culminar su periodo de vigencia, al considerar necesario dar un nuevo enfoque a la política. Así sucedió con el Plan de Educación 2020, que fue reemplazado en el año 2011 por el Plan 2024. En su momento, este cambio respondió a las críticas que existían en torno a la reforma educativa de los noventa y a los cambios políticos que se habían dado en el país en el año 2008, con alternancia política y la asunción de un gobierno con una orientación progresista, vinculada a una tendencia política que se dio en los países de la región.
Sin embargo, este año culmina el periodo de vigencia del Plan 2024 y no se vislumbra un nuevo plan. Sí hubo intentos. El más concreto fue el Plan de Transformación Educativa, que no se concretó. Este plan tuvo grandes problemas en su origen: acuerdo entre el entonces Ministerio de Hacienda y el Banco Mundial, que establecía que sería desarrollado desde el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI) durante el gobierno de Horacio Cartes. Su posterior desarrollo se caracterizó por una serie de dificultades: realizado durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, con posiciones diversas y a veces contradictorias entre las autoridades del MEC, el Comité de Transformación Educativa y los equipos técnicos nacionales e internacionales, luego la situación de pandemia que complicó los procesos de participación en la discusión del borrador del nuevo plan y al final el proceso recibió un fuerte ataque de los grupos fundamentalistas, cada vez más enroscados y con mayor influencia en el MEC. Estos sectores apuntaron sus municiones contra todo lo que suene a derechos humanos: género (por supuesto), interculturalidad e inclusión[2].
Luego de muchos enfrentamientos, el MEC optó por cancelar el Plan de Transformación Educativa y proponer como salida el Plan Nacional de Desarrollo Educativo (PNDE 2040), una propuesta aceptada en la Mesa Técnica de Padres (compuesta por líderes religiosos, que no forma parte de ninguna instancia ni figura en el organigrama del MEC). Muy pocos prestaron atención, ya que fue una de las últimas decisiones en el campo educativo del debilitado gobierno de Mario Abdo. En este plan, los nuevos ejes son «valores y familia», «patriotismo y cultura», «enfoque comunicativo y tecnológico», conforme a la declaración dada por la entonces viceministra de Culto del MEC[3].
Con la asunción a la presidencia de la República de Santiago Peña y con la instalación de las nuevas autoridades del MEC se oficializa el Programa de Mejoramiento de la Educación Paraguaya 2023-2028 «Ñamombarete Tekombo’e»[4]. Cabe señalar que este programa no reemplaza por su estructura y planteamiento a un plan nacional, solo define las acciones prioritarias de un periodo de gobierno determinado, en consonancia con un plan nacional. Con dos ejes estratégicos, el programa tiene como meta mejorar la calidad de la educación a través de seis objetivos estratégicos.
Cuadro 1. Ejes y objetivos estratégicos del Programa «Ñamombarete Tekombo’e»
| Eje | Objetivos estratégicos |
| 1. Calidad de la educación | 1. Mejorar las oportunidades y el nivel de aprendizaje de todos los estudiantes.
2. Consolidar y expandir la atención integral de la primera infancia. 3. Fortalecer la formación técnica profesional. 4. Resignificar la formación de los educadores. 5. Mejorar la infraestructura educativa, facilitando un entorno propicio para el aprendizaje. |
| 2. Modernización de la gestión del MEC
|
6. Fortalecer la gestión educativa en todos sus niveles.
|
Fuente: Resolución N.º 825 del MEC.
El plan incluye metas específicas, como el Programa Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad «Ñe’ẽry», el desarrollo del pensamiento lógico-matemático. También destaca la expansión del servicio de maestras mochileras para la primera infancia, entre otros.
Este programa de gobierno es poco conocido. Salvo el Programa «Ñe’ẽry», que tiene cierta visibilidad y discusión pública, el resto no implica cambios sustanciales a los trabajos que viene realizando el MEC. Por otra parte, el programa «Hambre Cero» (que es el programa «estrella» del MEC) ni siquiera estuvo mencionado en el Programa de Mejoramiento de la Educación Paraguaya 2023-2028 «Ñamombarete Tekombo’e».
Este recorrido por los planes y programas actuales del MEC muestra aparentemente una falta de claridad, de orden en términos de priorización, de diseño y de ejecución de planes, programas y proyectos. A partir de esto surgen preguntas: ¿se sigue actualmente con esa lógica de planificación? ¿Es el fin de ese discurso ligado a la nueva gestión pública y a la racionalidad tecnocrática para la formulación de políticas? ¿Viene algo mejor o peor?
Algo queda claro: el Gobierno no está preocupado por contar con un plan nacional de educación, con una organización sistemática de las políticas, con acciones, resultados, indicadores. Por otra parte, parece que no están dadas las condiciones para discutir las políticas. En un ambiente tan polarizado, en un MEC que está sometido, en gran medida, por sectores fundamentalistas que responden a dogmas y a las órdenes de sus pastores, no existen en el presente las condiciones mínimas para el diálogo y la construcción colectiva. Todo esto en un clima de creciente autoritarismo a nivel gubernamental, donde la falta de un plan puede facilitar las decisiones arbitrarias y unilaterales. De hecho, en todo este proceso de sucesivos planes y propuestas, la perspectiva de derechos humanos y la equidad en el acceso perdieron relevancia frente al discurso fundamentalista.
Ideología fundamentalista para la educación de la sexualidad
En junio del 2023, el Ministerio de Educación aprobó vía resolución 12 Ciencias para la educación de la sexualidad y la afectividad en la familia y la escuela[5], un programa de educación sexual de contenido sexista y patriarcal, cuestionado por basarse en sesgos religiosos, opiniones sin argumentación científica y reforzar estereotipos tradicionales de género[6]. Luego de las críticas y la presión de la organización Familias por la Educación Integral en Paraguay (Feipar) y de organizaciones estudiantiles y activistas por la Educación Sexual Integral, el ministro de Educación fue convocado a una reunión con la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores, para dar explicaciones sobre el programa[7].
Ante las críticas, 12 Ciencias pasó a denominarse Educación de la Afectividad y la Sexualidad en la Escuela (EASE)[8]; sin embargo, sus contenidos no variaron de la propuesta original y empezó a promocionarse e implementarse rápidamente en varios departamentos, a pesar del cuestionamiento de miembros de las comunidades educativas, como la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes), la Unión Nacional de Centros de Estudiantes del Paraguay (Unepy) y el Sindicato Nacional de Directores (Sinadi)[9].
La aprobación de este programa se concretó a partir de la presión ejercida por el sector antiderechos en la Mesa Técnica de Padres (MTP)[10], luego de expulsar de la Mesa a la Feipar[11], una organización de padres/madres/familiares aglutinados para defender la perspectiva de derechos y la diversidad de familias en la educación[12]. Desde el inicio de la conformación de la Mesa, la participación de Feipar generó tensiones por defender una postura crítica a la agenda impulsada por las organizaciones fundamentalistas.
La MTP es una instancia importante desde la cual las organizaciones de padres antiderechos instalaron su oposición a la perspectiva de derechos, la igualdad de género y la interculturalidad en el Plan Nacional de Niñez y Adolescencia (2020) y en el Plan Nacional de Transformación Educativa (2022).
La aprobación de 12 Ciencias/EASE ocurre en un contexto de ataque sistemático contra la perspectiva de derechos y de género en la educación pública. La estrategia principal consiste en la instalación —a través de todos los medios posibles (redes sociales, medios de comunicación, eventos, espacios de formación)— de una narrativa de defensa nacional contra la «ideología de género» que, en realidad, es una defensa al neoliberalismo que justifica la destrucción de cualquier iniciativa o política pública que tienda al bienestar de los sectores históricamente excluidos.
Se observa una repetición del discurso en los sucesivos casos de retroceso de la política educativa y de derechos de la infancia. Principalmente, la suspensión del Marco Rector Pedagógico para la Educación Integral de la Sexualidad (2010), la vigencia de la Resolución N.º 29664 que prohíbe la teoría/perspectiva de género en la educación (2017), la prohibición de las Guías EIS para Docentes de Educación Permanente (2019), y la suspensión tanto del Plan Nacional de Niñez y Adolescencia (2020) como del Plan Nacional de Transformación Educativa (2022).
Las organizaciones antiderechos han avanzado sistemáticamente en frenar la implementación de políticas de educación sexual, censurar contenidos sobre igualdad de género consensuados durante la reforma educativa de los 90, prohibir materiales pedagógicos e impedir el desarrollo de planes de reforma y lograron desplazar el enfoque de derechos de la política educativa.
La implementación del programa 12 Ciencias/EASE desde la nueva gestión del MEC implica un salto de la táctica de hacer retroceder políticas educativas existentes a la ofensiva de imponer su propia política de educación sexual de contenido patriarcal, conservador y anticientífico. Queda pendiente investigar en mayor profundidad cómo esta agenda antiderechos se articula con otras iniciativas menos visibles de privatización y desmantelamiento de la educación pública.
Ley de «Hambre Cero», una estrategia ineficaz
La Ley de «Hambre Cero», aprobada en abril de 2024[13], ha sido un punto clave en la agenda educativa del país. Esta ley centraliza los fondos de alimentación escolar bajo el control del Ministerio de Desarrollo Social, excluyendo a los departamentos de Central y Presidente Hayes. Su implementación ha generado intensos debates no solo por las implicaciones políticas y sociales, sino también por sus efectos en sectores estratégicos, como la educación, la ciencia y la tecnología. Existen dos aspectos críticos principales.
- Centralización de los recursos. La controversia principal se centra en la centralización de los recursos destinados a la alimentación escolar, una medida que, según diversos sectores, podría abrir la puerta a prácticas de clientelismo político, al estar concentrada en una institución cuestionada por su manejo de fondos. Además, la exclusión de departamentos clave como Central, donde reside el 40% de la matrícula escolar del país, ha sido interpretada como una acción de carácter político que no responde a las necesidades educativas de la población más vulnerable[14].
- Financiamiento de la ley. La ley se financia con recursos provenientes del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI). Estos fondos han sido esenciales para el desarrollo de infraestructura educativa, ciencia y tecnología en Paraguay. Al desviar los recursos hacia la alimentación escolar, se comprometen proyectos que han mostrado un impacto a largo plazo en la calidad educativa y el avance científico del país.
De este modo, la Ley de «Hambre Cero» representa un punto de inflexión en la política educativa de Paraguay. Aunque su objetivo es combatir el hambre infantil, lo hace a costa de desfinanciar sectores clave para el desarrollo del país. Como señala Ortiz[15], la ley se queda en lo superficial al no abordar las causas estructurales de la pobreza, optando por soluciones temporales con recursos insuficientes.
Este tipo de medidas refuerza una lógica de centralización que ha caracterizado a la gestión del Ministerio de Educación y Ciencias a lo largo de los años. En lugar de avanzar hacia una territorialización que responda a las necesidades diversas de la población paraguaya, se opta por concentrar los recursos y las decisiones en el nivel central. Esta estrategia, lejos de solucionar los problemas estructurales de la educación, perpetúa las desigualdades y limita las oportunidades de desarrollo para las generaciones futuras.
En un país tan diverso como el Paraguay, la centralización ha demostrado ser una respuesta ineficaz. El MEC, a lo largo del periodo democrático, no ha logrado generar una estrategia descentralizada que permita adaptar las políticas educativas a las realidades locales. Con la Ley de «Hambre Cero», esta tendencia se profundiza, marcando un retroceso en los esfuerzos por construir un sistema educativo más equitativo e inclusivo.
De esta manera, la Ley de «Hambre Cero» refleja un enfoque limitado y centralizador que, aunque busca enfrentar un problema urgente como el hambre infantil, lo hace a costa de sacrificar sectores esenciales para el desarrollo educativo y científico del país. En lugar de fortalecer una educación territorializada, que responda a las diversas necesidades de la población, se refuerza un modelo centralizado que perpetúa las desigualdades. En este sentido, la ley no solo es un retroceso en términos de política educativa, sino también una amenaza para el desarrollo a largo plazo del Paraguay.
Conclusiones
En su informe del 2023 ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Relatora Especial sobre el derecho a la educación destacó que «el acceso a la escuela no siempre se traduce en un aprendizaje o un empoderamiento efectivos», y esto se acentúa más en países donde «la creciente polarización social en torno a la diversidad cultural, la enseñanza de la historia, la descolonización de los planes de estudio, las teorías críticas sobre raza y género y la educación sexual integral» impactan de manera negativa en las «libertades académicas» y en el «funcionamiento de los sistemas educativos»[16].
Las contradicciones entre diversos planes formulados y las acciones del Gobierno, las discontinuidades y dispersiones que caracterizan al MEC, además de la persistencia de la presión e injerencia de sectores antiderechos en la política educativa, ubican precisamente al país en una situación donde el derecho a la educación se encuentra desplazado del sistema educativo, que se mueve en sentido contrario a los principios básicos del derecho a la educación.
En este contexto en el que se consolida un proyecto político y económico cuyos ejes predominantes son el sector financiero especulativo, junto con el espacio ilícito e ilegal de acumulación de capitales, combinados con un modelo de gestión estatal sumamente autoritario, regresivo y conservador, con foco en el desmantelamiento de derechos sociales, políticos y económicos[17], no se avizoran desde el Gobierno indicadores de una disposición a impedir que la educación sea un ámbito exento de propaganda y que promueva más bien un contrato social renovado para la educación, anclado en un marco de derechos humanos[18].
Este desafío supone ir más allá de garantizar una financiación pública sostenible y suficiente en educación. Urge recuperar el derecho a la educación en su dimensión de derecho cultural, porque toda persona tiene derecho no solo al acceso a todos los recursos culturales para el libre desarrollo de la definición de su identidad, sino, además, necesita de relaciones gratificantes a lo largo de su vida que le permitan desplegar prácticas de apropiación de los recursos culturales disponibles, a fin de afrontar con creatividad los desafíos cruciales a los que actualmente se enfrenta el mundo. Por estas razones, resulta clave garantizar el derecho de las personas a poseer, buscar y recibir información sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como tener acceso a la educación y la formación en materia de derechos humanos. Desde esta perspectiva, es más que estratégico que las instituciones educativas reciban protección como espacios donde los estudiantes puedan vivir retos y posibilidades que no están disponibles en otros lugares. Al mismo tiempo, todo alumno o toda alumna tiene derecho a la seguridad física, psicológica y emocional mientras recibe educación.
Recomendaciones
- Definir una propuesta de construcción plural de un Plan Nacional de Reforma de la Educación basado en principios democráticos y de derechos humanos, que pueda sentar las bases para alcanzar la calidad de la educación y la igualdad de oportunidades tanto en el acceso como en el egreso en las trayectorias educativas de niñas, niños y adolescentes.
- Elaborar e implementar una Política Nacional de Educación Integral de la Sexualidad científica, laica con perspectiva de género y de derechos humanos, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, que incluya la formación docente de todos los niveles.
- Asegurar la financiación de la educación a lo largo de toda la vida, de manera progresiva y sin retrocesos, como una obligación legal del Estado en virtud del derecho internacional.
- Impulsar políticas fiscales progresivas con el horizonte puesto en el financiamiento suficiente para garantizar los derechos sociales, particularmente el derecho a la educación.
Ramón Corvalán
Equipo Educación en Derechos Humanos y Cultura de Paz Serpaj-Py. Activista y defensor de los derechos humanos.
Contacto: avetrueno@yahoo.es
Rodolfo Elías
Investigador y docente. Red por el Derecho a la Educación.
Contacto: rudi.elias@gmail.com
Ángeles Ferreira
Doctora en Educación y Sociedad e investigadora. Red por el Derecho a la Educación.
Contacto: angelesferreira86@gmail.com
Ana Portillo
Investigadora. Red por el Derecho a la Educación.
Contacto: anagabrielapm@gmail.com
Gabriela Walder
Investigadora y docente. Red por el Derecho a la Educación.
Contacto: gabriela.walder@gmail.com
[1] Gabriela Walder, Rodolfo Elías, Ana Gabriela Portillo Martínez y Ángeles Ferreira Ferreiro, «El plan es no tener plan: Un análisis de la vigencia de los planes educativos en Paraguay», Debates em educação, 16(38), 1-20, https://cutt.ly/veGiFTpq
[2] Un análisis puntual de la trama narrativa desplegada por el movimiento provida durante dicho proceso puede consultarse en: Josué Congo, «Narrativas desinformantes del movimiento provida contra el Plan de Transformación Educativa», en Jazmín Acuña (ed.), Ruido: El régimen de desinformación en las elecciones 2023 de Paraguay, primer libro de la serie Infocracia (Asunción: La Precisa, 2023), 211, https://cutt.ly/feGiFGEQ
[3] «MEC: “Plan de Desarrollo Educativo 2040” es el nuevo nombre del proceso de transformación educativa», ABC Color, 27 de enero de 2023, acceso el 18 de octubre de 2024, https://cutt.ly/TeGiFMlA
[4] Resolución N.º 825, del 28 de diciembre de 2023, «Por la cual se aprueba el Programa de Mejoramiento de la Educación Paraguaya 2023-2028 “Ñamombarete Tekombo’e”», Ministerio de Educación y Ciencias, https://cutt.ly/QeHh1VZz
[5] Ministerio de Educación y Ciencias. Resolución N.º 933/23 «Por la cual se aprueba el uso de los materiales educativos denominados “12 Ciencias para la educación de sexualidad y afectividad en la escuela”, presentados por la Editorial Verus, en contextos de formación académica en los niveles de Educación Inicial, Educación Escolar Básica y Educación Media», https://cutt.ly/EeGiGtl5
[6] «Apuntes de las Familias para la Educación Sexual en el Paraguay. 12 razones para desestimar el material “12 Ciencias para la educación de la sexualidad y la afectividad en la escuela”», Feipar, 19 de marzo de 2024, acceso el 18 de octubre de 2024, https://cutt.ly/ReGiGd32. «Educación sexual: MEC avanza con plan “12 Ciencias” y no responde a pedidos de suspensión de uso de materiales», ABC Color, 30 de octubre de 2023, acceso el 18 de octubre de 2024, https://cutt.ly/eeGiGnNO
[7] «Video: Lizarella y sus expresiones homofóbicas en reunión de senadores con el MEC», ABC Color, 3 de septiembre de 2024, acceso el 10 de octubre de 2024, https://cutt.ly/BeFOuzer
[8] «Educación sexual: libros de nuevo “12 Ciencias” serán “testeados” en aulas, confirma el MEC», ABC Color, 18 de julio de 2024, acceso el 18 de octubre de 2024, https://cutt.ly/9eGiGFRe
[9] «Educación sexual: comunidad está sorprendida por anuncio del MEC, de “testeo” de libros en las aulas a vuelta de vacaciones», ABC Color, 19 de julio de 2024, acceso el 18 de octubre de 2024, https://cutt.ly/meGiGC1H
[10] Durante la pandemia se conformó la Mesa Técnica de Padres (MTP), una instancia entre las autoridades del MEC y las federaciones de padres. La MTP fue adquiriendo relevancia como plataforma legítima, desde la cual grupos de padres del sector antiderechos fueron instalando su agenda tanto durante la pandemia del COVID-19, como durante el proceso de transformación educativa.
[11] «Feipar fue expulsada de la Mesa Técnica de Padres del MEC, denuncian», ABC Color, 18 de abril de 2024, acceso el 18 de octubre de 2024, https://cutt.ly/WeGiHshH. «Grupos autodenominados “provida” se ratifican en su postura de excluir a Feipar de Mesa Técnica de Padres», ABC Color, 19 de abril de 2023, acceso el 18 de octubre de 2024, https://cutt.ly/qeGiHTaZ
[12] Una organización de padres/madres/familiares, conformada desde 2021.
[13] «Presidente promulga Ley de “Hambre Cero en las Escuelas”», Presidencia de la República, 5 de abril de 2024, acceso el 17 de octubre de 2024, https://cutt.ly/deGiTzaM
[14] Luego de una reunión realizada en el mes de octubre entre el ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez; el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas; el presidente del Sindicato Nacional de Directores, Miguel Marecos; y los directores de centros educativos del área central se logró una reorganización presupuestaria y también la optimización de recursos disponibles para que 13 instituciones afectadas y más de 2.500 alumnos del departamento Central se beneficien con el almuerzo escolar. «Hambre Cero: Aseguran alimentos a 13 colegios técnicos de Central», Última Hora, 15 de octubre de 2024, acceso el 19 de octubre de 2024, https://cutt.ly/seGiTBBQ
[15] Luis Ortiz, «Más allá del “hambre cero” en las escuelas: el proyecto de Ley del Fonae y el desfinanciamiento de políticas públicas de inversión y desarrollo», Revista Acción N.º 435. Marzo 2024.
[16] Consejo de Derechos Humanos, Afianzar el derecho a la educación: avances y obstáculos críticos. Informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la educación, Farida Shaheed, A/HRC/53/27, https://cutt.ly/GeGiO45r
[17] «Afirman que el cartismo cae en el abuso del poder político y económico», Última Hora, 27 de octubre de 2024, acceso el 27 de octubre de 2024, https://cutt.ly/9eGiFpTK
[18] Consejo de Derechos Humanos, Afianzar el derecho…
